Una constante en todas fue el señalamiento de que la ley sería vetada al igual que la ley jubilatoria. No obstante, ninguno llevó el paralelismo a fondo, colocando la posibilidad de que, al igual que diputados votó a favor y luego apoyó el veto, ahora suceda lo mismo con la Ley de Financiamiento. Tampoco explicaron por qué razón subordinaron la lucha universitaria a una ley que, como ellos aceptaron, tiene los días contados.
Ante la posibilidad del veto, adujeron que entonces se pondría en marcha la convocatoria de una segunda marcha universitaria. Pero justamente el objetivo de la ley fue llevar a un impasse al movimiento de lucha universitario, poniendo en suspenso la nueva edición de la marcha, originalmente fechada para la segunda semana de septiembre.
Es lo que dejó en claro el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, negando una nueva movilización a Plaza de Mayo, y en su lugar ponderando el reclamo al Congreso que un día antes avaló el veto a los jubilados: "si el presidente llega a vetar la ley, seguramente cuando el Congreso esté sesionando vas a tener a la sociedad movilizada" (Página /12, 13/09). Fue lo que sucedió con la ley jubilatoria, y sin embargo Diputados avaló el veto. La movilización debe ser a Plaza de Mayo contra el gobierno de Milei.
En la misma línea de advertir y llamar a la reflexión al gobierno se expresó Ileana Celotto de AGD-UBA: “espero que el Presidente haya escuchado lo que se viene diciendo desde cada uno de los sindicatos docentes y no docentes […] Si veta la ley, vamos a salir a enfrentar ese veto y se va a tener que bancar una nueva gran movilización nacional de todo el país, como fue la del 23 de abril” (Página /12, 13/09). Es la línea que defiende enchalecar el conflicto en la vía parlamentaria, evitando una confrontación de conjunto contra un gobierno inviable con la continuidad de la cursada.
El objetivo de las organizaciones convocantes, especialmente la UCR y el PJ que dirigen la UBA y su federación, nunca fue preparar las condiciones de una nueva movilización y la derrota del gobierno, sino dilatar el conflicto y neutralizarlo, en la comprensión de que una lucha a fondo pone en peligro, en primer lugar, la estabilidad de sus negociados con la universidad pública.
Toda la reserva de lucha y la disposición combativa de docentes y estudiantes debe ponerse en función de garantizar la continuidad de acciones de lucha independientes en todas las universidades, y no supeditarse al reclamo a un Congreso que el día anterior mostró su verdadero rostro: una pata fundamental en el sostenimiento del gobierno liberticida.
Facundo Perales Noya
13/09/2024
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