La nueva normativa debería fijar la relación entre el Estado, los gobiernos y los medios. Y defender el derecho a la comunicación social en la comunidad. La oposición aprovecha su condición y el oficialismo se llama a silencio.
En el punto más ríspido de la disputa entre el Gobierno nacional y el sector ruralista, la Casa Rosada reflotó una vieja deuda de la democracia: sancionar una ley de radiodifusión que reemplace a la polémica 22.285 del período dictatorial. Sin embargo, ese impulso inicial se ha ido aplacando y desde hace tres meses se espera que el articulado ingrese al Congreso.
"El debate de la ley de radiodifusión ha nacido como parte del conflicto con le campo; no es ese un origen feliz y, para peor, se ha planteado en términos de te gano un artículo o te gano otro", comentó Henoch Aguiar, especialista en comunicación y docente de la UBA, al relacionar el complejo entramado político puesto en juego: oficialismo versus oposición, y el Gobierno contra los medios. "Me animaría a decir que si dejan de tomar a la ley como un River-Boca, se podría marcar un gol compartido; éste es un debate que hace a la esencia de la comunidad", completó.
En lo fundamental, la futura ley de radiodifusión debe, necesariamente, contemplar tres aspectos: regular derechos (a la comunicación social), tener ingerencia sobre garantías (libertad de expresión) y regular condiciones técnicas y jurídicas. Pero, más aún, la normativa fijará la relación entre el Estado, los gobiernos y los medios.
No es la primera vez que un proyecto de estas características parece a punto de llegar al Congreso. Desde el regreso de la democracia, han fallado sistemáticamente los intentos por reformular la ley de radiodifusión en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde; y durante la presidencia de Carlos Menem ni siquiera se intentó llevar el tema al Parlamento pero fue la administración que más modificó la 22.285, decretos mediante.
"Mal se habla de la ley de los militares porque lo que hoy tenemos es la ley que hemos ido esculpiendo con martillo y decreto - graficó Aguiar -; desde el '83 en adelante no hubo suficiente voluntad política para impulsar un proyecto en serio, y al mismo tiempo, desde el sector privado se percibió que es preferible seguir reinterpretando las reglas junto a un interventor del Comfer o un Poder Ejecutivo amigo."
Pero en los gobiernos kirchneristas la relación entre el poder político y los medios de comunicación ha sido por demás ambivalente, con momentos de sintonía y otros de choque abierto y descarnado. De este vaivén, precisamente, salió el último intento de avanzar sobre radiodifusión, aunque, hasta ahora, no pasó de amague.
Según deslizó el diario "Critica de la Argentina" en un artículo del mes pasado, en las últimas semanas una serie de reuniones entre el ex presidente Néstor Kirchner y Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aquietó las aguas. Y la demora en la llegada de la ley de Radiodifusión al Parlamento ya levantó suspicacias desde la oposición.
"Son los rumores que se corren y uno no quiere prejuzgar, pero cuando lee un poco y hace memoria sobre la conducta de ciertos actores, hay buenas sospechas para pensar siempre lo peor - dijo el diputado Fernando Iglesias (Coalición Cívica) al ser consultado por la demora del proyecto - rumores que vienen rodando desde hace meses, que se hacen más fuerte cuando el Gobierno se pelea con los medios concentrados y se debilitan, como ahora, cuando parecen que llegan a un acuerdo".
21 puntos
Hasta el momento, de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo sólo se conocen "los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación", una suerte de principios sobre los que debería descansar el proyecto. En ellos se plantea la pluralidad informativa, la desconcentración y se privilegia la libertad de expresión, con los cuales los partidos de la oposición dicen acordar pero se reservan dudas sobre cómo se los instrumentará. "Los 21 puntos están muy bien, pero de ellos puede salir una muy buena ley o un desastre. El diablo se esconde en las comas, una palabrita de más o una palabrita de menos destroza la ley", opinó Aguiar.
Sucede que lo que está en juego es un derecho de la comunidad que constantemente entra en conflicto con los intereses político partidarios y, fundamentalmente, económicos. "Un valor fundamental para las sociedades modernas es el derecho a ser una sociedad informada; nada sirve mejor al desarrollo democrático", explicó la periodista y diputada cordobesa Norma Morandini en un reciente seminario desarrollado en el Congreso de la Nación. "Los medios de comunicación no pueden ser equiparados con una empresa que fabrica vasos porque el producto es lo que las diferencia", dijo argumentando la necesidad de tratar una ley de radiodifusión integral y no como una regulación más.
Concentración
La posesión de los medios de comunicación da una cuota de poder nada despreciable si se tiene en cuenta que, como dice Morandini, "la política y la prensa se legitiman, mal, por los números: la política mira las encuestas, y la TV el rating", despreciando, ambas, a la ciudadanía. Lo cierto es que mientras oposición y oficialismo hablan de pluralidad y desconcentración, en Argentina son dos o tres los grupos económicos que manejan la agenda de temas de interés. Y la futura ley de radiodifusión parece depender, precisamente, de los vaivenes en la relación entre los gobiernos de turno y estos conglomerados mediáticos.
La original ley 22.285 limitaba en cierta medida la cantidad de frecuencias (de radio y tv) que podría tener un licenciatario, sin embargo, posteriores decretos de Carlos Menem ampliaron ese número generando las facilidades para que algunos grupos salgan beneficiados. Desde entonces, según un trabajo de la CTA, diecinueve multimedios dominan más del 70 por ciento de los medios de comunicación de la Argentina y, en definitiva, son quienes determinan la información que se recibe (y aquella que no).
El Grupo Clarín es el principal, seguido por otros como La Nación, AMICH (del que participaría Raúl Moneta), TyC, ADMIRA (ex Telefónica de España), América Multimedios, Grupo Uno - Vila /Manzano, Hadad, Liberty, Prisa, Atlántida, Recoletos, CIE, Héctor García, Grupo Aldrey Iglesias, Editorial Televisa. Y por si fuera poco, muchos de ellos se cruzan entre sí.
"En Argentina hay 13 diarios de tirada nacional, entonces, pluralidad, tenemos - aseguró la diputada nacional Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja - lo que sí hay es concentración, y hay que tender a la desconcentración", explicó. Según la legisladora, la única manera de cambiar la situación es "con una reforma creíble, donde todos sientan que son parte de la discusión y, por sobre todas las cosas, se intente favorecer a los medios chicos, esas voces que no tienen la misma capacidad de ser escuchadas porque no reciben el respaldo de los grandes anunciantes".
Consultado al respecto, Henoch Aguiar remarcó que no es lo mismo monopolio que concentración: "En Buenos Aires, entre los canales de cabecera, lo grandes diarios y las FMs y AMs, tenemos cierto nivel de competencia - con concentración por parte de Clarín de casi el 50 por ciento del cable - pero siempre hay alternativas para escuchar otras voces; el problema es que sobre esa diversidad viciada de concentración, en las capas más locales (las provincias) tenemos lugares donde un grupo empresario aliado a un grupo político pasa a ser el titular de los medios dominantes." Tal es el caso de Vila/Manzano en Mendoza o CIE y Clarín en otros distritos.
LA ARENA
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