Tragedia de Once: el juicio político al kirchnerismo

La explotación ferroviaria es una operación fraudulenta, una expropiación de los subsidios del Estado.

De la lectura de la acusación que enfrentan los 29 imputados de la Masacre de Once, no caben dudas de que, en cuanto a la instrucción, ha quedado probada la tríada criminal entre empresarios, funcionarios y burócratas.
El manejo de los Cirigliano y el Grupo Plaza en las concesiones otorgadas a TBA es una clara manifestación de la usurpación de los fondos públicos (subsidios) por los K y sus capitales ‘amigos’.
Ha quedado claro, a través de la lectura del requerimiento, que las conductas ilícitas de Sergio, Claudio y Roque Ángel Cirigliano, directivos de TBA, afectaron severamente el programa de mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, e hicieron uso de los fondos públicos para el enriquecimiento personal y del grupo. La desinversión en el servicio y su deterioro por la falta de mantenimiento fue determinante para que sucediera la tragedia. Los trenes aún circulan sin compresores, y por debajo de los niveles mínimos de seguridad.
TBA SA contrató para el manejo de la concesión ferroviaria a más de 20 empresas de su mismo grupo empresario (Transportes Sur-Nor CISA, Expreso San Isidro SATCIFI, J.M. Ezeiza SRL, Cuatro de Septiembre SATCP, Servicios integrales de Gestión SA, Optimiser SRL, LCG SA, Ticketrans SA, Inversora Intervías SA, Baires Ferrovial, Leasing Bus SA, Integral Clean SA y Cruz Azul Soc. Inversión SA); pagó cifras millonarias por servicios que nada tenían que ver con la prestación ferroviaria o directamente no existieron.
Cometrans SA fue contratada para su asesoramiento integral, en el período 2010 y 2011, por casi 40 millones de pesos en concepto de honorarios. La empresa, de sólo siete empleados, contaba con un asesor, Marcelo Calderón, directivo de TBA, que luego pasó a Cometrans SA.
Los contratos nada tenían que ver con el objeto de la concesión, el mantenimiento y funcionamiento del servicio ferroviario.
Baires Líneas Aéreas suscribió contratos con TBA SA, para la realización de vuelos privados, para trasladar a sus directivos, empleados y funcionarios, por motivos “…que hacían al cumplimiento del objeto societario…”. Se realizaron viajes a Colombia, México, Italia, Francia, España, Chile y Perú, entre otros países, que no condicen con las necesidades de las concesiones del Mitre y del Sarmiento. En relación a los vuelos nacionales se reiteraba Necochea como destino, donde se encuentra una propiedad familiar de los Cirigliano.
Emprendimientos Ferroviarios SA (Emfer SA), tercerizada del mismo grupo económico, fue contratada para el mantenimiento de vías y facturó y cobró bajo ese concepto. Sin embargo, dicha empresa no realiza esas tareas sino que repara coches siniestrados.
Hay gastos suntuosos de los directivos de TBA, por medio del uso de tarjetas de crédito corporativas; figuran elevados montos en la adquisición de vinos, orquídeas, carteras y hasta muebles adquiridos en la Polinesia Francesa. Incluso se esponsoreó un auto de carrera correspondiente al hijo del directivo Víctor Astrella.
Todos estos gastos se efectuaron usando el fideicomiso de los subsidios que debían utilizarse para las inversiones y mantenimiento de la infraestructura, material rodante y entrenamiento de personal especializado de la ex línea Sarmiento. El enriquecimiento de esta casta empresaria hubiera sido imposible sin la connivencia de los funcionarios del Ministerio de Transporte.
El primer día del juicio, con la sola lectura de la acusación, ya ha quedado en evidencia lo que advertimos desde el primer día del asesinato de Mariano Ferreyra. Que la explotación ferroviaria es una operación fraudulenta de expropiación de los subsidios del Estado para el enriquecimiento de burócratas, empresarios y funcionarios.

Claudia Ferrero (Apel)