Desde el último sábado hasta el miércoles 19 de junio, la llamada Mesa de Enlace convocó a un paro en la comercialización de granos y hacienda para faena, aunque no incluyó la distribución de productos perecederos como lácteos, frutas o verduras.
Esta medida de fuerza, que repite lo realizado en junio de 2012, apuntó a visibilizar una demanda y así presionar para que se tomen medidas desde el Poder Ejecutivo Nacional para revertir la pérdida de rentabilidad y competitividad del sector. Según argumentan desde la Mesa de Enlace, en los últimos años se ha visto fuertemente afectada por el proceso inflacionario, la apreciación de la moneda, el incremento de los costos de producción, la falta de previsibilidad y la "asfixiante" presión impositiva.
¿Cómo les fue en los últimos años?
Según el documento “Rentabilidad, empleo y condiciones de trabajo en el sector agropecuario” del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), uno de los factores que permiten comprender las posibilidades del campo argentino en la actualidad es la transformación estructural experimentada en los 90. La adopción del paquete tecnológico que introdujo la semilla de soja RR, los fertilizantes y la siembra directa, en conjunto, mejoraron considerablemente el rinde por hectárea (que aumentó a una tasa anual acumulativa del 1,9% entre 2000 y 2010) y permitieron expandir la superficie sembrada (desde las 20 millones de hectáreas de la cosecha 1993/1994 hasta las 30 millones de hectáreas de la actualidad).
Al apuntalamiento de los márgenes de ganancia que brotaron de este proceso se sumaron, con la salida de la crisis del 2002, la devaluación (el llamado modelo del "dólar alto") y los elevados precios de los productos agrícolas en el mercado mundial (que, para la soja, pasaron de 190 a 555 dólares por tonelada entre 2001 y 2013). Entre el 2002 y el 2012, no solo la superficie sembrada (donde la soja llegó a acaparar el 60%) se incrementó considerablemente sino que también se expandieron la producción (desde 67 millones de toneladas en 2001 hasta 102 millones proyectadas en 2013) y la exportación de cereales y oleaginosas. Lo mismo sucedió con los márgenes brutos de producción -la diferencia entre ingresos brutos y gastos directos- sobre los que se asientan (que pasaron de 209 dólares por hectárea entre 1991 y 2001 a 272 dólares entre 2002 y 2012). En adición a los beneficios obtenidos en estos términos, se suman desde 2002 las ganancias patrimoniales que provienen del incremento en el valor de las tierras agrícolas pampeanas, que en la Zona Núcleo (la superficie más fértil) aumentaron de un precio promedio por hectárea de 3,109 dólares entre 1991-2001 a 16,000 dólares en 2013.
Tras la superación de las sequías de los años 2008, 2009 y 2012, para el año 2013 se espera una cosecha de 102 millones de toneladas. Esta cosecha récord da cuenta del salto en el rinde por hectárea que, en el caso de la soja, alcanza un promedio de 25,6 quintales por hectárea llegando a un total de 49 millones de toneladas (+22,5% respecto a 2012) y en el caso del maíz un rinde promedio de 72,4 quintales por hectárea llegando a un total de 25 millones de toneladas (+15% respecto a 2012). Este incremento en la producción se condice con la elevada rentabilidad que percibe el sector en un contexto internacional en el que se mantuvieron elevados los precios de las commoditties, se redujeron los costos en dólares de los insumos y mejoró considerablemente el rinde por hectárea de la producción.
La situación al interior del "campo argentino" es sin embargo bastante heterogénea según el tamaño de la explotación, el tipo de producción y su localización geográfica. Los pequeños productores vinculados a las economías regionales y los productores que deben arrendar sus parcelas (entre 2001 y 2013 el arriendo se incrementó un 1600% en pesos) son los más perjudicados, y difícilmente se vean representados por los reclamos de la Mesa de Enlace que encarna a los sectores que históricamente se opusieron a las reformas en el sistema de arrendamientos.
Lo que piden estos sectores es un cambio en la política comercial donde se eliminen las retenciones a las exportaciones y se reduzca la presión tributaria que se ejerce sobre ellos. Estas medidas de política económica permitirían al sector agrícola conseguir un tipo de cambio real efectivo mayor que el que logran en la actualidad, incrementando así su "competitividad". Estas demandas coinciden en la agenda política con las que desde hace unos años vienen siendo fogoneadas por diversos economistas del establishment como Javier González Fraga (vinculado al alfonsinismo y al lavagnismo) y Domingo Cavallo (vinculado al delasotismo). En sus plataformas estos actores incluyen el pedido de "eliminar impuestos distorsivos" como las retenciones a las exportaciones, revisar la escala del impuesto a las ganancias y las valuaciones sobre las que se calculan los impuestos patrimoniales, un "sinceramiento" de precios y una vuelta a los mercados de deuda externa.
Los aportes en términos de divisas y recaudación tributaria por parte de las exportaciones y las retenciones a la actividad agrícola han permitido sostener uno de los pilares del modelo económico kirchnerista: los superávits gemelos. Así, el “campo” argentino mantuvo su poder de veto en esta década en una muestra que en 2008 con la crisis tras la Resolución 125 llegó a su máxima expresión.
El modelo económico que impulsa la Mesa de Enlace difícilmente sea llevado a la práctica ya que estas reformas beneficiarían únicamente a la fracción ínfima de la esfera productiva, que es la agrícola-exportadora, perjudicando no solo a las cuentas públicas sino también a los pequeños y medianos productores de alimentos para el consumo interno, a fracciones empresarias de otros sectores y, principalmente, al pueblo trabajador, a través de una fuerte transferencia de ingresos en su perjuicio.
Mariano Treacy.
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