La situación de Amando Boudou en la Justicia y en el gobierno parece entrar en su fase terminal: hasta La Cámpora dispuso su apartamiento del círculo más próximo a la Presidenta.
Boudou está bajo dos fuegos, o mejor dicho tres. El de los tribunales, obviamente, y también el de los diputados opositores que piden su juicio político -aunque saben que la solicitud no prosperará. A esa ofensiva externa contra el vicepresidente se añade la interna en el oficialismo.
Al mismo tiempo, el narcoescándalo alrededor de Juan Ignacio Suris se ha transformado en otro episodio de la crisis. Suris, procesado por narcotráfico, ahora confesó que se dedicaba a emitir facturas falsas, por muchos millones de pesos, para empresas de Santa Cruz vinculadas con el gobierno nacional y también con el provincial. Según La Nación, Suris le entregó facturas falsas a compañías controladas por Báez y por Cristóbal López. Y todo empeora para el gobierno porque cuando se investigaban en Bahía Blanca esas maniobras de Suris, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, cerró la delegación bahiense del organismo y desplazó a todo el equipo de investigadores. Eso ocurrió, precisamente, cuando las investigaciones se aproximaban a Báez y a López. Echegaray también recibirá una citación judicial para dar explicaciones sobre la cuestión.
Por la supervivencia
El gobierno colocó en el Consejo de la Magistratura a dos de sus “halcones”: los camporistas Eduardo “Wado” de Pedro y Julián Alvarez, secretario de Justicia. En definitiva: el Consejo de la Magistratura es la última trinchera defensiva del gobierno.
Entretanto, el fiscal José María Campagnoli, quien investigaba a Lázaro Báez, fue suspendido por su jefa, Alejandra Gils Carbó. Además, la procuradora desmanteló el equipo de Campagnoli, le cerró las oficinas y los mandó a todos a hacer tareas de archivo. Al mismo tiempo, Gils Carbó prepara denuncias penales contra otros funcionarios judiciales que, según ella, obstruyeron investigaciones contra instrucciones presuntamente defectuosas confeccionadas por Campagnoli. La descomposición del gobierno se acelera, e incluso un sector de la Secretaría de Inteligencia trabaja en contra del Ejecutivo. Muchos en la Casa Rosada sospechan que de ahí salieron los informes (lo de Lázaro Báez, por ejemplo) que estallaron en programas periodísticos como el de Jorge Lanata y recalaron en tribunales (véase PO Nº 1.277, 18/7/13). Causas como la de Báez tienen en el tiempo un alcance que va más allá de 2015 y complican personalmente a la Presidenta.
Por eso la pelea de perros que se libra en el Poder Judicial: la Corte puede llegar a ser el árbitro de la crisis. He ahí la expresión, en el terreno tribunalicio, de la lucha por la sucesión de la Presidenta, incluida la anticipada.
A. Guerrero
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