En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, la Presidenta defendió el acuerdo de indemnización a Repsol y cruzó a quienes marcaron las contradicciones en las que cayó su Ministro de Economía, entre las declaraciones realizadas hace dos años, cuando el Estado tomó el control de la compañía, y los términos del acuerdo con la petrolera española. “Dijeron que el ministro de Economía ha dicho que no iban a pagar nada. ¡Pero cómo va a decir el ministro de Economía que no se va a pagar nada si yo presenté una ley de expropiación! [...] no hay expropiación si no hay indemnización.” Los términos del acuerdo, que garantizan a Repsol 5 mil millones de dólares de capital, más los intereses durante el tiempo en que no liquiden los bonos (que pueden rendir un monto anual equivalente a las utilidades que remesaba Repsol a su casa matriz), son presentados como el resultado de una dura pelea, que habría torcido el brazo a los directivos de Repsol: “porque las primeras declaraciones fueron que querían 15 mil millones y la segunda fue una demanda en el CIADI de 10 mil millones”. Pero en los hechos la Argentina está pagando lo mismo que pedían los españoles en el CIADI, porque al litigio en el CIADI le esperaban largos años para cerrarse, con costas para los representantes legales. Traído a hoy el valor de ese reclamo iguala lo que está pagando el gobierno. Los españoles son retribuidos por una petrolera a la que habían dejado en Estado de vaciamiento. Como denunciaba el propio Kicillof hace dos años, “desde su ingreso a YPF, en 1998, Repsol había puesto 13.000 millones de dólares y había retirado 22.000 millones de dólares” (Clarín, 18/4/12). Se los remunera por no haber continuado el estrangulamiento de la petrolera argentina, con un monto que está muy cerca del piso de lo que podrían haber obtenido en un escenario moderadamente “pesimista”, de haber continuado con el comando de la empresa. Es decir, no se le paga todo lo que podrían haber exprimido de seguir con la empresa, pero sí mucho más de lo que podría corresponder si pesara en la balanza la responsabilidad de Repsol en la catástrofe energética del país. Algo que ningún tribunal imperialista como el CIADI tendría en cuenta, pero parece que tampoco el gobierno “nacional y popular”. Por otro lado, la Presidenta sostiene que el acuerdo es con bonos, no en efectivo; pero es como si lo fuera porque para que Repsol obtenga lo prometido (5 mil millones de dólares), se le entregó un adicional de mil millones de dólares. El descuento que recibiría por convertir los bonos en efectivo lo paga el Estado nacional, no la petrolera española. Un negocio a pura ganancia.
El Ministro Kicillof y la Presidenta, defienden ahora la idea de que toda ley de expropiación conlleva una indemnización. Sin embargo, la historia demostró que ni siquiera para los propios gobiernos burgueses indemnización es siempre sinónimo de acuerdo a valor de mercado, que es lo que acaba de pactar el gobierno con Repsol. Por ejemplo, otros gobiernos nacionalistas burgueses de América Latina, como el de Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940, expropiaron a empresas petroleras sin otorgar compensaciones como las del gobierno argentino. En 1938 Cárdenas nacionalizó a 17 compañías extranjeras. Ante esto, las corporaciones imperialistas empezaron a reclamar en la prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento (La Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La respuesta del Estado mexicano fue guiarse por el criterio de que “el precio de la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras” (Artículo 10 de la Ley de Expropiación mexicana de 1936). Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban), adjudicándose como propiedad estatal el crudo y el gas que se encontraba bajo la superficie de los yacimientos expropiados. Finalmente, seis años después, en 1944 bajo el gobierno de Avila Camacho, México pagó a las compañías petroleras estadounidenses 24 millones de pesos, más intereses del 3% por las propiedades petroleras expropiadas en 1938. Y a finales de 1947, el gobierno mexicano de Miguel Alemán anunció que las compañías petroleras británicas y alemanas, demandantes de 250 millones de pesos por las propiedades expropiadas, habían aceptado el pago de 21 millones. Es decir el capital reembolsado por el Estado fue de poco más del 10% de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó pagar, en dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí o sí 5 mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su exigencia más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda ante el CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más arriba). Como vemos, aún en términos de otras negociaciones llevadas a cabo por representantes del nacionalismo burgués, el acuerdo “peleado” del gobierno se deschava por la generosidad de sus concesiones.
Que la reapropiación de los recursos estratégicos del petróleo y del gas de las manos de los vaciadores españoles deba ser compensada (y además tan generosamente) es un mito de la burguesía, cuyos intereses y Estado de derecho (de propiedad) defiende el gobierno de Cristina tan celosamente como sus antecesores. Rechazamos el acuerdo con los vaciadores de YPF. Ni un dólar para Repsol.
Esteban Mercatante
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