Dentro de todas las aristas que pudo tener la movilización del 18 de febrero, debe contabilizarse la presencia del representante del Sindicato de Empleados del Poder Judicial, Julio Piumato, y su particular protagonismo en el improvisado palco, las fotografías, y la presencia mediática junto a los cinco fiscales convocantes, que pone nuevamente en tela de juicio el rol del sindicalismo argentino.
Las acciones públicas de Piumatto enarbolando la representación de los empleados judiciales, contribuye de modo significativo a construir y desarrollar un discurso que da legitimación y consenso a ese núcleo corporativo constituido por jueces y fiscales, sin refrendar ese acto político y sus consecuencias, en el voto positivo previo, de aquellos trabajadores a quienes dice acaudillar.
Sin embargo y a poco que se mire objetivamente la realidad, es necesario decir, que no se escucha ninguna voz orgánica de ese núcleo social ( los trabajadores judiciales ) que resulte disonante con lo generado inconsultamente por Piumatto .por lo que,- recordando que la utilización desproporcionada de un concepto anula toda su utilidad específica-, parece exagerado calificar de burocrática, esa actitud .
Es así que, sobre esta experiencia, se impone observar el comportamiento de las clases enfrentadas, comprender en profundidad las particularidades de la lucha de clases y extraer las conclusiones para guiar la acción correctamente, y en esa perspectiva advertir la funcionalidad y rol de furgón de cola, que específicamente le corresponde a los trabajadores judiciales en la particular situación en examen, específicamente alimentada por su máximo dirigente.
Con el caso Nisman y sus derivaciones estamos en presencia de una disputa interburguesa por la forma de gestión del poder estatal, que asume carácter crítico en tanto un grupo gerenciador pretende mantenerse en ese rol, con una retirada ordenada, otro pugna por desplazarlo sin sometimiento a plazos, condicionando sus acciones y propósitos específicos. En ese contexto, los trabajadores judiciales, no han hecho otra cosa, por acción u omisión, que asumir una actitud concreta y funcional hacia uno de los sectores, sin expresar hacia la corporación judicial, críticas y diferenciaciones que serían ajustadas desde su específico interés de clase. En otras palabras, con silencio o con la presencia de Piumatto, se ha optado por no sacar los pies del plato del poder burgués, aceptando el rol de sometimiento funcional que este le impone, en particular en lo que refiere al autoritarismo jerárquico que impera al interior de ese poder del Estado.
Nada de lo que se diga o haga en el poder judicial, puede cuestionar lo existente en du conformación y desenvolvimiento jerárquico y autoritario. Solo hay legitimación para acciones y discursos que guarden estricta relación con la reproducción de esa estructura institucional. Piumato refleja esa lógica de modo consciente. Los empleados judiciales de conjunto lo hacen por simple y mecánica reiteración. Los trabajadores, con sentido político de clase, debemos señalar esa carencia, buscando superar con la intervención política de conjunto, esa alienación y opresión, interna y externa de los asalariados, por la que solo se admite la existencia obediente al poder burgués y la sumisión a la corporación judicial.
Daniel Papalardo
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