El anuncio de la reforma judicial le ha servido al gobierno para correr de la agenda diaria al progreso de la pandemia, la incertidumbre en la negociación de deuda y el derrumbe económico. Pero en lo que tiene que ver con la Justicia, los anuncios dicen muy poco. Todo indica que el gobierno se ha comprado un nuevo impasse.
Fernández sólo anunció la duplicación de los juzgados penales, y la unificación de sus anteriores jurisdicciones – correccional y económica. Luego, informó que estudiarán una ampliación de la Corte Suprema, la estructura del Consejo de la Magistratura y la modalidad del juicio por jurados. Pero para resolver sobre todo esto, presentó a una comisión de ´juristas notables´, que se pondrán a “estudiar” esos cambios en un plazo que podría extenderse hasta seis meses.
La oposición presenta a una ampliación de la Corte y la diseminación de juzgados penales como una tentativa de impunidad para Cristina Kirchner.
Los anuncios de hoy, sin embargo, no allanan ese camino, y tampoco la impunidad para el “otro” procesado, Mauricio Macri. La cuestión de la Corte, que aparecía estratégica en la “reforma”, ha sido dejada para el ´comité de expertos´. La designación de nuevos miembros deberá pasar por el filtro del Senado y de una mayoría especial de dos tercios, o sea, por el voto de macristas y radicales.
Por lo tanto, la cuestión crucial de las causas que involucran a Cristina Kirchner y sus funcionarios de un lado, y a Mauricio Macri del otro, no parecen tener una salida o respuesta definida en estos anuncios de ´reforma´.
En la conferencia de prensa de hoy, Fernández repitió hasta el cansancio que quiere una “justicia independiente del poder político”. Esto, después de refrendar a un régimen de selección de jueces que surge como resultado de componendas entre los partidos del régimen en el Consejo de la Magistratura. Las palabras de Fernández deben entenderse de otro modo: el único “equilibrio judicial” que puede esperarse de ese régimen es el de un pacto que exonere del banquillo a los principales jefes de esos partidos, y otorgue la impunidad definitiva que reclaman Roggio, Techint, Calcaterra y otros grupos capitalistas, en las numerosas causas por sobreprecios y otros hechos de corrupción.
Ese pacto político tiene varios otros componentes, que están tan “en veremos” como la propia reforma judicial: la negociación de la deuda, que ya se encuentra en un default parcial; el manejo de la pandemia, que el trío Fernández-Larreta-Kicillof ha convertido en desmanejo; y el derrumbe industrial, cuyas consecuencias también se dirimirán en otro fuero – el de los juzgados comerciales que dictaminan sobre concursos y quiebras.
El régimen político y económico de Argentina, que se encuentra “procesado”, no tiene condiciones para hacer justicia.
Un gobierno de trabajadores impondrá la elección de jueces y fiscales por el voto popular.
Marcelo Ramal
30/07/2020
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