Guernica: “violencia y propiedad privada”

Un informe publicado en la Revista Crisis, elaborado por el Equipo de Investigación Política (EDIPO), ahonda en los intereses y negociados detrás de los terrenos de Guernica desalojados el pasado jueves, iniciados bajo la última dictadura genocida. 

 La propiedad de Guernica -donde pretende construirse un lujoso country con canchas de golf y lagunas artificiales-, fue adquirida por Bellaco SA el 20 de octubre de 1983, y escriturada el 24 de dicho mes. La empresa fue fundada poco antes, el 10 de mayo de ese mismo año, y fue presidida hasta su muerte, en 2013, por Cesar Emilio Pérez Pesado, apodado “Copete”. Su hijo es el actual presidente de la empresa, Gervasio Pérez Pesado.

 “Copete” Pérez figura como integrante del gobierno de la Junta Militar por lo menos entre 1980 y 1982. Según el Decreto Secreto 1173 de 1980, el 30/5/1980, “el señor asesor de la Subsecretaría General doctor don César Emilio PÉREZ PESADO, fue designado para acompañar al presidente Videla en un viaje oficial a la República Popular China”. (Revista Crisis, 31/10). Otra de sus relaciones fuertes era el intendente de facto de La Plata entre 1981 y 1983, Abel Blas Roman, con quien compartía el Estudio Pérez Pesado-Roman desde 1964. 

 “Copete” dejó a sus herederos, además de los terrenos de Guernica ,“4 lotes en Berazategui, un predio en Dolores, tres propiedades en La Plata, otro predio en Pilar y 15 campos en Olavarría” (Idem). Desde 2018, Bellaco SA ha dejado de pagar los impuesto a ARBA, adeudando casi un millón de pesos. En junio 2019, hizo lo mismo con la obra social y el seguro de sus trabajadores. 

 En Guernica se han conjugado los elementos que dejan a la luz a los verdaderos expropiadores de los trabajadores, los capitalistas, que han lucrado ininterrumpidamente con el acceso a la vivienda de los trabajadores en favor de sus intereses especuladores con la tierra. Que Bellaco SA haya adquirido las 360 hectáreas que reclama como propias en Guernica durante la dictadura demuestra la continuidad de un régimen social contra los trabajadores, ningun gobierno pretendidamente democratico desconoció estos negociados, como tampoco lo hicieron con la deuda externa que “honran” con el hambre del pueblo. El Estado “democrático” ha legalizado esta rapiña consumada bajo la represión dictatorial.

 Joaquín Antúnez 

 02/11/2020