A cinco años de la masacre de Avellaneda.

Se renovó el reclamo de justicia.

Hubo reclamos de justicia al Gobierno de Néstor Kirchner. Familiares y agrupaciones piqueteras sostuvieron que sólo hubo castigo para los que apretaron el gatillo

Los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante una marcha por reclamos sociales en julio de 2002 en Avellaneda (al sur de la ciudad de Buenos Aires) tienen aristas que aún no fueron esclarecidas.

El 26 de junio de 2002, varias agrupaciones piqueteras cortaron el Puente Pueyrredón -uno de los ingresos a Buenos Aires- en demanda de mayores subsidios sociales y puestos de trabajo. La respuesta fue una violenta represión policial que dejó como saldo decenas de heridos, más de cien detenidos y la muerte de Darío Santillán, de 21 años, miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados y Maximiliano Kosteki, de 25, integrante de la Coordinadora Aníbal Verón.

A cinco años de la “masacre de Avellaneda”, que ocasionó que el entonces presidente Eduardo Duhalde adelantase las elecciones así como la asunción del mandatario que debía sucederle, y que culminaron con Néstor Kirchner en el sillón de Rivadavia, no están definidas las responsabilidades políticas.

Durante el acto conmemorativo realizado en el lugar de los hechos, las organizaciones piqueteras denuncian que sólo están presos los que apretaron el gatillo. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta fueron los únicos acusados del crimen de los piqueteros. La defensa de los policías fue decir que se trató de un enfrentamiento entre grupos piqueteros. Pero luego, debieron cambiar la versión debido a fotografías y videos tomados por periodistas en el lugar.

Los registros visuales y las pericias en el juicio condenaron a prisión perpetua a Fanchiotti y Acosta en el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora, y además determinaron que se trató de "un fusilamiento" por disparos de una escopeta calibre 12.70, ejecutados a 10 metros de distancia.

El Frente Popular Darío Santillán, que aglutina a decenas de movimientos piqueteros de varias provincias, denunció que Alfredo Fanchiotti recibe un tratamiento "VIP" en la celda de la Unidad 25 del Penal de Olmos, donde cumple su condena.

Es por eso que militantes y familiares de las víctimas exigieron “cárcel común, perpetua y efectiva a estos criminales”. El vocero del Frente, Pablo Solana explicó que “se debe profundizar la investigación sobre el ex presidente Duhalde, el ex jefe de la SIDE (Secretaría de Informaciones del Estado) Carlos Soria, el ex secretario de Seguridad Juan José Álvarez y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof”. Criticó además la impunidad de la que gozan.

“Salvo el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, Álvarez y Duhalde, el resto de los funcionarios del aquel gabinete duhaldista está reciclado en el kirchnerismo- afirmó-, incluido Aníbal Fernández, que fue secretario general de la Presidencia y hoy es ministro del Interior”.

Actualmente, Carlos Soria es intendente de la ciudad rionegrina de General Roca, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, es juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y Atanasof cumple funciones en el Mercosur.

En tanto, los actos conmemorativos alcanzaron también al docente Carlos Fuentealba asesinado durante una protesta de maestros en Neuquén en abril último y Jorge Julio López, desaparecido hace más de nueve meses en la ciudad de La Plata.

Los homenajes incluyeron críticas al gobierno nacional. Vanina Kosteki, hermana del manifestante asesinado, sostuvo que “el Gobierno nacional no quiere escuchar el reclamo de los familiares de las víctimas, que a cinco años seguimos pidiendo que se termine con la impunidad y se avance en el juicio y castigo contra los responsables políticos, algunos de los cuales forman parte de los actuales Gobierno nacional y provincial”.