Un nuevo capítulo de la crisis política con la convocatoria a la movilización del próximo 18 de febrero. Tragedia y farsa de las comparaciones kirchneristas. La izquierda frente a la marcha del 18F. Una posición independiente: ni con el Gobierno, ni con la oposición, todos conspiradores y cómplices del espionaje.
La crisis política e institucional desatada por la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman sigue su curso y tiene un nuevo capítulo con la convocatoria a la jornada del próximo 18F.
Luego de una semana de torpe perplejidad tras la muerte de Nisman, el Gobierno respondió a la conmoción social y política con el envío de un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia en la que propone la “disolución” de la ex - SIDE. En realidad, se trata de la creación de un nuevo organismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que tendrá en esencia las mismas características que la actual Secretaría.
Como en otras oportunidades, el Gobierno pensaba ocupar la agenda en el debate parlamentario, por arriba, con una ley gatopardista presentada como una “reforma” que poco cambia la realidad del aparato de espionaje. Lo mismo había hecho con la famosa “ley de medios” que hoy muestra su rotundo fracaso en la potencia que mantiene el grupo Clarín, que empuja a las zonceras del Jefe de Gabinete rompiendo diarios; o frente a la crisis energética que impuso la “expropiación” parcial de las acciones de Repsol en YPF, luego indemnizada con creces y reprivatizada en manos de Chevron.
Esta vez la maniobra duró poco y luego de la cadena nacional que anunció “la gran reforma”, se impone en la agenda política el desafío de la corporación judicial y la oposición tradicional para el 18F.
El ruido del silencio
La llamada “marcha de los fiscales”, presentada como una “marcha del silencio”, es en realidad una movilización convocada por una fracción de la corporación judicial a la que se sumaron prácticamente la totalidad de los referentes de la oposición tradicional. Es apoyada incluso por la burocracia sindical que responde a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.
La marcha se convirtió en los hechos en un desafío político al gobierno. Basada en la justa aspiración de gran parte de la población por encontrar la verdad y la justicia, la convocatoria busca fortalecer una salida por derecha. Pretende apuntalar a los referentes opositores que tienen tanta responsabilidad en la impunidad por la causa AMIA, así como mil lazos con los aparatos de espionaje.
Primero fue la interna de los espías que atravesó la trama que implicó la salida intempestiva de la cúpula de la ex - SIDE en diciembre pasado y culminó en la muerte de Nisman. Ahora, la rebelión de una fracción del poder judicial, representada por los fiscales que pretende desafiar políticamente al Gobierno.
Si la crisis con los servicios demostró que estaba intacta la corporación de los espías de la que se valió el kirchnerismo para muchas de sus operaciones, el desafío de los fiscales confirma que los famosos cambios de la justicia no fueron más que puro relato.
No sólo estamos en presencia de una crisis de gobierno, sino ante una crisis de la autoridad estatal en su conjunto. Elementos de descomposición de núcleos duros del Estado (las policías, los espías, la justicia), que además se demuestran colonizados por aparatos de espionaje internacionales. Esto produce el descrédito del aparato estatal ante el conjunto de la sociedad. La cercanía del recambio electoral y contención relativa de la economía, actúan para que este elemento no produzca una crisis mayor. Sin embargo, no puede soslayarse como un factor de profundas consecuencias estratégicas. Frente a esto, ni el Gobierno cuyas propuestas de “reformas” no producen grandes adhesiones, ni la oposición, se muestran como alternativas con credibilidad.
Historia y farsa
Desde las usinas del pensamiento oficialista salieron a hablar de un “golpe blando”. Y algunos hasta se atrevieron a comparar la movilización del 18F con la “Marcha de la constitución y la libertad” a la que le corresponderá “su 17 de octubre”. Se refieren a aquella movilización que se llevó a cabo justo un mes antes del 17 de octubre de 1945 y se opuso al naciente peronismo, congregando a la oposición y a parte del poder judicial.
La comparación es una farsa insostenible. No estamos frente a las condiciones que posibilitaron el inicio de un ciclo de “nacionalismo burgués”, sino ante el ocaso de un gobierno posneoliberal y de pasivización que se propone una continuidad por derecha, con Daniel Scioli como principal candidato, visto con buenos ojos por el establishment.
El peronismo naciente, como parte de evitar la irrupción independiente de los trabajadores (con Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión) se vio obligado a otorgar algunas concesiones.
