Berni: ¿el «permitido» del gobierno?

Acerca de las declaraciones de Juan Grabois

«Berni es el permitido del ala progre del Gobierno. Criticarlo me aburre», dijo este jueves Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, en el programa radial Pasaron Cosas. Previamente, por esa misma emisora, el secretario de seguridad había atacado al abogado de la mamá de Facundo Castro y a la periodista Irina Hauser.
Si bien Grabois calificó el caso de Facundo como un «crimen de Estado», omitió reclamar que se vaya Berni («no voy a plantear si debe renunciar o no», dijo), un punto clave en la lucha por justicia y por asestar un golpe a la política represiva que se despliega sobre todo en los barrios más empobrecidos.
Más aún, dijo que «no sé qué hace más daño, si el planteo que hace Berni [en referencia a su orientación represiva] o no ponerle las cloacas a una villa». Y añadió que «el narcotráfico avanza tremendamente en los barrios y mata más vidas que el gatillo fácil».
Se trata de una falsa contraposición. La salida de Berni, por la que viene bregando la familia de Facundo y también las organizaciones que nos venimos movilizando, implicaría un golpe al aparato represivo que está entrelazado con los narcos. Y, como triunfo popular, impulsaría todas las luchas por tierra y trabajo, que tienen en la política represiva de Berni un obstáculo. Al revés de lo que insinúa Grabois, el de Berni no es un asunto secundario para el movimiento popular, sino un problema clave.

Represión

Desde el comienzo de la cuarentena se produjo un reforzamiento de la política represiva por parte del gobierno nacional. Mientras se permite a las grandes patronales burlar las medidas de aislamiento social y los protocolos, se redobla la represión sobre los sectores más oprimidos, poniendo a la cuarentena como pretexto.
La impostura de que las fuerzas de seguridad son las encargadas de «garantizar la cuarentena» ha quedado atrás. La función que cumple el despliegue las fuerzas represivas es ahogar los reclamos de los trabajadores (trabajadores de Penta, UTA en Córdoba, mineros de Andacollo) y de la juventud en los barrios, ante la crisis económica y social que se agrava. Desde marzo de este año se reportaron -de acuerdo a Correpi- 92 muertes a manos de integrantes de las fuerzas estatales. Córdoba se encuentra movilizada por el caso de Blas Correas, otra víctima de gatillo fácil de una policía que ya se cobró varios casos, también en lo que va del año. A esto se suman centenares de otros ataques, como las violaciones y torturas a jóvenes Qom en Chaco.
Ante el reciente acuerdo con los bonistas y el próximo arreglo con el FMI, se profundizará la miseria, a la vez que la orientación represiva de este gobierno, que busca que los trabajadores paguemos la crisis. El mismo acuerdo que Patria Grande ha calificado de «muy buena noticia para la Argentina», pese a que admitió que era el pago de una «deuda tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales».

El Estado es responsable

El «empoderamiento» de las fuerzas represivas al mando de Berni (42 muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde marzo en la provincia de Buenos Aires), que pasea con ametralladoras por los barrios del conurbano, está inscripto en la política del mismo gobierno que alienta el accionar represivo y el gatillo fácil con la militarización de las villas y la represión de los reclamos populares.
La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro hace 110 días tiene conmovido al país. Desde entonces la policía Bonaerense es la principal sospechosa de su desaparición por colocar pruebas y testigos falsos, amenazas y golpes a familiares, y por trabar la investigación. El operativo de encubrimiento abarca también al poder político, empezando por el gobernador Axel Kicillof y continuando con el gobierno nacional, que no abren la boca a pesar de las denuncias.
Cristina Castro, con la evolución de los hechos, reclamó públicamente la renuncia de Berni y del intendente Carlos Bevilacqua, del partido de Villarino, donde desapareció Facundo.
Grabois, quien se reclama del campo de «la izquierda popular», sabe entonces que, con un desaparecido en democracia a manos de la Bonaerense y decenas de casos de gatillo fácil en todo el país, Berni no es el «permitido», es la regla.

Camila J. Michel