"El Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a López"
Cinco meses atrás se produjeron cambios en la causa judicial que investiga la desaparición de Jorge Julio López, secuestrado el 18 de septiembre de 2006 cuando debía concurrir a los tribunales platenses donde se estaba juzgando al ex comisario Miguel Etchecolatz. Finalmente, la Justicia accedió a separar a la policía bonaerense y a caratular el expediente como una desaparición forzada. Sin embargo, no hubo ningún avance. En los últimos días el ex ministro León Arslanián y el juez que entiende en la causa, Arnaldo Corazza, dijeron que por el tiempo transcurrido, López podría estar muerto.
Por ANRed - Sur
Desde que López desapareció cuando debía presenciar los alegatos contra su torturador, las organizaciones que componen el espacio Justicia YA! denunciaron que su caso era una desaparición forzada. Un año y medio después, la Justicia lo entendió así y la Cámara Federal decidió el cambio de carátula. "Peleábamos por esa modificación porque es justa, porque así se define jurídicamente el secuestro de Julio. Una desaparición forzada es cuando interviene el Estado", explica Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
Además, mantenían esa exigencia para que el juez adquiriera mayores atribuciones, como realizar allanamientos y escuchas a cualquier organismo del Estado sin procedimientos previos. "Por supuesto, Corazza no hizo nada: ni lo que le permite la carátula ni lo que ya tenía permitido. O sea, paralizó la causa".
Con o sin la Bonaerense, sigue la impunidad
El Juzgado de Corazza había denegado el 16 de enero pasado el recurso que presentaron los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! para exigir que se apartase de la causa a la Policía Bonaerense. Por sorteo, la apelación fue remitida a la sala I de la Cámara Federal de La Plata, donde se desempeñan los jueces Julio Reboredo, Alberto Ramón Durán y Alicia María Di Donato. Estos dos últimos, viejos conocidos de la policía bonaerense, fueron recusados por Justicia YA! por no contar con la imparcialidad necesaria para investigar estos delitos.
Di Donato perteneció a la fuerza desde 1978 a 1990, aunque ha omitido agregar esos datos al currículum con el que cuenta el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Durán acredita un largo de historial con la Bonaerense. Y si de algo no se lo puede imputar es de ser defensor de los Derechos Humanos. Años atrás, fue acusado por boicotear los Juicios por la Verdad. Se negó a secuestrar el archivo del cura castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico la información de inteligencia policial que estaba en poder de la Justicia. También, fue dada a conocer su amistad con el represor fallecido Darío Delfín Rojas, colaborador de Ramón Camps. El círculo parece cerrarse si se tiene en cuenta que Miguel Osvaldo Etchecolatz, el genocida contra el que declaró López y fue secuestrado, era la mano derecha de Camps. Asimismo, Durán se ha desempeñado desde 1985 como docente de la Escuela de Policía Juan Vucetich, centro de estudios que fue denunciado por el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. A pesar de estos antecedentes, la Cámara de Casación aún no resolvió el pedido de los organismos de alejar a estos magistrados de la investigación.
Gracias a la presión ejercida por los organismos, la Cámara Federal decidió en abril pasado cambiar la carátula de la causa a desaparición forzada y alejar a la policía bonaerense de la investigación. Los jueces fundamentaron su decisión en el supuesto de que la Bonaerense "no consiguió nada por inoperante, por inútil y no por complicidad", tal como reconstruye Calvo. Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy afirma que estos cambios en la causa fueron pensados para que nada variara: "Más allá del triunfo político que significa el reconocimiento a las denuncias que hicimos desde el primer día, éstas están planteadas como medidas para contentar a quienes seguimos reclamando justicia pero no están dispuestas para enfrentar a un aparato represivo que sigue presionando para lograr más impunidad".
Sobre el estado en que se encuentra la causa con el alejamiento de la Bonaerense y la entrada en escena de la Federal y la policía Aeronáutica, la abogada Myriam Bregman sostiene: "La suma de la Federal, la Bonaerense, la SIDE, la Policía Aeronáutica dio cero. Es decir, de ello no dio como resultado una mejor investigación sino que todo ese "esfuerzo" sumado tuvo como resultado objetivo la impunidad más absoluta".
En tanto, el juez Corazza dijo días atrás al diario Página/12 que por el tiempo transcurrido y por la inexistencia de pistas firmes se podía presuponer que López estaría muerto. Aún así se mostró optimista frente a la resolución del caso, manifestó que alguien se quebraría. Comentario más que inocente para un juez que instruye las causas contra los genocidas, quienes han logrado mantener un muro infranqueable de silencio durante 32 años. Para ejemplo basta el envenenamiento del torturador Héctor Febres, ocurrido en diciembre último antes de que pudiera hablar en los tribunales, donde se lo estaba juzgando.
Además, el magistrado reconoció ante la prensa que nunca se procedió a identificar el cadáver incinerado aparecido a días de la desaparición de López. "El cadáver de Punta Lara fue la primera señal que tuvimos de la impunidad que iba a haber en esta causa. No aparece con mucha frecuencia un cuerpo en ese lugar maniatado, quemado, fusilado y exactamente en ese momento en que fue encontrado. Estaba claro que era un mensaje, diciendo 'esto es lo que le va a pasar a López'. Sin embargo, el juez Corazza no hizo nada hasta el día de hoy", manifiesta la integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
"Las declaraciones de Corazza son deplorables. Él sabe que la causa es un fracaso total y lo ha aceptado ante nosotros así como ha admitido haber sido presionado" denuncia Calvo. Por su parte, Myriam Bregman agrega: "La causa es un fracaso porque él actuó para que así sea".
