A cuarenta años de aquel hecho protagonizado por un Jefe de Policía que derrocó a un gobierno popular y precedió al terrorismo de Estado, Hugo Vaca Narvaja, pone la lupa sobre la actualidad y descubre las marcas de aquel evento en los acontecimientos políticos recientes. Analiza los cambios impulsados por el gobernador De la Sota; el cordobesismo, el narcoescándalo, la zozobra institucional, la política de derechos humanos y el poder judicial, entre otros.
El 27 de febrero se cumplieron cuarenta años desde el Navarrazo, aquel golpe de estado provincial comandado por el Teniente Coronel Antonio Domingo Navarro, entonces jefe de la Policía del Gobernador Ricardo Obregón Cano.
La historia de ese desbarranque institucional serviría como prólogo a lo que pasaría poco tiempo después, en otras provincias, y se institucionalizaría a partir del 24 de marzo de 1976 en la nación entera, con el advenimiento de lo que las clases dominantes llamarían Proceso de Reorganización Nacional.
El partido militar decidió prestar nuevamente la bayoneta y el sable para defender los intereses de las clases privilegiadas, amenazadas por la “horda juvenil” que llegó al poder de la mano de Héctor Cámpora luego de las elecciones de 1973. Repitiéndose una vez más, luego de la Conquista del Desierto y la Patagonia Rebelde, los militares ejecutaron la masacre más grande de la historia, diseñada prolijamente desde el poder civil y eclesiástico.
La conformación del gobierno peronista de Cámpora luego de las elecciones del 73, y de algunos gobiernos provinciales, produjeron pánico en ciertos sectores de poder cuyos resortes históricos los impulsaron a golpear las puertas de los cuarteles, siempre acompañados por los políticos opositores al peronismo, con los radicales a la cabeza, e intelectuales espantados como Ernesto Sábato, luego prologuista del “Nunca Más”.
En Córdoba, Ricardo Obregón Cano había ganado la interna del peronismo en el 73 contra Antún, que representaba a un sector más afín a la derecha, al sindicalismo ortodoxo y a conservadores aliados.
Cuando Obregón Cano viajó a Buenos Aires para hablar con el delegado de Perón, Abal Medina, y confirmar la fórmula para las muy próximas elecciones, éste le descerrajó que su candidato a vicegobernador debía pertenecer a las sesenta y dos organizaciones, un sector ortodoxo del sindicalismo peronista. Obregón le manifestó al delegado que él ya tenía su vice, Atilio López, un sindicalista combativo, de los choferes de UTA, que lideraba la CGT “legalista” de Córdoba, y cuya nominación era apoyada por el arco más combativo en la Provincia, por supuesto enfrentado al sindicalismo ortodoxo peronista.
La respuesta no cayó bien en esos sectores del peronismo, y desde ese momento el futuro del gobierno de Obregón Cano estaba ya severamente comprometido.
Luego de un histórico debate televisivo donde volcó a gran parte de la clase media a su favor, Obregón Cano batió en las urnas a Víctor Martínez, referente del radicalismo provincial de corte alvearista, y se quedó con la gobernación. Por primera vez en la historia, el conservadurismo cordobés no encontraba un representante fiel y sumiso que garantizara conducir el Estado conforme sus intereses.
Obregón Cano conformo un gabinete verdaderamente inédito para la historia de la Provincia. No se apoyó solo en el peronismo, sino que amplió su convocatoria a otros sectores, integrando inclusive a radicales como Raúl Faure, o demócratas conservadores como Humberto Gómez Amaya al gobierno.
En la Capital, las primeras medidas de Cámpora y la conformación de su gobierno habían retumbado de mala manera en Puerta de Hierro, donde el veterano caudillo exiliado, Juan Perón, acompañado por Isabelita y López Rega desaprobaban al más fiel de los delegados.
La orden de convocar nuevamente a elecciones bajó rauda, y la formula Perón – Perón, resultaría triunfadora por una avalancha de votos. Pero la interna peronista ya estaba desatada; desde la masacre de Ezeiza la derecha había avisado que no dejaría espacios a otras corrientes opuestas.
Así, apenas asumido Perón, comenzarían a caer los gobiernos provinciales que no sintonizaban con la derecha: Bidegain en Buenos Aires, Cepernic en Santa Cruz, Ragone en Salta, y por supuesto, Obregón Cano en Córdoba.
Luego de algunos meses de gobierno agitados, donde los problemas surgían de todos los frentes, Obregón se vio acorralado entre los empresarios de la carne, los del transporte, la iglesia católica y otros frentes que se abrían simultáneamente.
Demasiados conflictos, al que debió sumarse el de la Policía, que venía con una estructura militarizada, donde los más altos jefes provenían de las filas castrenses, andamiaje que el gobierno provincial intentaría infructuosamente desmontar. La designación de Navarro –también con rango militar- fue impulsada, curiosamente, por los sectores más afines a Montoneros. Nadie podía suponer en ese momento, los acontecimientos posteriores.
Si los sectores en conflicto se iban sumando, los apoyos políticos declinaban, sobre todo desde Buenos Aires, donde los comentarios hacia Córdoba eran cada vez más negativos, fogoneados desde la derecha peronista local, excluida casi en su totalidad del gobierno de Obregón, lo que generó un resentimiento inaudito, que la llevaría a aliarse con lo peor del rancio conservadurismo cordobés, para desestabilizar al gobierno, que, para colmo, contaba con el apoyo del sector más combativo del sindicalismo, liderado por Tosco, Salamanca y López.
