La muerte del fiscal Alberto Nisman y la extendida sospecha de que se trató de un asesinato o suicidio inducido por algún sector de los servicios de inteligencia es el marco de una actual crisis nacional de gran envergadura, que sacude al poder político. Es el Estado argentino, heredado del genocidio, el que debe sentarse en el banquillo de los acusados.
Hay dos hipótesis que dividen al oficialismo y a la oposición sobre de dónde vendría la orden para acallar al fiscal. La del kirchnerismo apunta a Diego Lagomarsino y a la mano de Antonio "Jaime" Stiuso, sector de los servicios de inteligencia heredado de los tiempos del genocidio, que está directamente vinculado a la CIA y el Mossad. Para la versión oficial, el supuesto crimen sería parte de una conspiración destituyente que busca un golpe blando contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para la oposición derechista -incluidas las corpos mediáticas- y para un sector del imperialismo, el suicidio del fiscal responde a una operación de la inteligencia argentina dirigida por el general César Milani (tal como insinúa Elisa Carrió) o por sectores proiraníes, o directamente de la inteligencia iraní. El objetivo sería mantener el encubrimiento a favor de Irán en lo referente al atentado a la AMIA. En las dos hipótesis enfrentadas hay un denominador común: es el Estado, a través de sus funcionarios políticos y judiciales y sus servicios de inteligencia, el protagonista de una trama criminal.
En la hipótesis kirchnerista el gatillo pareciera ser Lagomarsino, y el cerebro, Stiuso. Esta versión se apoya en que el fiscal Nisman, tal cual lo reveló Wikileaks, respondía directamente a las órdenes de la embajada norteamericana, y la investigación estaba en manos de los servicios de inteligencia digitados por la CIA y el Mossad, interesados, por cuestiones de política internacional, en culpar a Irán del atentado a la AMIA. El kirchnerismo confiesa aquí que su apoyo irrestricto a Nisman en la causa AMIA, la delegación de la investigación en manos de Stiuso y el libre accionar de la inteligencia extranjera en nuestro país se transformaron en política de Estado. La investigación de Nisman, como lo han denunciado reiteradamente Memoria Activa o APEMIA, entre otros, era una cortina de humo que encubría la conexión local donde se sospecha estuvo metida la mano de obra de la SIDE y de las Policías criollas. Es decir que durante diez años, al menos, el kirchnerismo avaló el encubrimiento de nichos mafiosos y criminales del Estado para poner la investigación al servicio de los intereses geopolíticos de una potencia imperialista y de su gendarme en Medio Oriente. Recordemos que cuando el ministro del Opus Dei en el Gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Beliz, se enfrentó a Stiuso, fue la cabeza de aquel la que rodó en favor del espía. El giro del Gobierno argentino con el "Memorándum", creyéndose un adelantado en una política más dialoguista con el régimen iraní, enemistó a Nisman y al Gobierno, y los despidos en la Secretaría de Inteligencia que dejaron sin trabajo a Stiuso terminaron con el idilio de diez largos años. En esta hipótesis el Estado es cómplice de una banda mafiosa de empleados del genocidio y de los servicios de inteligencia internacionales, que se han dado vuelta al verse amenazados.
La hipótesis opositora de la derecha, alimentada y apoyada por sectores del Partido Republicano estadounidense y de la derecha sionista (empezando por el Estado de Israel), que se oponen a los alineamientos internacionales de la actual Casa Blanca, señalan al kirchnerismo y a los iraníes como los interesados en acallar al fiscal. En el caso de la diputada Carrió, versión que apoyan de alguna manera The Telegraph, The Washington Post y el Financial Times, se apunta directamente contra la SI y César Milani, otro hombre del genocidio rescatado por el oficialismo. Mientras que en la versión de Patricia Bullrich Luro Pueyrredon y de ciertos medios imperialistas como el Wall Street Journal se señala directamente a los iraníes -y a sus aliados argentinos- como los que están detrás de la muerte del fiscal. El cuentito de la derecha habla de una zona liberada por los custodios y de un intento por acallar las denuncias de Nisman contra el Gobierno y su supuesta complicidad con el terrorismo. En esta versión de la historia la responsabilidad criminal del Estado está dada por la conducción política del mismo y por la utilización de los recursos estatales en encubrir la voladura de la AMIA. En esta rama de la política burguesa deberían ser la CIA y el Mossad los que abiertamente investiguen lo sucedido.
Al referirse a la "certeza jurídica" y la posibilidad de llegar a la verdad, el filósofo Giorgio Agamben escribió que “en nuestro sistema de derecho, la responsabilidad de un crimen debe ser certificada a través de una investigación judicial. Si esta se vuelve imposible, la responsabilidad de un delito jamás se podrá asegurar como cierta. Se hace como si todo fuera claro y acaba siendo borrado el principio jurídico según el cual nadie es culpable antes del juicio. Las teorías conspiracionistas que acompañan invariablemente a este tipo de acontecimiento se alimentan de la deriva seguritaria de nuestras sociedades occidentales, que arroja un velo de sospecha encima del trabajo político-judicial”. En las sospechosas circunstancias de la muerte de Nisman, y más aún en el atentado a la AMIA, esta imposibilidad de arribar a la verdad de los hechos se ve agravada por la génesis del genocidio, que es el sello de nacimiento de la restauración de la democracia argentina en 1983.
Las discusiones sobre Stiuso y la ex-SIDE o sobre el papel de Milani en Tucumán, que el kirchnerismo quiere ocultar, demuestran que el Estado argentino que llevó a cabo un genocidio contra la clase obrera y el pueblo pobre en 1976 fue rescatado por la restauración democrática de 1983. El pacto entre el PJ y la UCR le garantizó la impunidad a los genocidas y a sus cómplices civiles, la continuidad del aparato de Estado y del poder judicial y la permanencia del personal burocrático-represivo de la dictadura. Estos últimos son los nichos de genocidas protegidos por la democracia argentina. Al igual que con Jorge Julio López, son la mano oscura que mece la cuna del crimen. De un lado y del otro del arco político patronal y judicial las relaciones con oscuros personajes de inteligencia (solo por nombrar algunos, el “Fino” Palacios, Fernando Pocino, Juan José Álvarez, Gerardo Martínez), o los vínculos con viejos participes de la dictadura, muestran que en treinta y dos años de democracia el aparato estatal jurídico-represivo y los nichos del genocidio siguen en pie. Las apelaciones a la democracia de los políticos que se sirven de los servicios de inteligencia de la dictadura dan vida a la gran sentencia del gran revolucionario Auguste Blanqui: “Le ruego que me diga qué es entonces un demócrata. Estamos ante un término vago, trivial, sin acepción precisa, un término elástico”.
Facundo Aguirre
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