martes, 10 de septiembre de 2024

Blanqueo y lavado de dinero: Argentina, paraíso fiscal


El 30 de septiembre termina la primera etapa del blanqueo decretado por Milei según el cual se pueden declarar activos no registrados, sin límite de monto, y sin pagar multas ni impuestos especiales -bajo ciertas condiciones- abriendo una Cuenta Especial para la Regularización de Activos (CERA).
 Estos activos están exentos del Impuesto Especial, si permanecen en la CERA hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que si se transfieren antes, se retendrá un 5%. 
 El planteo estipula tres etapas con alícuotas decrecientes -en el peor de los casos, si no cumplen con determinadas condiciones. La alícuota es del 5% hasta el 30 de septiembre, del 10% hasta el 31 de diciembre y del 15% hasta el 31 de marzo de 2025. 
 Pero no estarán sujetos al pago de impuestos aquellos que regularicen bienes o tenencias por un valor de hasta 100.000 dólares. Tampoco quienes inviertan los activos en las propuestas de inversión sugeridas por el gobierno.
 Por lo tanto, el blanqueo puede ser absolutamente gratis, sin gravámenes. Ni siquiera penaliza a los que se acogieron al blanqueo de Macri y ahora vuelven a reincidir. El liberticida de Milei llama “héroes” a estos evasores por partida doble – entre ellos, integrantes del delito organizado que aprovechan estas medidas para lavar dinero proveniente del narcotráfico o de la trata.
 Tras la excusa de la necesidad de ingresar dólares, se esconde la demanda de los grandes capitalistas de blanquear y lavar dinero cuando gran parte de sus negocios y de la economía en general funcionan en negro, con ganancias al menos dibujadas. Este blanqueo es análogo a la reforma laboral que legaliza el trabajo no registrado eliminando las multas. 
 El decreto también permite adelantar el pago de Bienes Personales por cinco años, con una alícuota anual de 0,45%, un regalo. Además, se les garantiza hasta ¡2038! el congelamiento de la alícuota, un blindaje contra cualquier cambio de gobierno que agrava a futuro el vaciamiento del Tesoro. 
 También libera a los que ingresen al blanqueo de cualquier acción civil y penal por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas; y establece que no se apliquen las presunciones del incremento patrimonial no justificado. Es una impunidad total. En las últimas semanas se incrementaron las desregulaciones sobre la identidad de las personas que abren las CERA, lo cual incrementa aún más las ventajas para los activos de origen criminal.
 Sin embargo, a pesar de que este es el blanqueo “más generoso de la historia”, no promete ni llegar a los talones del de Macri que logró capturar 110 mil millones de dólares. Los analistas más optimistas avizoran 20 o 40 mil millones, constituidos principalmente por pequeños ahorristas. Pero la mayoría de los observadores no vislumbran más de 15 mil millones de los cuales el Estado no cobrará nada. Lo único que puede abultar el monto es el reciente acuerdo de información tributaria entre Estados Unidos y la AFIP, el cual involucra a los fondos fugados a Estados Unidos -que no adhirieron al blanqueo de Macri por no existir dicho acuerdo y, por lo tanto, no tener necesidad de hacerlo. 
 Por estas medidas, la Argentina quedó en las miras del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Los especialistas de este organismo que depende del G8 alertaron sobre la posibilidad de que la Argentina entrara en una lista gris y sea declarada paraíso fiscal para los capitales de origen incierto. El GAFI ya había prendido las alertas por el RIGI al declarar que es una puerta de acceso camuflada “con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad".
 De este blanqueo, el gobierno solo pretende obtener una entrada de capitales en condiciones de total volatilidad, cuando la única pena por retirarse antes de tiempo es un gravamen del 5%. En el blanqueo de Macri el gravamen, obligatorio, era del 10. La medida no blinda al gobierno de una fuga de capitales de proporción semejante al blanqueo.

 Aldana González 
 10/09/2024

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