La de Santiago Maldonado y la del albañil que atestiguó contra Etchecolatz son desapariciones forzadas en democracia. En ninguno de los dos casos el Estado demostró que no cometió el delito.
Como si ninguno hubiera aprobado Educación Cívica o Instrucción Ciudadana en la secundaria, en medio de poderosas operaciones mediáticas y acciones del Gobierno para tapar el sol con las manos e intentar, sin éxito, poner freno a la ola de pedidos espontáneos en la ciudadanía por la aparición de Santiago Maldonado, mezclan lo político con lo partidario.
El caso más evidente quizás sea el de los docentes sancionados por hablar del nuevo desaparecido en democracia, la prohibición de poner carteles con su rostro en las escuelas bajo el razonamiento de “no politizar las aulas”. Sin adhesión partidaria alguna, el apoyo de Santiago a la causa mapuche es política, tanto como lo es su desaparición.
Era acaso previsible que más temprano que tarde surgiera un intolerable regodeo de un sector de los partidarios del anterior gobierno ante la trágica desaparición de Santiago Maldonado. Lo llamaron sin pudor “el desaparecido de Macri”, al mismo tiempo que argumentan como si hubieran leído el expediente judicial que Jorge Julio López no fue el desaparecido de Kirchner.
Al mismo tiempo repiten eso de que la Gendarmería era una fuerza “intachable” como si no hubiera existido el espionaje y la infiltración de esa fuerza en movimientos sociales y políticos, tales los casos del Proyecto X y el llamado “gendarme carancho”: Juan Alberto López Torales, un efectivo de la Gendarmería Nacional que en 2014 durante una protesta por los despidos en Lear se arrojó sobre un vehículo que circulaba por la Panamericana fingiendo haber sido atropellado, fue procesado por falso testimonio y privación de la libertad agravada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Marcelo Saín, exdiputado kirchnerista, primer jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria creada por Cristina Fernández y experto en temática de “seguridad”, reconoció que la “deformación” de una policía de frontera como es la Gendarmería, así como la sanción de la Ley Antiterrorista, que ahora buscan aplicar en la Patagonia, fueron responsabilidad del gobierno anterior.
Finalmente resultó ser otra patraña oficial la noticia sobre la intención del gobierno de presentarse como querellante en la causa por Maldonado. Alguien en los despachos de Cambiemos habrá reparado que en los casos del asesinato de Walter Bulacio y de la desaparición de Jorge Julio López sendas pretensiones fueron rechazadas por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó a Argentina en 2011 por la desaparición forzada del joven Iván Torres, ocurrida ocho años antes en Comodoro Rivadavia. En ese fallo además de exigir una investigación exhaustiva del hecho, que incluyera a los autores intelectuales así como la reparación a la familia, la Corte dijo que el Estado argentino debía establecer mecanismos preventivos y también protocolos para estos casos, además de elaborar una lista con todas las desapariciones ocurridas a partir del regreso democrático, en 1983. Nada de esto fue cumplido. No tuvieron protección ni la familia ni los testigos, y durante la investigación murieron siete personas en circunstancias dudosas. La condena al país fue dictada mientras gobernada aún el kirchnerismo. El único mecanismo estatal sobre desapariciones es el de la Procuración, y estuvo diseñado para víctimas de trata de personas.
El único listado disponible es el que elabora y actualiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que eleva la cifra a unos 200 e incluye algunas víctimas de trata. Allí están desde Andrés Núnez hasta Miguel Bru, pasando por Iván Torres, Sergio Ávalos, Luciano González, César Monsalves, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, Mario Golemba y Diego Duarte, entre otros. Luciano Arruga estuvo desaparecido desde enero de 2009, y en octubre de 2014 sus restos aparecieron en una tumba NN del cementerio de la Chacarita. La versión oficial dice que lo atropelló un auto pero su familia sostiene que eso habría sucedido mientras escapaba de una persecución policial. Ninguno de los demás casos fueron esclarecidos.
El conductor de Periodismo para Todos, tal como hacía otrora Mariano Grondona, tergiversa el significado de los conceptos en juego al afirmar que es “exagerado” hablar de desaparición forzada en el caso Maldonado porque no hubo un “plan sistemático”. En la figura de la desaparición forzada se invierte la carga de la prueba, es el Estado el que debe demostrar que no lo cometió y precisamente el denominador común es la enérgica acción encubridora y la nula voluntad de esclarecerlos. Las policías y fuerzas de seguridad de los sucesivos gobiernos “democráticos” arrastran prácticas de la dictadura: secuestrar y desaparecer personas. ¿200 es poco frente a 30 mil?
