La mayoría de la población cree que va a reinar la impunidad y desconfía de la justicia, la policía y los servicios. La crisis tiene un nuevo episodio con el debate sobre la reforma de la exSIDE. El impacto en el año electoral. Y porqué los servicios de inteligencia son irreformables.
Los resultados de los primeros estudios de opinión que se realizaron los días siguientes a la muerte de Nisman arrojaron distintas valoraciones sobre la credibilidad de la población en la denuncia del fiscal, sobre la responsabilidad del gobierno en el desenlace del caso o sobre la percepción de si fue un suicidio o un asesinato.
Pero en lo que se refiere a las posibles resoluciones del caso, el veredicto es unánime: la inmensa mayoría cree que va a quedar impune y nunca se sabrá la verdad.
Los más de 20 años de impunidad en la causa AMIA, las relaciones de los servicios de inteligencia con la justicia, con las fuerzas de seguridad, con parte de los medios de comunicación y con el poder en general, abonan la percepción de que en el país donde mandan los “servicios”, la impunidad es ley.
La disputa mediática, con un gobierno que busca derivar las graves contradicciones estructurales que emergen con las crisis de los espías, hacia su pequeña guerra de bolsillo con Clarín, y la respuesta desaforada de “la corpo”; también hacen su aporte al hartazgo y descreimiento de una gran parte de la población.
La famosa refundación de una “justicia independiente” a la que el kirchnerismo original apostó con la renovación de la Corte Suprema, se derrumba junto a la “guerra sucia” de los servicios de inteligencia.
Aunque sea por una maniobra en búsqueda de un enemigo “a su medida” o porque efectivamente le molestan las notas publicadas por Clarín; el gobierno confiesa en las acciones teatrales de Capitanich, su derrota en la “batalla” contra el multimedios. Un fracaso que se produce pese a que durante todos estos años montó un gran aparato comunicacional propio con medios estatales o privados.
El hecho de que hayan contenido parcialmente las tendencias a la agudización de la crisis económica, hace que estos elementos no se manifiesten explosivamente en forma de movilizaciones o estallidos. Pero esto no quiere decir que no aniden de manera latente y puedan convertirse en un factor actuante en futuras irrupciones de la movilización popular.
El desprestigio de la justicia, de las policías y ahora de los servicios de inteligencia; muestra una crisis profunda de la “autoridad estatal” insuficientemente dimensionada como elemento estratégico en las polémicas de pequeña política de la coyuntura.
Esto debe incorporarse como uno de los factores que producen un inicial retorno de la “crisis de representación” de la que habla Eduardo Grüner en otra nota de este especial de La Izquierda Diario.
Gobierno y oposición en la crisis
El gobierno respondió de manera desordenada a la crisis que tendrá un nuevo capítulo en el debate parlamentario por la reforma de la Ley de Inteligencia que proclama la “disolución” de la ex SIDE.
De los cambios abruptos de versiones (del suicidio al asesinato) y las bizarras actuaciones del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, hasta llegar a las puestas en escena de Capitanich.
Una de las primeras consecuencias políticas serias para el oficialismo fue la necesidad de cerrar filas con el peronismo y dejar de lado la interna con la que buscaban esmerilar a Daniel Scioli, para que ganen ascendencia los candidatos más “cristinistas puros”. Incluso en la última cadena nacional, la Presidenta tuvo un gesto inusual hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que sus seguidores llaman “el candidato de Clarín” dentro del Frente Para la Victoria.
La alianza de Macri y Carrió fue el primer intento de fortalecer un polo opositor, después de la crisis de Nisman, cuyo objetivo mayor es atraer a la fracción del radicalismo encabezada por Ernesto Sanz.
El grueso del peronismo ve decantar a Scioli como el candidato más fuerte del oficialismo (aunque también acompaña el gobierno en esta crisis) y se mantiene en la coalición e incluso observan que pueden aprovechar para ganar autonomía. Un kirchnerismo golpeado (saliendo del gobierno con un muerto “dudoso” que además era fiscal del estado) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato natural, representan (por lo menos mientras una crisis económica no se agudice), mayores ventajas que un riesgoso salto hacia el massismo.
Para Sergio Massa parece que la lección es que un triunfo electoral “no hace verano” y haber ganado en 2013 la elección en provincia de Buenos Aires no le aseguró el salto del grueso del peronismo.
Por último se agrava la crisis de la centroizquierda, por la quiebra del UNEN, y por el debilitamiento del kirchnerismo dentro de la coalición oficial.
El gobierno que es el principal afectado por una grave crisis, saca una relativa “fortaleza” de la debilidad de una oposición tradicional dispersa. Todos presentan puntos de falla. Massa tiene su bastión en la provincia de Buenos Aires, pero posee escaso desarrollo nacional. Macri tiene el suyo en la CABA y algunas provincias y ahora busca fortalecerse con Carrió y el radicalismo, pero tiene un “agujero negro” en la provincia de Buenos Aires.
Todas son manifestaciones electorales en la coyuntura de la imposibilidad de reconstruir un régimen de partidos estable luego del hundimiento del radicalismo.
