Se cierra el cerco judicial al gobierno

Norberto Oyarbide frenó un allanamiento a la cooperativa de crédito Propyme por un pedido telefónico que le hizo Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica, mano derecha del secretario Carlos Zannini y hombre fuerte de esa secretaría. Tanto que, según se sabe, es el que maneja despóticamente la caja. Lo notable es que esa irregularidad escandalosa no se conoció por trascendidos ni por alguno de los buchoneos habituales en la camarilla gobernante. Nada de eso: Oyarbide confesó que hizo eso en un escrito que él mismo le presentó al juez Martín Irurzún.
Con esa admisión, Oyarbide activó una bomba en contra de sí mismo: vuelven a arreciar los pedidos de juicio político contra él. Pero, al mismo tiempo, produjo la enésima crisis política en el gobierno, en lo que tiene tufillo a un apriete en regla. La financiera allanada está vinculada con Zannini y, según medios periodísticos, con Hugo Moyano y Jorge Capitanich. Ahora, Máximo Kirchner y otros capitostes de La Cámpora, enemigos de Zannini, braman contra el secretario de Legal y Técnica.

“Yo siempre estoy”

Oyarbide dijo que frenó el allanamiento porque Liuzzi le explicó que los policías que conducían el operativo le habían pedido coimas al dueño de Propyme. Dijo que lo hizo porque conoce a Liuzzi “desde hace treinta años” y lo considera “una fuente muy confiable”. Con eso se entierra, porque en 2012 Oyarbide juzgó a Liuzzi en una causa por enriquecimiento ilícito y, por supuesto, lo sobreseyó. Fue uno de los tantísimos expedientes por corrupción que cayeron en su despacho. Ahora, con esta infidencia, este juez todo terreno destapa una olla de contenido impredecible.
En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidido por la senadora santiagueña Ada Itúrrez de Capellini -ladera fiel de Gerardo Zamora- los K se preparan para la dificultosa tarea de defender a Oyarbide. No tienen más remedio, no pueden dejarlo caer porque caen con él.
Por su lado, el dueño de Propyme, Guillermo Greppi, disparó contra la policía que le mandó Oyarbide. Dijo que le pidieron 300 mil dólares de coima y debió reaccionar “porque si no me desplumaban” (La Nación, 14/3). El financista añadió que “a otros los depilaron”. Según parece, así funciona la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal. Los comisarios que pidieron la coima le dijeron a Greppi que sólo respondían ante Oyarbide. De ahí que, según un sargento de la Federal que estaba en el lugar, Greppi llamó a Liuzzi y le dijo “sacame a estos tipos de acá, cuando ustedes me necesitan yo siempre estoy”.
Por eso, no extraña que los diarios informen que la Presidenta bajó hecha una furia al despacho de Zannini y tuvo con él una reunión peor que tensa. Cada día empeoran las condiciones del gobierno para resistir este tipo de embates.
Parte de lo mismo es el nuevo revés judicial que ha sufrido Amado Boudou, quien recibió el viernes 14 una pésima noticia: el juez Ariel Lijo rechazó un pedido de nulidad presentado por su defensa y aceptó los testimonios de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, quienes declararon que el vicepresidente manejó personalmente el traspaso de acciones de Ciccone Calcográfica.
Como ha señalado varias veces Prensa Obrera, buena parte de la lucha por la sucesión presidencial se libra en el Poder Judicial. Allí hay causas que afectan directamente a la familia presidencial, como las referidas a los manejos de Lázaro Báez, Cristóbal López y otros. Si las maniobras “destituyentes” están momentáneamente postergadas, a la espera de los resultados de las negociaciones oficiales con el Club de París, los holdouts y el FMI; en fin, de la “vuelta a los mercados” exigida por toda la burguesía, el cerco judicial al gobierno no se detiene por si todo aquello naufraga.
La camarilla K está en libertad condicional.

A. Guerrero