A los dichos de las últimas semanas se suma el pedido del abogado de la familia López, Alfredo Gascón, de indagar al "entorno", focalizando en los compañeros de militancia del testigo desaparecido. Consultada sobre la posibilidad de que la Justicia proceda con este requerimiento, Calvo afirmó: "El juez ha demostrado que es capaz de todo, mientras así se lo ordenen. Personalmente, pienso que la actitud de Gascón no está alejada de lo que quiere el poder". La demonización de las víctimas está en marcha y, mientras tanto, la desaparición de López sigue impune.
"Los funcionarios judiciales y políticos que deberían dar las respuestas salen a publicar suposiciones nefastas, para ir sembrando la idea de que nada sucederá en la causa y que López será un desparecido sin rastros, otro más", manifiesta Bregman. "Pero semejante reconocimiento- agrega la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)- no podían hacerlo sin buscar un chivo expiatorio y lo encontraron: es la víctima y sus compañeros de militancia. "Algo habrán hecho". La responsabilidad no es del genocida, mucho menos de aquellos que le otorgan impunidad. Se va corriendo la responsabilidad y los que terminan dando explicaciones son aquellos que luchan por terminar con esa impunidad".
"Aparición con vida. El gobierno es responsable"
Desde el primer día de la desaparición de Julio López, los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! denunciaron que la policía bonaerense había estado involucrada en el secuestro, la misma fuerza que durante la dictadura había comandado el ex comisario Miguel Etchecolatz. Más de un año de pruebas montadas y pistas frustradas, terminaron alejando a la Bonaerense de la investigación.
En diciembre de 2006, un corresponsal de la agencia alemana DPA relató que una funcionaria de mediana jerarquía del Ministerio de Justicia habría confirmado que López había sido asesinado e incinerado. Con esos dichos quedaría en evidencia que tanto el gobierno nacional como el provincial manejaban certezas acerca del destino de López.
En los últimos días, León Arslanián declaró ante la prensa que probablemente López esté muerto. "Es increíble que base esa aseveración en el hecho de que la investigación ha sido muy minuciosa y que no ha arrojado ningún resultado. Sabe que esa causa es el monumento a la impunidad y es el único fundamento que da para decir que Julio fue asesinado", afirma Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
El ex ministro de Seguridad bonaerense había reconocido pocos días después del secuestro del testigo clave contra Etchecolatz que había sectores enteros de la policía bonaerense que no podían ser controlados por el gobierno de Felipe Solá y que más de 9000 efectivos que revistaron durante la dictadura seguían en actividad. La policía bonaerense contó con el aval de los jueces que delegaban operativos completos, cuando esa institución era la denunciada.
El mismo juez de la causa, Arnaldo Corazza, reconoció que el ex ministro Alberto Iribarne fue responsable del primer operativo frustrado en Marcos Paz, penal donde están alojados Etchecolatz y otros genocidas. El magistrado declaró que no había tomado cartas contra el ex titular de la cartera de Justicia nacional porque su "función no era voltear ministros". Tampoco, las tomó con los agentes penitenciarios acusados de haber obstaculizado la investigación, a quienes les dictó el mes pasado la falta de mérito .En relación a estos dichos, Calvo sostuvo: "No era su misión hacer justicia; tampoco lo era denunciar al ministro responsable de que los presos se hayan enterado tres días antes de que iba a haber una requisa". Todo parecería indicar que ni el poder judicial ni el ejecutivo están consustanciados en resolver la investigación.
"Está más claro que nunca que el Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a López y me atrevo a decir más, que deben saber qué sector y con el apoyo de quién secuestró a López", hace público Calvo. Además insiste en que pactaron que los responsables no aparecieran a cambio de la gobernabilidad de las fuerzas. "Eso fue lo que nos dijo Solá en los primeros días de la desaparición", reconstruye.
Por su parte, la abogada de Justicia YA! Myriam Bregman también afirmó que existe un muro incólume de impunidad. "La desaparición de Julio- sostiene Bregman-vino a poner en la superficie algo esencial del sistema político argentino y del modo en que se desarrollan los juicios actuales por crímenes de lesa humanidad: que no se va a avanzar contra los miembros de las fuerzas represivas que están en funciones. Hay un pacto implícito que indica que no se avanza contra aquellos, más allá de algún caso marginal".
El mismo horror, el mismo grito
"Aparición con vida y castigo a los culpables", se escuchaba cuando las columnas avanzaban desde el Congreso a Plaza de Mayo en esa primera marcha de septiembre de 2006, a días de la desaparición de López. Pasaron dos años y el reclamo sigue siendo el mismo. "Hace dos años estábamos golpeando la puerta del juzgado provincial, pidiendo que nos tomaran declaración. Por favor, pedíamos porque nosotros sabíamos por qué Julio había sido secuestrado y quién tenía interés y capacidad para secuestrarlo. Nadie nos escuchó. A partir de ahí comenzamos a gritarlo públicamente en todos los micrófonos que pudimos, que nos pusieron delante y cuando no nos pusieron micrófonos, lo escribimos, lo volanteamos o pintamos en las paredes, en las banderas de nuestras marchas, lo dijimos en los actos", relata Adriana Calvo.
Fueron dos años de marchas, de denuncias, de discursos. Dos años con el mismo horror, acusando a la impunidad de los secuestradores de López y al encubrimiento gubernamental. Como todos los 18, las mismas voces volverán a hacer oír su reclamo, ese grito que desgarra como hace más de treinta años atrás: "Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables".
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