Medicamentos siguen aumentando por encima de la inflación en plena crisis sanitaria

Roemmers y Sigman le marcan la cancha a Ginés.

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio a mediados de marzo, los precios de los medicamentos aumentaron por encima del 20%. Así, en plena crisis sanitaria, los pulpos del mercado farmacéutico gozaron de subas que superan el ritmo de la inflación, y por supuesto mucho más que cualquier acuerdo salarial.
Desde el Ministerio de Salud que conduce Ginés González García se jactaban primero de haber congelado el precio de los medicamentos y luego de haber acordado con las cámaras del sector que aumentarían por debajo de la inflación, pero nada de esos sucedió. En los dos primeros meses de cuarentena, mientras regía el «congelamiento no escrito», muchas empresas remarcaron sus productos hasta un 6%. Luego pactaron que a partir del 30 de junio las subas deberían ir por debajo del IPC, pero se registraron incrementos de hasta el 10% en julio y del 3% en lo que va de agosto.
Estos números valen más que cualquier declaración. En enero, el gobierno de Alberto Fernández se había sentado con los pulpos de los laboratorios para recomponer la relación con González García, con quien chocaron en ocasión de la ley de medicamentos genéricos sancionada en 2002 -la cual no obstante cayó luego en saco roto. Allí alcanzaron el consenso de retrotraer los precios hasta el 6 de diciembre, luego de un año en el que habían aumentado más de un 80%. Hay que tomar nota de que el rubro es dominado por enormes empresas, que han ido absorbiendo a las más pequeñas. Alberto Roemmers y Hugo Sigman, los propietarios de los laboratorios más grandes, detentan dos de las seis fortunas más acaudaladas del país.
Las cámaras patronales incumplen mientras tanto el compromiso firmado con el sindicato de Sanidad en diciembre, que incluía la realización en agosto de una revisión del impacto de la inflación en los salarios para aplicar una cláusula gatillo. Es decir que las empresas difícilmente puedan explicar que afrontan un mayor costo laboral. Los trabajadores de Roemmers enfrentan suspensiones y despidos, motivo por el cual solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo. Las cesantías se concentran además sobre los tercerizados y monotributistas, formas de contratación que fue creciendo en los últimos años, y en particular sobre los visitadores médicos, sector que denunció las presiones de los laboratorios por volver a la actividad -de alto riesgo sanitario- en pleno aislamiento social.
Agreguemos a todo esto que, al mejor estilo McDonald’s, Roemmers obliga a los trabajadores a firmar una declaración jurada certificando que no están afiliados a ningún sindicato, por lo que carecen de cualquier representación gremial. Que la mayor empresa mantenga vetada la sindicalización de sus empleados solo puede sostenerse por la complicidad de la conducción de Sanidad, liderada por Héctor Daer, el mismo que al frente de la CGT firmó el acuerdo antisalarial con la UIA y el gobierno.
Como telón de fondo, se desarrolla un gran negocio de Sigman gracias a la política de Alberto Fernández de tercerizar en sus laboratorios (asociados con el magnate mexicano Slim) la producción de la vacuna contra el Covid-19, por lo cual embolsará una parte de las ganancias no solo de la difusión de las dosis en el país sino también de las centenares de millones que se exportarán por Latinoamérica. Ello sin riesgo alguno, ya que serán los Estados quienes las comprarán y cargarán con la responsabilidad ante daños o efectos secundarios. Es uno más de un largo historial de millonarios contratos leoninos con el Estado argentino desde los tiempos de Néstor Kirchner.
El hecho de que los pulpos no respeten un ápice los supuestos acuerdos comunicados oficialmente por el gobierno demuestra quiénes llevan la batuta. Para terminar con esta especulación a costa de la población, que padece la agudización de la crisis sanitaria, hay que proceder a la apertura de los libros de los laboratorios y de toda la cadena de comercialización, para determinar los verdaderos costos de producción de los medicamentos, y garantizar el acceso de las familias trabajadores a los fármacos que requieran. Es una medida que pondría en evidencia las siderales ganancias de los Roemmers y Sigman, y por lo tanto de la necesidad de avanzar en la nacionalización de la industria, para que su producción y distribución esté bajo control de los trabajadores y de un plan de reversión de la debacle de todo el sistema de salud.

Iván Hirsch