¿Adónde nos lleva Fernández?

El anuncio de apertura gradual de la cuarentena, formulado por Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta el último viernes, fue continuado por un récord de muertes y nuevos contagios, que llegaron a 117 y 5.344, respectivamente. Nuestra denuncia de que la apertura de la cuarentena no tenía fundamentos sanitarios sino que estaba relacionada con la presión empresarial por retomar actividades mostró toda su justeza. La apertura incrementará los nuevos contagios, en un cuadro en el cual la saturación de camas de terapia intensiva se va acercando. Queda claro que el país no discute la pospandemia sino la poscuarentena, en el marco de que la pandemia goza de buena salud. Mientras las asambleas y agrupaciones de médicos residentes y concurrentes denuncian que el incremento de camas de terapia intensiva que anuncia el gobierno no es tal, la falta de centralización del sistema de salud continúa, con la incapacidad consecuente de planificar el abordaje de la pandemia, teniendo en cuenta la totalidad de los recursos existentes. La desautorización de Alberto Fernández a Ginés González García porque este rechazó el proyecto para incluir la fibrosis quística en el Plan Médico Obligatorio demostró que el ministro cuida los bolsillos de la salud privada antes que la salud de la población, por eso la centralización del sistema de salud no llegó nunca. De todos modos, el Presidente anticipó que al reglamentar por decreto la ley recortará el alcance del beneficio, como reclaman los capitalistas de la salud y la burocracia sindical que maneja las obras sociales.
Así las cosas, el desmantelamiento de la cuarentena convierte a los lugares de trabajo en el principal foco de propagación de la enfermedad. La provincia de Jujuy, por ejemplo, acaba de volver a la fase 1 porque las empresas violaron los protocolos de seguridad e higiene para ahorrar costos. La cuestión de los protocolos obreros y los mandatos de bases para hacerlos cumplir resultan fundamentales frente a la vuelta a las tareas. Los sindicatos, comisiones internas y delegados combativos tienen un enorme desafío por delante, para enfrentar la presión patronal por retomar tareas sin las condiciones apropiadas. En este sentido, el camino lo viene marcando el Sindicato del Neumático, con su lucha consecuente por un protocolo y por la defensa de los trabajadores en un cuadro de enorme presión patronal por retomar la producción sin condiciones.

La poscuarentena

Así como se elimina la cuarentena sin que cese la pandemia, el gobierno evalúa desmantelar el limitado paquete de asistencia social, cuando la crisis da apenas sus primeros pasos. Luego del intento de desmantelar el IFE en las provincias donde no se aplica el aislamiento, del que Fernández luego reculó, ahora siguen las diferentes propuestas para eliminarlo y reemplazarlo por un subsidio de menor monto, y que alcanzaría a la tercera parte de sus actuales beneficiarios. El tan publicitado “ingreso universal” que deslumbra a la centroizquierda no sería otra cosa que un ajuste al cuadrado: menos beneficiarios y con montos más reducidos.
El recorte del gobierno no se reduce al IFE, sino que alcanza a la asistencia a las patronales para el pago de salarios. En las zonas no sometidas al aislamiento social se reduciría a la mitad ya en agosto, avanzando en una reducción gradual. Mientras tanto, las suspensiones con reducción salarial hacen estragos. Y los despidos también.
Frente a la presión del FMI, Fernández sostuvo que “no cree” en los planes económicos, pero que “confía en la comprensión de los acreedores”. Creyente o no, la presión de los bonistas y el Fondo para ir enderezando las cuentas fiscales con el objetivo de garantizar el pago de la deuda va haciendo efecto. Esta presión, ni qué decirlo, la vienen sufriendo los jubilados, con una reducción de los aumentos programados, que los deja por goleada debajo de la inflación; los estatales, que están cobrando el aguinaldo en cuotas; los obreros de la construcción despedidos en masa ante el parate de la obra pública; los choferes de colectivos, que no cobran; los aeronáuticos, las provincias quebradas, etc.
Mientras el FMI y los bonistas presionan por un “plan económico” de ajuste, la Unión Industrial reclama por ampliar los subsidios, aplicar exenciones impositivas y garantizar la moratoria que discute el Congreso Nacional. Esto no quita que un reclamo patronal unánime sea el acuerdo de la deuda. Una contradicción que solo se irá procesando mediante crisis y ataques a los trabajadores. Todos los sectores del gran capital están renovando préstamos y necesitan recurrir al endeudamiento. Está claro, en estas condiciones, que el paquete de auxilio tendría como contrapartida, además de la emisión, los recortes salariales y jubilatorios. Los choques en torno del exiguo presupuesto estatal están en el orden del día. Del impuesto oficial a las grandes fortunas, ni noticias. La quiebra de Vicentin sigue por sus fueros, como tantas otras.
La definición de Fernández en favor de un acuerdo de deuda, y los constantes recules del gobierno, que ya concedió 16.000 millones de dólares extra a los bonistas para un acuerdo que sería cercano a las pretensiones de los buitres, fueron hábilmente explotados por los fondos de inversión, que presentaron una contraoferta para forzar al gobierno a una capitulación completa. Mientras Fernández sostiene que la oferta argentina es la última, comentaristas informan de negociaciones “secretas” para “mejorar” el acuerdo en favor de los bonistas. Con acuerdo parcial o completo, la hipoteca de la deuda pesará gravemente sobre el país. El Senado, bajo control cristinista, está aprobando a paso firme la propuesta de repago de la deuda bajo jurisdicción local, moldeada en favor de los acreedores por la negociación con BlackRock.
Otro gran tema en la agenda oficial es la cuestión cambiaria. El gobierno viene reforzando los controles para controlar la escapada del dólar blue, mientras va devaluando gradualmente el oficial. Pero la presión devaluatoria va creciendo. Mientras Fernández repite la necesidad de un dólar “competitivo”, un sector del capital financiero apuesta por la devaluación: la estrella del mercado vienen siendo las obligaciones negociables en pesos “dólar linked” -o sea, atadas al valor del dólar (en la expectativa de que este se dispare). Fernández inclusive colocó la carta devaluatoria sobre la mesa de la deuda, al sostener que podría levantar el cepo una vez que se llegue a un acuerdo con los bonistas. La devaluación contribuiría a licuar la emisión monetaria en el marco de la pandemia y sería, a su turno, un golpe fenomenal a los salarios, especialmente a los de los empleados públicos, en un cuadro además de “desindexación” jubilatoria impuesta por decreto. Negocio redondo para los acreedores.
Frente a este cuadro económico y social, no puede sorprender que, incluso en el marco de un crecimiento de los reclamos contra la represión y por la aparición con vida de Facundo Castro, el gobierno evalúe un megaplan para reforzar la Bonaerense. Kicillof anunció efectivamente, 11.000 millones extra para la Bonaerense, responsable de un asesinato cada 40 horas. Custodiar la “contención social” mediante la represión es una política de Estado.
Toda esta agenda (la cuestión cambiaria, fiscal e impositiva y la agenda del rescate patronal y del pago de la deuda) implica grandes choques no solo contra los trabajadores sino al interior de la propia burguesía. La crisis mundial agudiza a su turno estos grandes choques, que serán sin dudas un factor de crisis política.
Pero si se analiza el rol del kirchnerismo en la reciente seudoconfrontación con Fernández, puede concluirse que el operativo para bajar los decibeles de los cuestionamientos al gobierno por parte de los K, luego de la carta de Hebe de Bonafini y el “tuit” de Cristina-Zaiat, tiene motivos de fondo. El kirchnerismo es, con Berni, el puntal represivo en la provincia. Con Martín Guzmán, se hace responsable por el canje de deuda. Con la reforma de la Justicia federal, el gobierno abre paso a la agenda K de descompresión de las causas judiciales. En los hechos, la idea de que representa un ala izquierda de la coalición gubernamental no se viene corroborando. Por lo demás, de la tenida salieron debilitados el kirchnerismo y desgastado el propio gobierno. La derecha aprovechó esta incapacidad del gobierno para realizar un trabajo de agitación política con su propia agenda, pero por el momento tiene un alcance limitado. La derecha está más dividida que el oficialismo, lo cual tiene una lógica, en tanto que es Alberto Fernández, y todo el gobierno, el que va haciendo suya las demandas del gran capital.
La capitulación frente a los bonistas, el ajuste y la represión son el telón de fondo en el cual los trabajadores y los sectores populares deberán realizar su propia experiencia con los bloques capitalistas, en especial con el oficialismo, que busca darse una base popular. En este cuadro la tarea de la izquierda es, por un lado, impulsar todas las luchas, que procesarán en un terreno concreto las tendencias de las masas a no pagar la crisis y enfrentar la ofensiva capitalista y, por el otro, plantear una oposición política de conjunto, postulando un programa de salida a la crisis basado en un ataque directo al capital.