Si separamos a las víctimas de trata, que Correpi incluye porque sus desapariciones cuentan con la complicidad de las estructuras policiales y judiciales, hay tres diferentes patrones en las demás desapariciones en democracia. Por un lado, los pibes de barrios pobres hostigados por la policía por diversas razones, entre ellas para obligarlos a cometer delitos en su beneficio, detenidos, molidos a golpes y asesinados. La tremenda frase “se les fue”, proveniente más bien de la jerga policial, aludiría a la no intencionalidad de matarlos. Ante la muerte hacer desaparecer el cuerpo surge para los uniformados como la mejor solución. De paso meten miedo en el barrio, como durante la dictadura.
El caso Maldonado, en cambio, es uno de los únicos ocurridos durante un procedimiento represivo contra una protesta social, como son los cortes en el sur por la liberación del lonko de Cushamen, Facundo Jones Huala, en el marco de las recuperaciones de territorio por parte de los mapuches. Pero también hubo desaparecidos durante otra feroz represión en democracia: Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Iván Ruiz y José Díaz son los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que copó el cuartel de La Tablada, fueron torturados y fusilados pero sus restos nunca aparecieron. También en este caso la CIDH ordenó una investigación y el año pasado la Cámara de Casación calificó los hechos como imprescriptibles y reabrió la causa por Ruiz y Díaz.
Trece fueron los desaparecidos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, 62 durante los de Carlos Menem, 12 en el mandato de Fernando de la Rúa, 14 durante los breves gobiernos de Ramón Puerta, Camaño, Rodríguez Saa y Eduardo Duhalde, y 70 en los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el agregado de las estimaciones respecto a la gestión macrista la cifra alcanza a 200. La cantidad lejos de diluir la magnitud del fenómeno pone en evidencia la vigencia de este tipo de prácticas del terrorismo de Estado. Por eso Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, insiste en que no se trata de violencia institucional sino de lisa y llana represión estatal que ampara, oculta y reproduce la tortura, la desaparición y la muerte, casi nunca hay condenas a los responsables materiales y la impunidad se consolida con la complicidad de los tres poderes.
Así, violencia policial y trata de personas suman desaparecidos, y a los casos Maldonado y MTP es imprescindible agregar el componente político. Como también fue político uno que sí es único por haber desaparecido dos veces, en dictadura y en democracia: Jorge Julio López.
El “Viejo” albañil y el “Brujo” artesano
Jorge Julio López había sido un militante periférico de la unidad básica Juan Pablo Maestre, que Montoneros tenía en Los Hornos. La patota al mando de Miguel Etchecolatz lo secuestró el 27 de octubre de 1976, pasó por varios centros clandestinos del circuito Camps, luego estuvo en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata hasta que fue liberado en 1979. Guardó por años sus recuerdos del terror, los escribió y dibujó, hasta que en contacto con otros sobrevivientes decidió dar testimonio, y así contribuyó a la condena del genocida Etchecolatz, la primera tras la derogación de las leyes de impunidad.
“Lo chuparon”, dijo sin dudar Adriana Calvo en las primeras horas. A los 77 años el albañil a quien su familia llamaba Tito volvió a ser desaparecido el 18 de septiembre de 2006, esa mañana cuando lo esperaban en los tribunales de La Plata para su alegato en aquel juicio. Pocos saben que el proceso podría haber quedado nulo si los jueces no hubieran decidido continuar igual, a pesar de su ausencia.
Es cierto que hubo una decisión del gobierno kirchnerista de sostener la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, pero la realidad es que no se cayeron porque no se bajó ninguno de los testigos, abogados y fiscales que por esas horas eran amenazados. Es la solidez que habían construido no los gobiernos ni los partidos políticos sino los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.
La desaparición del testigo López tocó de cerca al entonces presidente Kirchner, quien recibió a la familia y se comprometió a investigar para que aparezca “el compañero”. Sin embargo, ordenó a toda la tropa de funcionarios eliminar de su vocabulario las palabras “desaparecido en democracia” luego de que las mencionara en público el gobernador bonaerense Felipe Solá. Así, el “progre” exministro de Justicia León Arslanian hablaba de López como el “ausente”, a pesar de las cartas públicas de la familia en que negaba tal situación.
A poco de asumir el gobierno, Kirchner había tenido que echar a su Procurador del Tesoro, Carlos Sánchez Herrera, luego de que esta periodista revelara en Página/12 que ese abogado era defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, un general acusado por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. Luego de unos meses, lo colocó en el mismo cargo pero en Santa Cruz, y una nueva nota le volvió a costar el cargo. En el entorno del expresidente cuentan que solía decir “para los de izquierda tengo a Eduardo Luis (Duhalde, exsecretario de Derechos Humanos) y para los de derecha a Sánchez Herrera”.
