Mientras algunos medios de comunicación dedicaban su espacio a cubrir las peleas entre el gobierno y la oposición por el asesinato del exsecretario privado de Cristina Kirchner en Calafate, Fabián Gutiérrez, quejándose de que este país estaría condenado a vivir en la “grieta”, por debajo se operaba una verdadera unidad nacional para apoyar la propuesta de deuda elaborada por el ministro Martín Guzmán, cumpliendo órdenes estrictas del Presidente y la vicepresidenta. El apoyo fue tan amplio como sorprendente. Llamó especialmente la atención el apoyo público del exfuncionario macrista “Toto” Caputo, ideólogo del infame bono centenario y agente directo del grupo Templeton. “Toto” calificó a la propuesta como “muy buena” y lo mismo hizo su exviceministro. Sumó su respaldo también Domingo Cavallo, pero aquí puede haber algo parecido a un déjà vu; es que hasta las últimas elecciones, Alberto Fernández había logrado su único cargo electo como legislador porteño en una boleta encabezada por el exministro de Economía de Menem, cuando corría el año 2000. Desde el exterior también llegaron apoyos calurosos. Al ya previsible de la titular del FMI se le sumó el de los especuladores de Wall Street, que hicieron subir las acciones de las empresas argentinas un 20% en un solo día. En el plano político se replicó el mismo movimiento y la oposición de derecha hizo su gesto. No solo respaldando la propuesta de deuda, sino desautorizando a quienes acusaban al kirchnerismo del asesinato de Fabián Gutiérrez. En vez de tirarse con muertos, prefirieron unirse para honrar el compromiso con los buitres internacionales.
Más deuda
La razón de este apoyo variopinto radica en el carácter entreguista de la propuesta presentada por el gobierno argentino. Si ya la que había sido presentada en marzo había sido calificada como “mejor a lo esperado”, la actual contempla en lo fundamental la casi totalidad de las demandas de los fondos de inversión. La primera de ellas es que deja de lado prácticamente la quita de capital. En un tercio de los bonos a emitir, directamente la quita es igual a cero, y en el resto se reduce solo al 3%. Como esta misma propuesta se replicará para los bonos en moneda extranjera emitida bajo jurisdicción local (aproximadamente unos 44.000 millones de dólares) y como los créditos otorgados por el FMI y el Banco Mundial no admiten quita, tendremos que, al final del camino, el stock de deuda quedará sin modificación, o incluso podrá crecer, ya que el gobierno emitirá un nuevo bono para pagar los intereses corridos durante estos meses. Debe tenerse en cuenta, además, el compromiso asumido por Guzmán con el fondo Pimco, de que el Estado emitirá bonos en dólares a partir de agosto para reemplazar vencimientos en pesos.
Según varias estimaciones, las mejoras incorporadas implican para el país un pago adicional de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. La tasa de interés sigue siendo altísima, ya que en algunos bonos alcanza el 5%, cuando a nivel internacional tiende a cero. Otro punto importante conquistado por los fondos de inversión es la reducción del período de gracia, que será solo de un año. Por este motivo, el gobierno deberá comenzar a pagar vencimientos a partir de 2021. Se trata de un tema de fondo, ya que el capital financiero quiere forzar al gobierno a llevar adelante un plan de ajuste de carácter generalizado. Es lo que deberá negociar prontamente con el FMI, para buscar la reprogramación de los pagos que se acumulan en los próximos años por 44.000 millones de dólares. El programa que propondrá el FMI ya es conocido: reforma laboral y previsional, reducción del gasto público, más ajuste a las provincias y municipios. Como Argentina no cuenta con financiamiento externo y no lo tendrá incluso aunque el canje sea exitoso, muchos ya avizoran que el FMI podría liberar 5.000 millones de dólares más, pero a cambio de una mayor injerencia en la política económica.
Un problema inmediato que enfrenta el gobierno es que el tamaño de las concesiones realizadas no asegura el éxito del canje. Sucede que varios fondos, empezando por BlackRock, siguen sin dar su visto bueno. Sus demandas son de diverso tipo. Por un lado, reclaman aún pagos mayores y, por otro, condiciones legales más beneficiosas para hacer juicios contra la Argentina ante un eventual default. Que este punto haya ocupado el centro de las negociaciones en el último mes demuestra que nadie da dos mangos por la solvencia financiera del país, o dicho de otro, que descuentan una nueva cesación de pagos. Algunos comentaristas que siguen los detalles de la negociación aventuran que, para lograr el ingreso de algunos de los grandes fondos, el gobierno hará nuevas concesiones. Como la fecha final se estira hasta setiembre, podría volver a aparecer un bono atado al PBI o las exportaciones agrarias. Por si acaso, agregaron un “premio” de cinco meses de intereses, desde abril a setiembre, para quienes entren ahora al canje. Después de todo, cuando vamos por la cuarta propuesta, ya nadie le cree al gobierno cuando afirma que “esta vez sí es la última”. La presión de los fondos de inversión se mantiene porque actúan sobre la base de una caracterización correcta: el gobierno quiere acordar sí o sí. Saben que un nuevo fracaso del canje, que ocurriría si los niveles de aceptación no llegan al 50%, sería un golpe demoledor que impondría un cambio de gabinete. Y si llegan al 50% habrá que ver qué pasa con la otra mitad.
