El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, manifestó en una entrevista que la responsabilidad por la falta de aportes sociales y previsionales de un trabajador corresponde al trabajador -y no al patrón que no realizó los mismos- por no denunciar a su empleador ante esta situación. Se trata de un gobierno que considera que los males del país son responsabilidad de los trabajadores, y no de los capitalistas y especuladores que ellos defienden y benefician con sus políticas, hundiendo a millones en la miseria.
Los dichos de Francos tuvieron lugar en un diálogo con un periodista de El Destape, quien atónito ante el interrogante del funcionario nacional, quien señaló “¿ese trabajador por qué no fue y denunció al empleador que le hizo aportes?”, tuvo que responder una obviedad manifiesta y de público conocimiento: “Porque lo echa, Francos”.
La mención venía a cuento del discurso del jefe de Gabinete contra los jubilados que accedieron al sistema previsional por vía de moratorias, responsabilizando a los mismos por el desfinanciamiento del sistema.
Las declaraciones del jefe de Gabinete llaman la atención respecto al “desconocimiento” del mundo del trabajo o de la mezquindad de quienes integran este gobierno: como Francos no es ningún tonto los inclinamos más por lo segundo.
Es sabido que el trabajador se encuentra en una situación asimétrica y de vulnerabilidad frente a su empleador, quien además es asignado por el Estado como agente de retención de los aportes sociales y previsionales, incluso de impuestos como Ganancias, que se aplican sobre los salarios de lista.
En muchos casos las patronales retienen y no realizan los aportes correspondientes, lo que es lisa y llanamente un robo directo a los trabajadores; mientras que por el otro existe un alto porcentaje de empleo no registrado, sin ningún aporte, que el Estado deja pasar. En estas situaciones el trabajador casi que no cuenta con derechos laborales, siendo el reclamo formal una vía de despido directo.
El gobierno es tan mezquino y servil hacia las patronales que no solo no apoya al trabajador en la supuesta orientación de denunciar a los empleadores en falta, sino que acaba de eliminar -con la Ley Bases- las indemnizaciones que favorecían al trabajador –dándole algún soporte económico ante el despido inminente- ante las denuncias por trabajo no registrado o parcialmente registrado.
El régimen instaurado es el de consecuencias nulas para el empleador que vulnere la ley, favoreciendo la informalidad laboral. Por otra parte, el trabajador que ahora quiera denunciar a sus empleadores por trabajo no registrado solo tiene garantizado el despido, la desocupación y la pobreza: entonces ¿qué quiere Francos?
Francos esconde otra realidad significativa que es que el desfinanciamiento de la Anses tiene más que ver con el vaciamiento de los sucesivos gobiernos –incluso el actual que pretende adueñarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- y con la disminución de los aportes patronales y la falta de controles hacia la empresas, lo que mantiene parte sustancial del mercado laboral en la informalidad.
Cabe señalar, además, que cuando los trabajadores se organizan sindicalmente para revertir esa relación asimétrica donde son sometidos y reclamar por sus derechos, el gobierno los persigue, estigmatiza y criminaliza, como si se tratara de asociaciones delictivas.
Estamos ante un gobierno de inescrupulosos que no solo ajusta a los trabajadores sino que los responsabiliza por las situaciones creadas por las políticas propatronales desenvueltas en su contra.
Para terminar con el trabajo no registrado se requiere de comisiones obreras de control en los lugares de trabajo y el restablecimiento de las indemnizaciones al trabajador ante empleo no registrado, así como de nuevas direcciones sindicales en el movimiento obrero, opuestas a la burocracia sindical cómplice de los ajustadores y las patronales.
Marcelo Mache
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