La creación de los tribunales de trabajo; el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido, el Estatuto del Peón, la prohibición de las agencias privadas de colocaciones o la firma de convenios colectivos que alcanzaban a millones de trabajadores. Además, aprovechó una situación económica internacional favorable a la Argentina. El kirchnerismo de fin de ciclo viene aplicando un ajuste mediante la combinación de inflación, impuesto al salario y recesión de la economía. Está enfrentado a gran parte de los aparatos sindicales y avalando los despidos en las multinacionales como es el caso emblemático de Lear. La máxima aspiración del Gobierno es no “chocar el barco” y para esto acaba de firmar acuerdos con capitales chinos que mantendrán o profundizarán la primarización de la estructura económica nacional, con el objetivo de obtener dólares que permitan que no se hundan las reservas. Para completar el escenario, el mundo está en estancamiento y un socio estratégico como Brasil, en pleno ajuste recesivo.
En esta disputa, el grueso de la clase empresaria apuesta a fortalecer a sus candidatos para el recambio presidencial. Su programa de máxima sería llevar a Mauricio Macri a la Casa Rosada, pero el candidato “mejor posicionado” del oficialismo, Daniel Scioli, no está para nada alejado de sus preferencias.
Frente a la dinámica interna del enfrentamiento no puede descartarse la tendencia a los extremos, pero el conjunto de los poderes reales apuestan a una “transición ordenada” en el año electoral.
La izquierda ante el 18F
El Gobierno fue parte de la historia de impunidad que acumuló la causa AMIA durante más de dos décadas. Respaldó al fiscal Nisman y al espía “Jaime” Stiuso que trabajaron codo a codo con la CIA estadounidense y el Mossad israelí para imponer la “pista iraní” y tapar otras pruebas. Para enfrentar a una camarilla de los servicios de inteligencia (que mantuvo durante una década) y que se rebeló cuando cambió pragmáticamente de política internacional, aumentó el poder del General Cesar Milani al frente del Ejército y especialmente reforzó su aparato de inteligencia. Envió a Berni, con el “Proyecto X” y los “gendarmes caranchos” incluidos, a la Panamericana para reprimir a los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo. Avaló a las patotas sindicales, como la del impresentable Ricardo Pignanelli del SMATA, un fiel custodio de los intereses de las multinacionales autopartistas.
Junto con estas, hay otras mil razones para enfrentar al Gobierno. Pero la movilización convocada por la corporación judicial y la oposición tradicional tiene otros intereses.
Moyano y Barrionuevo brindan su apoyo al 18F, mientras dieron tregua sin impulsar la movilización en defensa del salario o contra los despidos, en un año de pérdida del salario real y de recesión de la economía. Atan a los sindicatos al destino de Massa, Macri o Scioli.
Como dicen los referentes del PTS en el Frente de Izquierda: “Varios de los fiscales convocantes están acusados de encubridores en la causa AMIA. Se sumaron Mauricio Macri, procesado por escuchas telefónicas de la mano de Ciro James a su cuñado y a familiares de la AMIA, mientras su protegido, el ‘Fino’ Palacios, va a juicio justamente por el encubrimiento del atentado que produjo ochenta y cinco víctimas. Sergio Massa, quien tiene como jefe de campaña a un reconocido agente de la ex-SIDE como Juan José Álvarez, uno de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002. La inefable Carrió, una empleada de la embajada norteamericana, y hasta el gobernador De la Sota, el jefe de la narcopolicía de Córdoba”.
Con semejante prontuario de los referentes políticos y judiciales que convocan a la marcha y de los que tiene en su seno la coalición oficial, no se puede tomar partido por ninguna de estas camarillas de conspiradores.
La aspiración de terminar con la corporación judicial, no encontrará respuesta en tibias reformas por arriba. La elección universal de los jueces, los juicios por jurado, que sean revocables y ganen lo mismo que un trabajador; son medidas democráticas elementales que terminarían con esa casta de privilegiados, aliados a diferentes fracciones de los servicios de inteligencia.
La justicia y la verdad que reclama la población, así como el enfrentamiento a un gobierno cómplice y encubridor del espionaje tiene que desarrollarse por una vía independiente de estas fracciones. Para reclamar medidas que ninguno de los convocantes al 18F levanta: la apertura de todos los archivos de la ex - SIDE, la puesta en pie de una comisión investigadora independiente para investigar el atentado a la AMIA, la muerte de Nisman y terminar con la impunidad.
Fernando Rosso
@RossoFer
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