Desde que esta fecha pasara a formar parte del discurso oficial, la cuestión sobre los legados pendientes se vuelve aún más necesaria. Cuentas sin resolver y contradicciones del neoliberalismo y el kirchnerismo.
El golpe de Estado de marzo de 1976 dio inicio a un profundo proceso de reorganización de la sociedad argentina, tal como los propios perpetradores supieron llamar con claridad supina. El genocidio programado y estructurado desde el Estado, que hoy la Justicia finalmente comienza a reconocer en sus fallos, no fue la pura represión por exceso de voluntad o deficiencias en la organización jerárquica, como quisieron hacernos creer en las décadas pasadas. El secuestro, violación, tortura, desaparición y asesinato formaron parte de un proceso que reestructuraría las bases mismas de la sociedad y la economía nacional. No es casual que el eje de la represión fueran representantes de la clase trabajadora.
Como nos señalaba Gramsci, todo programa de reforma ética y política es también un programa económico, y al revés. En este sentido, la dictadura fue probando recetas para lograr que el mercado se erigiera como central institución en la asignación de los recursos. Dicho de otra forma, que el poder económico concentrado pudiera hacer y deshacer a gusto. El conjunto de reformas estructurales neoliberales fueron configurándose lentamente, abriendo la economía para que el capital (local y extranjero) más concentrado pudiera hacer sus negocios sin más. Se trató de una alianza “por arriba” dedicada a quebrar y disgregar “por abajo”.
Los gobiernos de la convertibilidad hicieron de este programa un lema por el cual cualquier método era válido. Abrir la economía perjudicando a los trabajadores, sería quizás el resumen más mínimo. Fueron organizaciones de derechos humanos –como HIJOS- y el nuevo sindicalismo de esos años –la CTA- quienes dieron los pasos para poner en la escena pública la lectura del proceso neoliberal como una continuidad de daños a los sectores populares, primero mediante la represión cruda, luego con menos represión pero con mayor exclusión económica. La democracia recuperada carecía de contenidos sustantivos, y por esto había que pelear en las calles.
Dictadura y kirchnerismo
La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia tuvo como novedad la incorporación de parte de este discurso a la prédica oficial. En los discursos oficiales, la dictadura y el neoliberalismo se erigieron como némesis. Hubo, además, algunas políticas y gestos que lo acompañaron: declarar feriado nacional el 24 de marzo, descolgar los cuadros de Videla y Bignone, impulsar un proyecto ajeno (de Patricia Walsh) para anular las leyes de la impunidad. Esto entusiasmó a muchas organizaciones populares, que lo leyeron como un cambio radical, que Hebe de Bonafini resumiría como “el enemigo ya no está en la Rosada”. Luego de más de una década, sin embargo, el gobierno aún tiene pendientes elementos necesarios para una política coherente de derechos humanos, como, por ejemplo, avanzar en el cambio de la estructura de los cuerpos represivos. Por estos pendientes y contradicciones (como la designación de Milani), una importante parte de los organismos defensores continúa los reclamos al gobierno por la Justicia proclamada.
Algo parecido puede decirse respecto de la cuestión económica. Aunque el gobierno no deja de hablar contra el capitalismo especulador del neoliberalismo, resulta imposible sostener que tenga una política económica coherente para desestructurar sus causas. Más bien, de acuerdo a coyunturas particulares, hay un movimiento estertóreo donde algunos cambios dispersos alimentan la ilusión de la militancia propia, sin lograr alterar los fundamentos de la economía nacional.
Así, la presidenta Cristina Fernández insiste en sentirse orgullosa de que el país sea un “pagador serial”, lo que carece del menor sentido en términos de soberanía nacional. Durante esta década, el país ha pagado más que el valor completo de su deuda en 2003, y aun así la deuda total ha crecido. Se tiene que recurrir a diversos artilugios contables para no mostrar este cambio, sin embargo no ocultan el orgullo de negociar en París una deuda iniciada con la dictadura. Jamás el gobierno tuvo intención de investigar y repudiar la deuda, a pesar de que casi dos millones de personas dijimos que no al pago de la deuda en 2003, en la consulta popular impulsada por CTA. En cambio, se renegociaron los términos, buscando reinsertar al país a la lógica de la deuda.
Siendo así, no es extraño que el peso de los intereses crezca en las cuentas nacionales. Tampoco lo es que el sector financiero crezca a un ritmo igual o superior al conjunto de la economía desde 2008, siendo el sector que muestra las mayores ganancias totales cada año. El capital financiero sigue con sus negocios como nunca, a pesar de los discursos. Esto no es una cuenta pendiente, sino una flagrante contradicción con el discurso.
La apertura de la economía ha tenido pocos cambios formales, aunque desde fines de 2011 se suceden medidas inconexas que afectan a esta área: controles de importaciones, a las compras de dólares, a la remisión de ganancias. No ha existido un programa de control del sector externo, que podría haber ahorrado millones de dólares al país, y ha alimentado en contra el malestar de los sectores medios. En este aspecto, el gobierno hizo algunos cambios que carecen de coherencia, sistematicidad y profundidad. La ley de inversiones extranjeras y la de entidades financieras provienen de la dictadura, y no han sido modificadas: cualquier cambio real requiere tocar, entre otros, estos aspectos.
Claro que hacerlo implicaría entrar en conflicto con el capital extranjero, algo que el gobierno no quiere hacer. Su acatamiento de los fallos del tribunal del Banco Mundial y la asociación con Chevron (que limita severamente cualquier cambio soberano de YPF) son ejemplos duros del camino elegido por el kirchnerismo, que contradicen cualquier modificación estructural de la apertura de la economía. Los intentos -nunca logrados- de firmar un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea forman parte de esta misma línea de trabajo, siendo irreconocible para los sectores populares por qué esto sería diferente del ALCA que rechazamos en 2005.
La apertura comercial y el tratamiento liberal al capital han producido una especialización primarizante de la economía argentina. A pesar del discurso industrializador, el país ha incrementado su dependencia de la producción primaria en el abastecimiento de divisas: son estos sectores los que otorgan el superávit comercial que intenta compensar el déficit de la industria (sistemático en toda la década), del turismo y de la energía. Además de tener que pagar intereses y capital de deuda, utilidades de empresas trasnacionales, y financiar la fuga de capitales. Para cubrir estos costos, el plan nacional para el sector agropecuario planea expandir el monocultivo de la soja (“el yuyito”) varias decenas de hectáreas más, desplazando campesinos y arruinando el suelo.
Finalmente, quizás sea en el mercado laboral donde se vieron cambios que entusiasmaron pero no alcanzaron. Los salarios medios se encuentran estancados desde hace 6 años, con retrasos respecto de 2001 del orden del 35 por ciento en docentes y empleados públicos. Más de un tercio de los/as ocupados/as se encuentran informales, sin registro de acceso a beneficios de seguridad social. La mitad de los ocupados gana menos que la canasta de pobreza con sus ingresos, y muchos de ellos se encuentran “en blanco” bajo contratos precarios. La desvalorización de la fuerza de trabajo ha sido confirmada a principios de 2014 con la devaluación y ajuste. El castigo discursivo a docentes no hace sino avalar este rumbo.
Aunque el discurso sea diferente, al kirchnerismo le resta enorme trecho para separarse del neoliberalismo. Algunos puntos de la agenda pueden ser “cuentas pendientes”, pero lamentablemente la mayoría de ellos contradicen sus propios intereses, quedando fuera de cualquier agenda oficial. La dictadura, de esta forma, sigue presente.
Francisco J. Cantamutto
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