El gobierno libertario se apresta a la venta de mas de 200 inmuebles emplazados en el país y en el exterior que hoy pertenecen al Estado argentino. Milei, a instancia de Santiago Caputo, ha ordenado la venta de inmuebles de carácter público con el fin de recaudar unos mil millones de dólares. Si bien Milei ya había anunciado que iba a “privatizar todo lo que se pueda privatizar”, el apuro por las tierras fiscales obedece a la sequía de divisas extranjera.
Con la Ley Bases en la mano, Milei normalizó el “silencio positivo” que incumbe, entre otros, a las tierras e inmuebles de carácter estatal y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Por medio de esta herramienta “se autorizan automáticamente trámites administrativos ante la falta de respuesta del Estado” (El Agora, 26/82024). En otras palabras, “la normativa original (Ley de administración Pública de 1972) indicaba que en caso de que el Estado no expresara una respuesta luego de 60, esta se interpretaría automáticamente como negativa. Ahora el razonamiento será el opuesto, si el estado no responde, el silencio será positivo. Una habilitación legal a la medida de quienes buscan hacer negocios con el patrimonio estatal” (Idem). La “Patria Inmobiliaria” se frota las manos ante la dádiva del gobierno nacional, que de esta manera habilita un meganegociado inmobiliario, que, además, no podrá ser puesto en cuestión, encareciendo el precio de la tierra y volviendo más asfixiante la situación de inquilinos y hacer, casi inaccesible la vivienda propia.
El ente estatal encargado de viabilizar esta iniciativa es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encabezado por Nicolas Pakgojz exfuncionario de Larreta en CABA y a quien “vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain” (Pagina 12 26/8/2024). El DNU 636/24 le otorga a la AABE “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional.” Desde el gobierno nacional aseveran que saldrán a remate aquellos inmuebles que se encuentran en desuso. Pero desde la AABE se ha pedido informes a los diferentes ministerios para que aporten información sobre la cantidad de inmuebles y terrenos que tienen bajo su dependencia. En la mira se encuentran terrenos ferroviarios, de universidades, dependencias del INTI y Tecnópolis. Nos encontramos en presencia de un desguace anunciado de propiedad estatal que no deberán pasar por el Congreso, sino que se van a implementar por medio de diferentes DNUs, un camino, que ya en su momento, había comenzado Macri, quien entre 2016 y 2019 habilitó 71 procesos de venta, la mayoría en CABA y solo uno se llevó adelante por licitación pública, por lo cual recaudó cerca de 700 millones de dólares.
Milei, al igual que Macri, se vale del decreto-ley 1382/12, promulgado por Cristina Kichner por el cual se creo la AABE, facultando al organismo a centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, teniendo la última palabra el Congreso o el Ejecutivo. Macri se valió de este vacío legal y tomando un decreto de la ultima dictadura militar que depositaba en el Poder Ejecutivo la decisión final. El gobierno libertario ha tomado como base el decreto de la dictadura, le da más injerencia a la AABE. Así, cada gobierno representa un peldaño más en el desguace de propiedades estatales, favoreciendo a los grandes conglomerados inmobiliarios y recaudando dólares para el pago de intereses de la deuda externa. Milei lleva al extremo estas tropelías facultando al jefe de Gabinete a aprobar ventas de inmuebles que no superen los 1.500 millones de pesos.
Las Fuerzas Armadas también han sido exhortadas a realizar un inventario de las propiedades que están bajo su control, lo que despertó resquemores en la cúpula de las fuerzas, que mantiene una tensa relación con el gobierno liberticida, que oscila entre el apoyo y la desconfianza. Se calcula que “el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3000” (Idem). Entre los predios de las Fuerzas Armadas que se pondrían a remate se encuentran el Campo Hípico Militar, el Regimiento de Patricios, Veterinaria del Ejército, el Regimiento de Granaderos, el edificio del Círculo de las fuerzas Armadas y predios de Fabricaciones Militares, como la sede de Rio Tercero. De concretarse la venta de estos y otros inmuebles, los resquemores entre las FFAA y el gobierno se verían agudizados y puede avizorarse una escalada de la crisis de la dupla presidencial.
Los libertarios buscan, por un lado, una caja fácil de recaudación de dólares y, por el otro, dar vía libre a los negociados inmobiliarios con la anuencia de todo el régimen político, que en todas las legislaturas del país cierra filas en beneficio de la “Patria Inmobiliaria”. En un país cruzado por la pobreza e indigencia, en el que los costos de alquiler socavan los ya derruidos salarios, reforzando de esta manera el déficit habitacional que recae sobre las familias trabajadoras, haciendo del hacinamiento la regla. Desde Política Obrera promovemos una perspectiva socialista para derrotar el régimen privatizador, en este caso de tierras publicas que hace subir el precio por metro cuadrado, a través de autoconvocatorias que se conviertan en órganos barriales y tengan como programa auditar sobre las tierras fiscales y destinarlas la construcción de viviendas sociales por medio de un plan de obras publicas bajo control obrero.
Lucas Giannetti
31/08/2024
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