Ajuste y represión, ejes de la Ley de Urgente Concurrencia
Con el voto de su bancada de senadores, la alianza gobernante en Uruguay, la derechista Coalición Multicolor, logró aprobar la Ley de Urgente Concurrencia (LUC), un paquete legislativo de 475 artículos que implica un ajuste de fondo y la pretensión de una modificación histórica de la relación de fuerza entre las clases.
La ley aborda una amplia gama de cuestiones desde las prerrogativas de las fuerzas represivas y el derecho a la huelga hasta normas de funcionamiento del sistema financiero. En todos los casos, la orientación es profundamente anti obrera. El momento y la forma en la que el gobierno de Luis Lacalle Pou hizo aprobar este paquete de ajuste no es casual, la modalidad de urgente concurrencia habilita que se voten este tipo de leyes ómnibus sin un tiempo acorde de deliberación para cada punto. A la vez, la votación se dio en el contexto de la pandemia de Covid-19 con las dificultades que ello supone para que se desarrolle un proceso de organización y movilización contra la ley.
El paquete legislativo es reaccionario en toda la línea. Le otorga garantías de impunidad a la policía en el caso de que utilice armas de fuego (gatillo fácil), reglamenta como agravantes las agresiones de cualquier tipo hacia los uniformados, violenta el derecho de huelga al impedir la ocupación de los lugares de trabajo y al defender el ‘derecho’ a trabajar de quienes no acaten un paro (habilita el carnereaje organizado por las patronales) e ilegaliza los piquetes, dándole estado de ley a un decreto previo del Frente Amplio.
Pero la ofensiva gubernamental no se agota allí. La LUC le quita el monopolio en la venta, refinación y distribución de petróleo y derivados a la estatal Ancap. La lógica privatista y ajustadora se replica en lo referido a Antel, la empresa estatal de telefonía, a la que se le quita el monopolio sobre la provisión de internet en los hogares, en favor de pulpos como Claro o Telefónica.
La ley favorece y amplía la posibilidad de desarrollar todo tipo de pagos y transacciones en efectivo (hasta 100 mil dólares), por fuera del sistema bancario, lo que facilitará la evasión fiscal y los negocios ilegales, pero más aún el trabajo en negro. El gobierno presenta esta modificación como una forma de otorgarle la libertad al trabajador para optar por recibir su salario en efectivo o a través del banco, lo que por el contrario se transformará en un arma a ser utilizada a discreción por las patronales.
En cuanto a las cuentas del Estado, se incluyó un artículo para forzar el fin del déficit fiscal y un límite a la incorporación de empleados públicos. Se trata de la antesala de despidos y ajustes en todos los gastos estatales.
Como se ve, se trata de un ajuste de fondo. La oposición del Frente Amplio no opuso a este ataque una respuesta desde las organizaciones sindicales y estudiantiles que le responden, sino que se limitó a oficiar como oposición (en minoría) parlamentaria. Si bien su bancada votó en general en contra de la ley, en particular votó algunos artículos a favor, entre ellos el de la conformación de una comisión que tendrá la tarea de evaluar la situación financiera del sistema previsional. Como se desprende de la orientación del conjunto de la LUC, esta disposición es también el paso previo a un ajuste en jubilaciones y pensiones.
El cuadro económico general es crítico. Sólo en este año se registró la pérdida de 120 mil empleos. El plan del gobierno derechista no es otro que hacer que los trabajadores paguen por la crisis del capital.
A pesar de que el PIT-CNT no convocó a una acción de lucha contra la misma, y del Covid-19, más de 7 mil personas se movilizaron contra la ley, lo que es la expresión de profundas reservas de lucha entre los trabajadores y la juventud. La orientación del PIT-CNT (incluso la del sindicato de trabajadores de la Ancap) y las organizaciones dirigidas por el Frente Amplio se ha limitado a la oposición de respuestas institucionales a la LUC, como presentaciones judiciales y la posible convocatoria a una consulta popular.
De lo que se trata es de que el movimiento obrero responda con los métodos de clase que le son propios para impedir que esta tentativa gubernamental se imponga. Está planteada la necesidad de desarrollar un plan de lucha mediante movilizaciones, huelgas y piquetes hasta tirar abajo la LUC. El sindicato de la construcción (Sunca) viene de protagonizar una movilización y asamblea masiva en defensa de sus salarios. En el mismo sentido, hubo medidas de AEBU (bancarios) contra recortes presupuestarios en la banca pública. Es necesario romper con la sujeción de las organizaciones obreras al Frente Amplio, que no posee una orientación de fondo contraria a la oficialista. La convocatoria de asambleas en los lugares de trabajo que mandaten o voten delegados en la perspectiva de un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero para resolver un paro general y un plan de lucha hasta ganar es la tarea de la hora.
Leandro Morgan
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