El Consejo Federal de Educación -que reúne a los ministros de las 24 provincias y a representantes de las universidades públicas y privadas- ha aprobado de manera unánime un protocolo para el retorno a clases presenciales, previsto para agosto en todo el país, salvo AMBA y Chaco. Los gremios docentes dieron su aval, sin el mandato de ninguna asamblea para ello. El protocolo ha sido debatido y aprobado de espaldas a la comunidad educativa.
Una “ficción” de protocolo
Si bien cada jurisdicción podrá adaptar otros aspectos del protocolo, en el CFE se aprobaron sus lineamientos generales. El documento contempla el uso obligatorio de tapabocas desde los primeros grados -excepto para el nivel inicial-, el distanciamiento de 1,5 a 2 metros obligatorio entre alumnos y docentes, el uso de aulas “burbuja” (los estudiantes se sientan en forma de cruz), los grupos no podrán exceder los 15 alumnos y se establece una reducción de la jornada horaria, en un esquema “bimodal”, que contempla una alternancia entre asistencia presencial y educación virtual. El texto señala que se reducirán los espacios en donde se aglomeren estudiantes, como los recreos y actos escolares. Se deberán asegurar el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables, alcohol en gel, algo que no se garantizaba ni antes de la pandemia.
Se establece que cada escuela deberá definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores que presenten síntomas de covid-19. En caso de registrarse un caso positivo, las clases se suspenderán las clases por sólo un día (¡!) para realizar la desinfección del establecimiento. Sólo se harán testeos a quienes presenten síntomas. Si un alumno presenta síntomas, todo el grupo de estudiantes deberá aislarse hasta conocer el resultado del estudio. De confirmarse, se procederá al aislamiento de todo el curso durante 14 días, pero si el docente “mantuvo el distanciamiento social adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo” (Art 5.A).
Cualquier docente que trabaje en las escuelas del país notará que estamos ante un “protocolo” que no responde en absoluto a las realidades de los establecimientos educativos, donde tenemos escuelas sin siquiera agua potable, sin calefacción y elementos básicos de higiene. El estado ruinoso de la infraestructura escolar es harto conocido: aulas abarrotadas de estudiantes, techos que se caen, falta de espacios para dar clases. En los más de cien días de cuarentena transcurridos el gobierno no ha realizado prácticamente ninguna obra de infraestructura escolar. A esto debemos sumarle que debido a la crisis económica está creciendo la matrícula escolar de la escuela pública, pero continúa sin haber actos públicos para nombrar a los miles de docentes que faltan en todo el país.
Las direcciones sindicales vinculadas al gobierno han dado su aval a un regreso a clases “consensuado” sin que haya existido ninguna consulta a los docentes, los principales involucrados.
Queda en manos de las agrupaciones independientes y combativas del gremio abrir una intensa deliberación entre los trabajadores de la educación e impulsar un proceso de asambleas y plenarios de delegados con mandato, que discutan un programa en defensa de la vida y la educación pública.
En primer lugar, promover el rechazo al protocolo aprobado por inconsulto, por no responder a la realidad educativa y porque atenta contra la salud de trabajadores y estudiantes. No podemos regresar a las aulas hasta que no estén garantizadas todas las condiciones edilicias y de seguridad e higiene correspondientes. En segundo lugar, debatir y elaborar un protocolo propio que responda al cuidado y a la protección de los trabajadores y alumnos, votado en asamblea. Es fundamental que en cada escuela conformemos comités de seguridad e higiene con poder de veto.
Por un plan de obras de infraestructura escolar, bajo control de la docencia y la comunidad educativa.
Mariano Hermida
04/07/2020
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