La nueva resolución podría sumar bochazos entre la juventud y quienes cuenten con algún ingreso.
Por medio de la Resolución 16/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial, el organismo no solamente vuelve a colocar los requisitos necesarios para aprobar la entrega del modesto beneficio de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sino que también introduce pequeñas reformas que hacen aún más restrictivo su cobro. Ya en Prensa Obrera habíamos advertido que el gobierno iba camino a una eliminación del IFE y a su conversión en otras modalidades más rudimentarias.
Con estas reformas, de las que poco se anunció, el gobierno ataca particularmente a la juventud y aquellos sectores que cuenten con algún ingreso, que ahora pasarán a ser supervisados por la Afip. También hace una mención aclaratoria respecto a las personas privadas de su libertad, a quienes les es negado el beneficio, sin importar cuál fuere su situación o si estos cuentan o no con una condena firme.
Respecto a los jóvenes, la normativa anterior establecía que “cuando el solicitante tenga menos de 25 años, deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que se lo asimile a un grupo familiar unipersonal”, debido a que el IFE fue diseñado por hogar familiar y no por persona, lo que llevaba a los originarios y escasos cálculos del gobierno a otorgar tan solo 3,6 millones de prestaciones. Sin embargo, la realidad es muy otra: las familias más vulnerables suelen convivir en hogares que albergan muchas necesidades individuales, por lo que negarles un beneficio de $10.000, por persona, sería un acto de suma crueldad y destrato hacia la población pobre. La nueva reglamentación establece que ya no bastará la declaración jurada del solicitante sino que el domicilio utilizado será el registrado ante la Anses. Esto posiblemente conduzca a una caída de los beneficios entre la población de 18 a 25 años, de la cual -según cifras de la propia Anses- más de las mitad de sus integrantes percibían el IFE hasta ahora.
La otra modificación pone en cabeza de la Afip lo que antes era una potestad discrecional de la Anses: la realización de una evaluación socioeconómica y patrimonial de cada solicitante. Es decir que el Estado pasará un doble filtro sobre cada solicitud, no conformándose con la información con la que ya cuenta la Anses, sino buscando otros “ingresos” que frustren la percepción del beneficio.
Estamos ante una depuración selectiva de los beneficiarios del IFE para ir dando lugar a su decantación hasta llegar a un número que sea compatible con los proyectos del gobierno nacional y con el presupuesto del FMI. Esta operatoria de ajuste es necesaria para ir diseñando una base más restrictiva de candidatos a una eventual Renta Básica Universal… de pobreza. La pospandemia del gobierno trae aparejado más ajuste en medio de una crisis económica enorme. Reforcemos la organización de los desocupados y la juventud por un ingreso mensual de $30.000 y el aumento de la beca Progresar a $10.000, como defensa de nuestras condiciones mínimas de vida ante esta ofensiva de ajuste.
Marcelo Mache
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