Mariano Vázquez (ACTA)
Los diputados de la Comisión de Legislación Laboral pudieron comprobar ayer la política antisindical que practica en la Argentina el gigante del mercado minorista mundial. “Wal Mart no presenta ningún dilema moral a la hora de abortar cualquier intento de organización”, afirmó Gustavo Córdoba despedido sin causa el 14 de marzo de este año. “Esta empresa es conocida en el mundo por su persecución a todo trabajador que tenga actividad sindical, se encuentre afiliado al sindicato o simplemente manifieste cualquier compromiso”, detalló el dirigente de la CTA y legislador Claudio Lozano.
La convocatoria realizada por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados se dio a instancias de dos proyectos de Resolución. Uno, el de Santiago Ferrigno expresa 'su preocupación por la situación de desprotección laboral y por las prácticas de persecución sindical implementadas por la empresa Wal Mart Argentina, así como la participación en sus cargos directivos de ex miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la última dictadura cívico-militar'. El otro, de Lozano habla de “despidos discriminatorios antisindicales y otras graves violaciones a la libertad de asociación y la libertad sindical” y además pide la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para que envíe “un cuerpo de inspectores funcionarios de dicha cartera laboral” a las sucursales de la firma de capitales norteamericanos. Esta situación fue denunciada el 27 de marzo por ACTA.
Por decisión de Héctor Recalde, presidente de la Comisión, se consideró “prudente” que los trabajadores no estuvieran presentes durante la exposición de la patronal, por lo que los delegados fueron citados a las 9 y los representantes de los empresarios a las 11. En primer lugar, la parte trabajadora concurrió con los delegados de la sucursal Avellaneda y Gustavo Córdoba, despedido el 14 de marzo pasado por organizarse sindicalmente. Allí le entregaron a los integrantes de la Comisión legislativa un escrito de cuatro carillas en el que denuncian los distintos atropellos cometidos por Wal Mart en el país.
“Los empleados de la empresa Wal-Mart Avellaneda, no tenemos acceso a la libre sindicalización, aunque esta diga que en la mayoría de sus sucursales hay delegados y en las que no, porque el sindicato local no se acercó a reclamar su derecho”, indica uno de los párrafos del escrito. “La presencia de delegados no significa que los trabajadores podamos hacer valer nuestros derechos. Desde que Wal Mart llegó a la Argentina la representación sindical estuvo en `estado vegetativo’, desde siempre, una prueba de ello es la situación de desprotección en la sucursal de Constituyentes, ya que después de 11 años los compañeros de esa sucursal recién van a votar a sus primeros delegados”.
También explica la nota que puertas adentro de la empresa no existe “una legislación que nos proteja de los actos lesivos contra nuestra decisión de organizarnos, porque aunque existen leyes, convenios de la OIT y la misma Constitución Nacional que nos provee de cobijo, Wal-Mart deroga el artículo 14, y lo remplaza por su Cultura corporativa, por unos principios éticos que no consideran la discriminación sindical un delito, entonces quienes tenemos la necesidad de formular cualquier tipo de reclamo laboral, somos terroristas, según la escala de perfiles que manejan sus manuales de capacitación de gerentes”.
El escrito también da cuenta de casos puntuales de abuso patronal, que van desde despidos injustificados, discriminación y precarización laboral. El listado de violaciones es enorme, por ejemplo: arbitrariedades en el tema contratos, presentismo, accidentes de trabajo, convenio colectivo de trabajo, obra social, discriminación de género, etcétera. Wal Mart, en 2004 integró la lista de las “diez peores corporaciones” que anualmente elabora la prestigiosa revista estadounidense Multinational Monitor.
Manual de excusas
Dos horas después le tocó el turno a los representantes de la dirección de Wal Mart. Allí, neciamente, negaron el ejercicio de prácticas antisindicales. Sus directivos argumentaron que en los locales hay personal afiliado al sindicato y tienen un total 31 delegados gremiales. Ante esta afirmación Lozano ironizó: “¿Treinta y un delegados para 5800 empleados?”.
El dirigente de la mesa nacional de la CTA Daniel Jorajuria, fue también contundente al respecto “la denuncia de los trabajadores quedaron absolutamente comprobadas y las explicaciones de la empresa carecieron de sustento”. Wal Mart Argentina también defendió la designación como máxima autoridad de Seguridad del militar retirado del Ejército Alfredo Oscar Saint Jean (h.), que se desempeñó durante la última dictadura en destinos como Tucumán, bajo las órdenes del general Antonio Domingo Bussi y luego en Bahía Blanca, Tandil y Azul, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención.
Al respecto, Lozano dijo: “Wal Mart, como tantas otras empresas, viene a usufructuar los efectos de una historia de Terrorismo de Estado y debilidad de los trabajadores. Salarios bajos, condiciones precarias, trabajadores jóvenes sin experiencias laborales previas pero principalmente sin antecedentes de actividad sindical o política, de ningún tipo. Paradójicamente, la cultura antisindical de Wall Mart se ve bendecida y potenciada por la contratación para su nivel gerencial de mano de obra proveniente de las fuerzas armadas, con toda la carga nefasta que eso implica para la memoria de los militantes sindicales, teniendo en cuenta la historia reciente de la Argentina”.
El dirigente ceteatista también manifestó que “es notorio que este honorable cuerpo legislativo, como máxima expresión del sistema republicano democrático, no puede desatender reclamos de los sectores más débiles de la sociedad que peticionan apoyo institucional ante prácticas abusivas o groseramente lesivas de las libertades públicas y derechos fundamentales, como se trata, en este caso, del derecho de sindicalización y las libertades de asociación y de organización sindical, garantizadas por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, investidos de rango superior a las leyes (artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna”).
En esa línea, Recalde pidió ayer a la empresa la reincorporación de Córdoba y Sergio Schmidt, dos trabajadores despedidos “sin causa” de la sucursal Avellaneda, pero cuya razón fue organizarse gremialmente.
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