Así, buscando la desestabilización del gobierno provincial de cualquier manera, la derecha encontró un aliado inesperado en el jefe de policía, que acicateado por sus subordinados y por el tándem López Rega-Osinde desde el gobierno central, decidió subirse a la ola golpista, traicionando a quien lo había ungido en el cargo de Jefe de la Policía.
La justicia federal jugó también un papel preponderante, ya que no actuó oportunamente ante las denuncias de sedición presentadas en los despachos de los jueces. Este papel estelar seria luego confirmado con su actuación durante la dictadura cívico-militar, donde se destacaron las omisiones en investigar los crímenes denunciados.
El golpe se consumó, y Perón convalido el desaguisado al intervenir luego la Provincia a través del Congreso. Roma no pagó traidores, pero el gobierno de Perón si lo hizo, y de qué manera.
Navarro posteriormente fue condenado por la justicia y casi de inmediato indultado por el gobierno de Isabel. Lacabanne sería (luego de Duilio Brunello y Dante Agodino) el interventor, y en 1975 asumiría como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército el tristemente célebre y hoy multicondenado autor de delitos de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez, conocido también como “Cachorro” o “La Hiena” por sus subordinados.
Con la intervención a la provincia comenzaría a escribirse el capítulo más triste de su historia, donde comenzaría a destacarse el tenebroso D2 de informaciones de la policía, como brazo ejecutor de la represión, sobre todo después del conocido caso “Siriani”.
De ayer a hoy
-Gobernador: los organismos de Derechos Humanos pensamos que debieran cambiarse los planes de estudio de los policías, haciendo hincapié en una formación más humanitaria, incluyendo materias y docentes comprometidos con los derechos humanos- dije, en representación del Serpaj, en la única reunión que mantuvo el gobernador De la Sota con los Organismos de DDHH, en marzo de 2012.
-Estamos preocupados porque la Policía mantiene las mismas estructuras que durante la dictadura- cerré.
-Si, actualmente los cuadros superiores hacen unos cursos de posgrado en seguridad en la Universidad de Villa María, que depende de un joven brillante, Martin Gill- contestó el gobernador, haciendo gala de una habilidad ya reconocida para tirar la pelota al córner.
Minutos más tarde, terminaría la única reunión y los pedidos de la Comisión Provincial de la Memoria, sobre el pago de deudas presupuestarias pasarían al olvido rápidamente, sin que hasta la fecha se haya respetado el presupuesto asignado. La advertencia sobre la peligrosidad de mantener estructuras policiales delineadas durante la dictadura cívico militar fue olímpicamente desoída.
Poco tiempo después, el Comisario Ramón Frías sería ungido jefe de la Policía, y Alejo Paredes, un policía de carrera, discípulo y amigo personal del represor Yanicelli y jefe de la policía hasta entonces, ascendido a Ministro de Seguridad.
Justamente en esta revista EL SUR, también se señaló el gravísimo error que se estaba cometiendo con esas designaciones.
A fines de 2013 la historia demostraría que quienes avisamos tempranamente sobre las erráticas políticas implementadas sobre seguridad por este gobierno, acertamos un pleno. La gestión de Frías dejó decenas de muertes por gatillo fácil, y Paredes fue la confirmación de que una corporación armada no puede quedar representada en un gobierno civil por uno de sus miembros.
En diciembre de 2013 un sector de la policía intentó demostrar que sin uniformados en las calles la sociedad sería un caos. Los mandos no respondieron a las instituciones civiles, y Córdoba vivió una innecesaria zozobra institucional que puso al gobierno de Unión Por Córdoba en la plataforma de salida del poder.
El narcoescándalo había fisurado ya el pacto De la Sota-Paredes, y los hechos se desencadenaron sin control. De la Sota quemó todos los fusibles, y echó mano a lo último que le quedaba en la desvencijada alianza que lo llevó al poder para ocupar cargos gubernamentales. No será fácil navegar este último año y medio con la tripulación elegida, donde un par de funcionarios con trayectoria y gestión no hacen primavera.
No parece haber cambios significativos en el horizonte signado, desde hace años, por continuidades en políticas cuyo origen es el “cordobesismo”, partido que blanqueó el gobernador luego de haber ganado su tercer mandato en las urnas. Las designaciones en la Justicia dibujan en el horizonte una ratificación de la línea histórica. La jubilación de Cafure y su reemplazo por Cáceres aparecen en sintonía. Acaso la designación del Alejandro Moyano aparezca como un aporte mayor de la “casa judicial” al poder político, ya que es un funcionario “de carrera”.
No parecen cambios destinados a modificar demasiado la coyuntura. En una provincia donde la única persona condenada en el hasta hoy impune homicidio de Nora Dalmasso en Rio Cuarto sea uno de los periodistas que más seriamente informó sobre el papelón judicial, o donde a instancias de la asociación ultraconservadora “Portal de Belén” se mantiene una medida cautelar contra el art. 86 del Código Penal, vigente desde hace casi cien años, que impide abortar a la mujer violada, los cambios aparecen insuficientes.
Al menos puede celebrarse que las nuevas autoridades en la justicia no pertenezcan a esa especie de Ku Kux Clan jurídico que es la Academia del Plata, cuyos principios rectores – de ultraderecha recalcitrante- fueron recientemente expuestos por su presidente Jorge Arrambide en sendas entrevistas a la revista Matices, a fines del 2013, y cuyos integrantes son acogidos por la Facultad de Derecho de la UNC y otras importantes instituciones.
Es decir, dentro del panorama actual, y echando mano a una metáfora meteorológica, se puede predecir nublado, lluvioso, a la espera de mejores días para estos territorios…
Hugo Vaca Narvaja. Abogado querellante en los Juicios por crímenes de Lesa Humanidad (SerPaj)
No hay comentarios:
Publicar un comentario