Por último, el destape de la crisis de los espías, en mayor o menor medida desnudó el uso que el conjunto de la política burguesa y los distintos gobiernos hicieron y hacen de los servicios de inteligencia para sus “operaciones”. Muchos de los espías, incluso los más cuestionados como “Jaime” Stiusso, fueron parte del aparato de inteligencia en todos los gobiernos desde la dictadura. Por eso las propuestas de todos no van más allá de reformas cosméticas al aparato de espionaje.
El proyecto de reforma de los irreformables
El proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se trata en estas semanas en el Congreso es una reforma de la actual Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Propone modificar varios artículos, donde lo más destacado es la transferencia del poder de las “escuchas” al Ministerio Público Fiscal y el aumento de la amenaza de pena a quienes revelen información secreta o tomen contacto no autorizado con funcionarios o jueces.
Sin embargo, el mismo proyecto dispone que traspasará a la nueva agencia a todo el personal de la Secretaría de Inteligencia actual (manteniendo los cargos y remuneraciones) y continuará el manejo secreto y discrecional del presupuesto.
Se le atribuye a Juan Domingo Perón el haber afirmado que “si no se quiere resolver un problema hay que formar una comisión”. El proyecto de reforma enviado por el gobierno no llega ni a eso, porque propone mantener la misma Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que ya demostró con creces no “resolver ningún problema” de la criminal actividad de los espías.
Esas propuestas por sí mismas demuestran que en lo esencial se mantiene el poder de los organismos de inteligencia. Además de que otras decenas de organismos (dependientes de otras fuerzas) ni se incluyen en la reforma.
Los servicios, como la policía y el resto de las fuerzas armadas o de seguridad son parte del núcleo duro del Estado que no es neutral, tiene un carácter de clase. Si el conjunto de las actividades del Estado, incluidas las que podrían llamarse “funciones universales” (como la salud y la educación) están guiadas y condicionadas por el interés de clase; en el caso de la policía y los espías su función estratégica directa es custodiar los negocios e intereses de los capitalistas, y enfrentar a quienes estos consideran su mayor amenaza: los trabajadores y los sectores populares que se organizan y luchan. Esto más allá de que eventualmente tengan internas y enfrentamientos, como los tienen las diferentes camarillas de la clase capitalista y sus representantes políticos.
Además, un Estado semicolonial como el argentino está cruzado por los intereses de potencias imperiales extranjeras que pueden llegar colonizar y poner a su servicio a parte del aparato de inteligencia. Esto quedó en evidencia en la denuncia de Nisman que destapó la injerencia (casi dirección directa) de la CIA estadounidense y el Mossad israelí, no solo en los servicios de inteligencia, sino también en la Justicia.
Esto no es privativo de los organismos de represión. Otras instancias del Estado como el Ministerio de Trabajo o la Secretaría Industria también tienen funcionarios que responden directamente a los intereses de multinacionales imperialistas ¿Alguien puede negar que Débora Giorgi, ministra de Industria es a Lear o a Ford, lo que Stiusso a la CIA o al Mossad? La diferencia específica está en la función. Una trabaja, junto a la burocracia sindical que es la policía interna en el movimiento obrero para defender las ganancias de las multinacionales; otros trabajan gestionando los secretos y digitando denuncias para defender los intereses geopolíticos de potencias imperialistas.
León Trotsky, discutiendo sobre la Alemania de los años ’30 del siglo pasado, previo al ascenso del nazismo, con aquellos que depositaban confianza en la policía para enfrentar a los nacionalsocialistas afirmaba: “En el curso de los últimos años, estos policías han debido enfrentarse mucho más a menudo a los obreros revolucionarios que a los estudiantes nacionalsocialistas. Por semejante escuela no se pasa sin quedar marcado. Y lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa” ("¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán", 1932. Destacado nuestro).
Parafraseando se podría afirmar que estos espías se han enfrentado las últimas décadas mucho más a las organizaciones obreras, populares y de la izquierda, antes que a las camarillas capitalistas y de semejante escuela no se pasa sin quedar marcado. Peor aún si esta “escuela” incluyó un “posgrado” o “master” de la CIA y al Mossad a quien respondía uno de los mayores jerarcas de la ex SIDE. Y quedó demostrado que los gobiernos pasan y los espías quedan.
No por nada las oscuras historias que trascienden de los espías confirman que son “escuelas” demercenarios sin escrúpulos que terminan en negocios espurios legales o ilegales.
En ese marco, la izquierda tiene la obligación de acompañar y levantar demandas democráticas mínimas, como la exigencia de apertura de los archivos y la formación de una comisión investigadora independiente que reclame echar luz sobre el encubrimiento y la impunidad de la causa AMIA o la muerte de Nisman.
Pero la lucha por terminar con los servicios está íntimamente ligada a la pelea contra el conjunto del Estado, el régimen social y la clase a la que sirven. El sueño de lograr que existan espías o policías “democráticos y controlados”, mientras se mantenga su función estratégica, es una ilusión utópica. La destrucción de uno es la condición de desmantelamiento de los otros.
Fernando Rosso
@RossoFer
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