Cristina Fernández de Kirchner nombró al desaparecido López una sola vez, en París en febrero de 2007 cuando le preguntaron por el caso. A dos años de la desaparición del testigo dijo en La Plata que “se trabaja mucho para esclarecer el caso”. En febrero de 2009 en una reunión con organismos de derechos humanos, la abogada Guadalupe Godoy le pidió que la SIDE hiciera entrega de las desgrabaciones de la causa, medida que seguía demorada. Además de dar contención telefónica a la familia, los espías hicieron su aporte pero fue tal el nivel de negligencia y complicidad de la Policía Bonaerense que nada quedó como pista firme. El juzgado y fiscalía en lugar de avanzar contra los represores detenidos -¿les suena hoy funcionarios judiciales con idéntica actitud hacia Gendarmería?- ordenaba procedimientos en base a lo que decían videntes y buscadores de la recompensa.
Cuando luego de mucho insistir la querella de Justicia Ya! logró que fuera allanada la cárcel de Marcos Paz, el Servicio Penitenciario Federal dio aviso a los represores detenidos en el llamado pabellón de lesa humanidad, entre ellos Etchecolatz, por lo cual el resultado fue casi nulo, y hubo que hacer un segundo procedimiento sorpresivo. El entonces vocero del ministro de Justicia Alberto Iribarne no tenía un sólo argumento sólido para justificar lo sucedido: los presos VIP tenían líneas de teléfono y celulares y visitas libres.
¿De qué lado está un gobierno que permite que los genocidas gocen de privilegios y sepan con anticipación sobre un procedimiento judicial en semejante expediente? ¿Quién conduce a policías que durante meses hicieron escuchas a los presos comunes de Marcos Paz en lugar de a los represores? ¿Por qué nunca declaró la exsecretaria de Etchecolatz? ¿Qué mensaje envió la Bonaerense al difundir la información del hallazgo de un cuerpo calcinado en Punta Lara, a días de la desaparición del testigo? Ayer como hoy, el seguimiento el caso fue más la refutación de pistas falsas que otra cosa. Hoy como ayer, se mezclan la inoperancia, el encubrimiento y la complicidad, como decía Adriana Calvo.
Los casi cien cuerpos del expediente son un muestrario de situaciones similares, el poder político no supo, o no quiso, ir a fondo para encontrar a los culpables de la desaparición de López. Nada podían esperar las abogadas Godoy y Myriam Bregman, las sobrevivientes Nilda Eloy y Calvo, cuando le dijeron al ministro de Justicia León Arslanian que había 9 mil efectivos de la Bonaerense en actividad que habían ingresado durante la dictadura. El funcionario les respondió que no podían hacer nada porque si no ponían en juego la “gobernabilidad”. Pues bien, quedó claro quién gobernaba. Y hay que pagar el costo político de dormir con el “enemigo”, más aún si era política de Estado el juzgamiento de sus colegas de la dictadura. Pasaban los meses y en lugar de apartar a la Bonaerense la dejaron hacer y deshacer a su antojo.
Cierta lógica binaria buscó establecer, con ostentación de absoluta ignorancia, diferencias de gravedad entre los casos López y Maldonado. Los más osados replicaron una nota de La Nación del kirchnerismo movilizado por López sin reparar que es de 2006, cuando el albañil desapareció. Lo mismo da, si en las redes nadie chequea nada y con ese solo gesto pretenden lavar una década de inacción y encubrimiento. ¿Hace falta recordar que el exministro Aníbal Fernández dijo que López podía estar tomando el té con la tía? No lo disculpa tal exabrupto el desconcierto inicial que mostró la familia, como tampoco su negación del testigo como sujeto político. Cuando Fernández les dijo a las abogadas que “todas las hipótesis estaban abiertas”, tal como ahora insiste el macrismo con Maldonado, ellas sintieron que estaba sellada la impunidad.
Claramente la participación de uniformados en la desaparición de Santiago es mucho más evidente que en la de López. Pero el primer mes de la investigación se parece demasiado a lo reflejado en Los días sin López, de Werner Pertot y Luciana Rosende: todos los caminos principales se llenaron de pistas falsas y finalmente no condujeron a ningún lado. El expediente terminó siendo una sucesión de amenazas, pistas disparatadas e interesadas (¿Les suena Santiago apuñalado por el puestero de Epuyen?) y rastrillajes indiscriminados. Pertot y Rosende describen que con López se dieron dos mecanismos descriptos por la politóloga Pilar Calveiro con que la sociedad busca distanciarse del terror que infunde la idea de desaparecer: en realidad se fue por su cuenta, o si no está más “algo habrá hecho”. Ambas se repiten hoy referidas al joven tatuador que nació hace 28 años en La Plata, amaba viajar, escuchaba rap y era solidario con los mapuches en su lucha por la recuperación de territorios.
Son desapariciones forzadas en democracia y, como establece el Código Penal, el Estado tiene que demostrar que no cometió tal delito. En ninguno de los casos pudo hacerlo. “Cambia el nombre en la pancarta pero el remate es el mismo”, escribió Daniel Satur. Es la misma impunidad. Hoy como ayer, el Estado es responsable.
Entonces, por favor, con López no.
Adriana Meyer
Periodista
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