El anuncio alegre de Macri sobre la creación de un predio para esparcimiento popular oculta una voluntad de impedir que se avance en juicios por delitos de lesa humanidad. Negacionismo al extremo.
A días del 24 de marzo, el Gobierno lanzó una nueva provocación anunciando que pretenden crear un “parque nacional” en Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos más grandes del país que contó con una maternidad clandestina en la que nacieron unos 200 niños y niñas.
En la apertura de las sesiones legislativas del último jueves el presidente Macri no tuvo empacho en defender y ratificar su fuerte apoyo a las fuerzas de seguridad. Para completar su línea represiva y negacionista anunció además la creación de un “Parque Nacional” en parte del predio militar de Campo de Mayo.
Desde que asumió el gobierno, Macri recurrió a todo tipo de provocaciones los días previos al 24 de marzo, sea con declaraciones en la prensa extranjera o a través de sus funcionarios. Recordemos que durante el primer año de su gobierno lo hizo poniendo en duda a nuestros 30 mil desaparecidos y luego, el mismo día del aniversario del golpe genocida, recibió con todos los honores nada menos que al presidente de Estados Unidos Barack Obama.
Esta vez, y con cierta sutileza por el repudio que generan su intentos de negar el genocidio, anunció la creación de este “parque”, que no solo es un nuevo atropello a las víctimas, sobrevivientes, familiares y a los que luchamos desde hacen más de 40 años por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas, sino un intento de destruir pruebas que demuestran el plan criminal llevado adelante por el estado, las empresas, la Iglesia y sectores de poder.
Macri, al hacer su anuncio alegremente, ni siquiera nombra que en ese lugar fueron secuestradas, torturadas y sometidas a los peores vejámenes alrededor de cinco mil personas.
El Presidente, que dice estar “a favor de la vida”, omite además que allí nacieron en cautiverio más de 200 niños y niñas que en su mayoría hoy siguen apropiados y sus abuelas siguen buscándolos. Es el caso de Chicha Mariani, Mirta Baravalle y tantas otras reconocidas Madres y Abuelas.
No es sólo cinismo, es negacionismo
Las consecuencias del genocidio que sufrimos en Argentina siguen vigentes, no solo porque después de más de cuarenta años tenemos que seguir luchando por el juicio y castigo, contra la impunidad, contra los beneficios de las “prisiones domiciliarias”, sino porque más de 400 de nuestros hermanos y hermanas aún siguen apropiados.
Es muy importante recordar que a esa “maternidad” que funcionó en Campo de Mayo, la empresa Mercedes Benz le “donó” un equipo de neonatología en 1975, lo que demuestra el rol de las empresas en el terrorismo de Estado y cómo el plan sistemático de robo de bebés fue planificado. Así quedó demostrado en distintas sentencias judiciales y así lo denuncié en el juicio oral por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
Pero Mercedes Benz no es la única empresa que participó en forma directa del genocidio. El jefe de Institutos Militares a cargo de la Sub zona 4 con base en Campo Campo de Mayo durante la dictadura fue Omar Riveros, quien hoy está siendo juzgado en los tribunales de San Martín junto a dos exgerentes de Ford por el secuestro y tortura de 24 obreros.
La lucha por la memoria, la verdad y la justicia
Es fundamental que Campo de Mayo se preserve. Es inadmisible que sobre tanto sufrimiento, tantas vidas arrancadas, tantos niños y niñas apropiados se pretenda crear un “parque nacional” y el Gobierno lleve adelante esta destrucción de pruebas que existen en el primer centro clandestino.
Campo de mayo, un predio de ocho mil hectareas, donde funcionaron centros clandestinos de detencion com El Campito, La Casita, Hospital Militar, por donde pasaron cinco mil compañeras y compañeros, allí de donde salían los vuelos de la muerte y donde casi no hubo sobrevivientes, quiere ser utilizado como especie de reserva ecológica, allí mismo donde nacieron en cautiverio alrededor de 200 ñiños. Una barbaridad, algo que no vamos a permitir
El macrismo ni siquiera respeta la Ley 26.691, que tiene como objeto la preservación de estos espacios “a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”, entre otras normas.
Hay causas judiciales e investigaciones en curso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino y se siguen haciendo denuncias.
No se puede permitir que ese lugar, por lo que significó, significa y por la importancia que tiene para recolectar pruebas que ayuden a que toda la sociedad sepa lo que allí ocurrió, sea utilizado para materializar el negacionismo, el intento del Gobierno de que el “pasado” (como ellos se ocupan de decir) quede atrás y los crímenes del terrorismo de Estado queden impunes.
Si eso sucede les será más fácil a los responsables de ayer que hoy siguen en el poder político, económico y eclesiástico volver a hacerlo si lo creen necesario.
Por eso la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en forma independiente del Estado es hoy una tarea de primer orden, que la sociedad en su conjunto debe tomar como propia, por el pasado, por el presente y sobre todo por las nuevas generaciones.
María Victoria Moyano
Nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo - Referente del CeProDH
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