El dato de inflación de agosto es desalentador para el gobierno, en tanto que no logró perforar el piso del 4% y hasta superó el guarismo de julio. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata del único índice que la gestión actual podía presentar como “auspicioso”, en medio de un derrumbe sin precedentes de la actividad económica, caída del consumo y aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia.
Por un lado, en el afán de sostener el superávit fiscal para congraciarse con el FMI -haciéndole pagar el ajuste al pueblo- el oficialismo procedió a reducir subsidios al transporte y a la energía, compensando el recorte con aumentos en las tarifas de los servicios; razón por la cual la inflación en los rubros “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” y el de “Transporte” superaron el índice general. Como vemos, el plan fondomonetarista es un obstáculo infranqueable para las pretensiones oficiales de alcanzar la inflación 0%.
A su vez, hasta la inflación núcleo agosto (que no incluye precios regulados ni estacionales) se mantuvo en el 4,1%, lo cual establece un piso alto para los próximos meses, disipando cualquier posibilidad de desaceleración. Lo anterior configura un problema para Milei ya que se profundiza el atraso cambiario, y, por lo tanto, crece la presión devaluatoria por parte de un sector de la clase capitalista. El ejemplo más claro es el agro, que al ver disminuido el tipo de cambio multilateral (la tasa de inflación supera a la de devaluación) se resistirá aún más a liquidar la cosecha, agravando la crisis de reservas del Banco Central.
Recordemos que el gobierno busca dilatar lo más posible una devaluación, ya que la estampida inflacionaria que desataría lo pondría contra las cuerdas.
Recordemos que el BCRA está logrando contener la brecha cambiaria de manera provisoria, a costa de dilapidar reservas vendiendo dólares en el mercado paralelo. Sin ir más lejos, en lo que va de septiembre la entidad acumula un saldo negativo de U$S 53 millones. Esto pone en cuestión la capacidad de hacer frente a los los abultados vencimientos de deuda externa durante el 2025, lo cual acrecienta la presión devaluatoria por parte del Fondo Monetario.
Ante el estado negativo de las reservas (por el acopio del agro, la fuga constante de divisas y la ausencia de crédito internacional), sumado a la política de tarifazos permanentes, el oficialismo recurre a la disminución del Impuesto País como medio para mitigar la inflación. Lo anterior, no obstante, si bien abarata las importaciones, no garantiza que las patronales importadoras trasladen esos menores costos a los precios finales. Además, esa medida genera contradicciones en el rumbo económico: por un lado, estimula la demanda de dólares oficiales agudizando la crisis de reservas y, por otro, afecta la recaudación tributaria poniendo en peligro el mentado “equilibrio fiscal”. Asimismo, suscita choques al interior de la clase capitalista, ya que la industria ve en esa iniciativa un riesgo de dumping.
La imposibilidad del gobierno en aplacar la inflación revela como falsa su promesa de que la misma se solucionaría restringiendo la emisión monetaria. Esa política solo ha conducido a un feroz ajuste contra la población trabajadora (en especial los jubilados) y al traslado de deuda del BCRA al Tesoro, agravando la hipoteca de este último. Tampoco se ha eliminado la inflación manteniendo a raya los salarios; los topes salariales promovidos desde el Ministerio de Economía lo único que han garantizado es una transferencia de $18,6 billones desde el bolsillo de los asalariados al de los capitalistas en los primeros cinco meses del año, según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía en base a datos oficiales.
De esto último se desprende la necesidad de romper el techo salarial del 2% anunciado por Caputo y luchar por aumentos indexados a la inflación y recomposición de lo perdido, partiendo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. La huelga general es el único camino para derrotar la ofensiva del gobierno.
Sofía Hart
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