Contra la represión, para que la crisis la paguen los capitalistas

Los avances patronales contra los trabajadores tienen un punto de apoyo fundamental en la burocracia sindical, no solamente alineada con el gobierno sino también con las patronales, en la agenda de rebaja impositiva y rescates. La burocracia viene siendo clave en la aplicación de las reformas laborales, gremio por gremio.
Del otro lado, las luchas se van desarrollando. Entre los choferes del interior del país, donde en Córdoba se hizo retroceder las pretensiones de ajuste del intendente Llaryora, en numerosas fábricas contra los despidos, rebajas salariales o por los protocolos sanitarios, la clase obrera va dando respuestas al cuadro de ajuste y miseria social. Las luchas contra la represión también van creciendo, de la mano del reclamo de la aparición con vida de Facundo.
Eso le da mucha importancia a las iniciativas de frente único por todos los reclamos, llevadas adelante por los sectores combativos. El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) ha convocado a un nuevo encuentro y un plan de acción, para reagrupar a todos los sectores en lucha con un programa de defensa de los salarios, las fuentes de trabajo, un subsidio a los desocupados de 30.000 pesos y contra la reforma laboral, gremio por gremio.
La Asociación de Profesionales en Lucha ha propuesto un plenario nacional contra la represión, una iniciativa que tiene el objetivo de reagrupar a organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, para profundizar un plan de acción frente a la represión e impunidad crecientes. Unimos este planteo al reclamo de que se vaya Berni y el desmantelamiento de la Bonaerense y la maldita policía, agente de la represión, impunidad y negociados en todo el país.
Con estas iniciativas, se van sumando fuerzas y desarrollando un programa para enfrentar la política de ajuste y represión gubernamental, así como para apoyar y masificar las luchas obreras y populares.
Unido a este esfuerzo, es fundamental desarrollar una intervención política, para que el Frente de Izquierda y los Trabajadores aparezca como alternativa frente al gobierno y la oposición patronal en esta enorme crisis nacional, para que la crisis la paguen los capitalistas, por el no pago de la deuda externa y por un plan económico y político de los trabajadores.
La Conferencia Latinoamericana, convocada por el Frente de Izquierda, que agrupará a organizaciones de toda Latinoamérica y debatirá la estrategia para desarrollar a la izquierda revolucionaria en un cuadro de grandes convulsiones sociales bajo la bancarrota capitalista y la pandemia, será sin dudas un gran paso adelante y un espacio para debatir esta perspectiva.

Juan García