Levantó críticas, no menos sospechas y numerosos rechazos. Sin embargo, se ha ocultado que este blanqueo como tantos otros vuelve a demostrar la impotencia del Estado para hacer cumplir ciertas normas y leyes preestablecidas.
Sancionado hace una semana por el Congreso de la Nación y promulgado por el gobierno nacional mediante el decreto 642/13, entró en vigencia el "Régimen de regularización tributaria, promoción del empleo y exteriorización de capitales". Resta su reglamentación, que seguramente se concretará en estos días. Aún con esa incertidumbre, ya que muchas veces las reglamentaciones cambian, no ingenuamente, el sentido de ciertos artículos de las leyes sancionadas, pueden arriesgarse algunas puntualizaciones.
Objetivos
La medida busca atacar en simultáneo varios frentes en los que la debilidad de la administración kirchnerista se ha puesto de manifiesto en esta coyuntura: a) caída en el nivel de reservas en poder del Banco Central y el regreso de la restricción externa -expuestas en la escasez de divisas agudizada desde la implantación de los controles cambiarios-; b) fuga de capitales del circuito productivo, que repercute en la falta de inversiones; c) evasión impositiva, cuando ha reaparecido el déficit fiscal primario; d) persistencia de un elevado porcentaje de trabajadores no registrados, que llega al 36 por ciento.
La norma establece distintos instrumentos financieros para la exteriorización de capitales: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) destinado a la compra de inmuebles o el financiamiento de la construcción y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) -que puede incluso tomar el formato de un pagaré- para financiar proyectos energéticos. También busca estimular la contratación de trabajadores en blanco y que se regularicen las deudas impositivas. Quienes se acojan a este régimen se beneficiaran con la condonación de impuestos, multas y punitorios por su evasión fiscal y, salvo excepciones, estarán exentos de informar el origen de esos fondos.
Impotencia estatal
Como todo blanqueo o moratoria, el puesto en marcha ha levantado fuertes críticas de tono moral. Por ejemplo, "se beneficia a los evasores en detrimento de los cumplidores", "hay falta de rigor en aplicar las leyes", "es una legislación a medida de corruptos y narcotraficantes", son algunas de ellas. Detrás de esta moralina se oculta lo fundamental: que todo blanqueo o moratoria es expresión de la impotencia del Estado para hacer cumplir sus propias leyes y normativas.
Una definición que se aproxime a la realidad de la legalización de capitales o moratorias impositivas podría ser aquella que lo defina como un recurso de los Estados, que en determinadas circunstancias, buscan que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, defraudación o evasión fiscal se incorporen al circuito productivo-financiero sin diferenciación alguna con el capital resultante de la acumulación según las normas legales. Es decir de aquel capital que se considera obtenido "honradamente".
Más allá de la evolución del Estado en más de un siglo y medio, este no ha perdido su función de ser el representante general de los intereses del capital. Es una construcción social que encierra la contradicción de establecer normas que luego no puede hacer cumplir. Sencillamente porque sus mandantes, léase clases dominantes, eluden esas leyes y normas una y otra vez.
Un recurso global
A partir de la crisis mundial de los años 70 del siglo pasado se constituyó una superabundancia de capital financiero que dio lugar a la llamada financiarización de la economía y con ella la creación de una serie de instrumentos financieros que permitieron una exacerbada acumulación de capital ficticio y la proliferación de los llamados paraísos fiscales. La globalización de lo que el economista español Ramón Tamames llamara mercados de reemplazo -tráfico de armas, trata de personas (no solo prostitución sino venta de niños y tráfico de órganos) y narcotráfico- (actividades todas cuyo principal problema consiste en legalizar los dineros así acumulados) completaron el cuadro que impulsó la creciente necesidad de los blanqueos a nivel global. Recurso que en los últimos años ha sido aplicado en distintas formas y con distintos resultados por países como España, Alemania, Bélgica o Italia.
Podría agregarse un cuarto mercado de reemplazo: el fútbol. Un mercado legal que mueve enormes cantidades de dinero, que trata a los jugadores como verdaderas mercancías, que recauda enormes sumas por entradas, por derechos televisivos, por el merchandising y que muchas veces las transacciones de deportistas levantan serios interrogantes acerca del origen de los fondos por lo abultado de los montos en juego.
No es la primera vez
Según el economista Horacio Rovelli, "en la historia fiscal de nuestro país, desde 1890 hasta 2001, hubo 89 moratorias nacionales de distintos calibres, las dos últimas en 1992 y 2001. (...) En la primera de ellas se blanqueó la tenencia de capitales en el exterior, la segunda fue un intento desesperado de frenar la fuga de capitales que se desató tras fracasar el plan canje de la deuda del 4 de junio de 2001".
Para continuar la serie, conviene recordar que en 2009, hace solo cuatro años, el actual gobierno ya recurrió al blanqueo con un objetivo puramente fiscal, no de repatriación, por eso solo ingresaron al país unos 600 millones de dólares, sobre un total legalizado de 4.000. Hace pocos meses se sancionó una amplia moratoria previsional, para acercar más fondos a la Anses. El blanqueo que acaba de promulgarse tiene un claro objetivo de repatriación/reinserción de capitales -según se encuentren en el exterior o en el país- con objetivos específicos: financiamiento del sector petrolero y reanimación del mercado inmobiliario.
No será la última
El impresionante número de blanqueos y moratorias, que más se duplicaría si se le sumaran las provinciales y municipales, es una muestra acabada de la señalada impotencia del Estado frente a una burguesía que está siempre "líquida". Esto es que siempre tiene una cantidad de dinero disponible para retirar del circuito productivo.
No es entonces descabellado pensar que esta no será la última vez que el Estado, más allá de quien sea el gobierno de turno, recurra a blanqueos o moratorias. Está en el ADN de nuestra burguesía y sus necesidades de acumulación de capitales.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
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