Dime quién te apoya…
La premura del gobierno por lograr una aceptación de su propuesta es directamente proporcional al descalabro económico general. Es que el derrumbe económico no registra precedentes en la historia. La caída es generalizada y alcanza a la industria, a la construcción, al comercio y a la recaudación fiscal. La falta de financiamiento está siendo suplida por una emisión vil, que a su vez ha recreado la bola de Leliqs, que ya supera, junto con otros pases del Banco Central, los 2 billones de pesos. Solo el parate de la cuarentena, sumado a esta deuda que está tomando el Banco Central, a una tasa de interés cercana al 40%, explican que la inflación no haya sido más alta en estos meses. Sin embargo, bastará que se restituya cierto movimiento económico para que el impacto de esta emisión se haga sentir plenamente en los precios, afectando aún más al salario de los trabajadores.
Varios de los que han apoyado la propuesta del gobierno han salido a presionar por un giro económico más pronunciado. Cavallo, por ejemplo, planteó un desdoblamiento del tipo de cambio que en los hechos implicará una devaluación de enormes proporciones. Sería llevar hasta el final una política que el gobierno ya está aplicando, pues convive de hecho con tipos de cambio paralelos. Toda la experiencia histórica demuestra que cuando esto ocurre estamos ante el preludio de una devaluación generalizada. Es lo que reclama el capital agrario, para mejorar sus ingresos en pesos y reducir el peso de las retenciones. Por lo pronto, los sojeros ya impusieron un objetivo: el gobierno archivó la expropiación de Vicentin y ha decidido no hablar más del tema.
Otra “unidad nacional” está en camino: la moratoria impositiva que ya va siendo aplaudida por la derecha. Claro, se trata de una jugosa financiación barata de unos 440.000 millones de pesos a quienes evadieron, quedándose en sus bolsillos con el IVA o los ingresos brutos que pagaron los consumidores y las cargas previsionales que le descontaron al laburante que sí laburó. Las patronales, agentes de retención de los impuestos y cargas sociales se financiaron con la plata que debería estar para enfrentar la pandemia, para los desocupados o para los jubilados.
Programa y acción directa
La bancarrota económica se ve agravada por una pandemia que está lejos de llegar a su fin. El gobierno había anunciado el endurecimiento de la cuarentena por dos semanas -hasta el 17 de julio. Pero la fecha se acerca, y en vez de una caída de contagios, tenemos un salto en la cantidad de muertos y de contagios, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Aunque muchos se consuelan diciendo que recién en los próximos días deberíamos ver los beneficios de la nueva cuarentena, lo cierto es que ésta estuvo muy lejos de la llamada fase 1 que tuvimos en la última semana de marzo y principios de abril. Las excepciones que logró la burguesía industrial fueron tan amplias que prácticamente dejaron las cosas como estaban. Así, la cantidad de personas que usó el transporte público dentro de la propia provincia de Buenos Aires tuvo una disminución mínima. Es que los trabajadores debieron ir a trabajar.
Este cuadro se combina con la situación sanitaria, atravesando un momento crítico, con hospitales que tienen ya sus salas de terapia intensiva colapsadas. Los comités de ética empiezan a discutir un protocolo para la llamada “última cama” -es decir, a quién condenar a muerte por falta de medios de asistencia. El reforzamiento del sistema sanitario, tan publicitado en las conferencias del tridente Fernández-Larreta-Kicillof, contrasta con las denuncias que día a día realizan los profesionales de la salud. El llamado “Estado presente” ha sido solo un relato de los medios oficialistas. Solamente los intereses que ganarán los bancos por las Leliq equivalen a dos meses enteros de gasto del Estado para enfrentar la pandemia.
La “presencia del Estado” que no se nota en el plano sanitario, sí se hace sentir en materia represiva. A las muertes de Luis Espinoza y Walter Nadal en Tucumán y la represión denunciada en el Chaco en los barrios y contra las comunidades originarias, se suma la denuncia de los 70 días de desaparición de Facundo Castro, quien desapareció luego de ser detenido en un retén de la Policía Bonaerense, camino a Bahía Blanca. Su caso se investiga como desaparición forzada de personas, y el abogado de la familia hizo responsables a Berni y Kicillof, por la investigación y por la integridad de los familiares de Facundo.
Esta seguidilla represiva responde a la necesidad de controlar una enorme crisis social. Según los datos de la Afip entre marzo y abril, la cantidad de trabajadores registrados se redujo en 284.821. Si se le suman los no registrados, cuyo despido es gratuito, más la pérdida de empleo de mayo y junio, con seguridad, la reducción del plantel de trabajadores supera holgadamente el medio millón. A la reducción del empleo se le suma la del salario, con paritarias de hecho congeladas y recortes salariales nominales del 25% o más en miles de empresas firmadas con la anuencia de la burocracia sindical. La dirección de la CGT y de la inmensa mayoría de los sindicatos han reforzado sus pactos con las patronales, para presionar al gobierno por el levantamiento de la cuarentena y viabilizando todos los ataques contra los trabajadores. El gobierno se pone a la cabeza de esta política, con las reducciones salariales anunciadas en Aerolíneas, los despidos del 20% de los trabajadores de YPF, el pago de aguinaldo en cuotas y la eliminación de la movilidad jubilatoria.
En oposición a este pacto del gobierno, la burocracia sindical, los capitalistas y el clero, los trabajadores en sus lugares de trabajo desarrollan luchas defensivas que deben ser apoyadas porque ahí se está gestando la resistencia a los planes ajustadores del gobierno y los capitalistas. La vuelta al paro de la Algodonera Avellaneda, de Vicentin, es un dato sobresaliente que merece el reconocimiento de toda la clase obrera. Junto con esto asistimos a luchas en los supermercados, en oposición a Cavalieri; de sectores de la docencia que se rebelan contra la dirección de Ctera; de los choferes de base de la UTA, que impusieron el paro a las seccionales de la UTA del interior; de los municipales de Mendoza, de Córdoba y otros distritos; de la juventud trabajadora de los repartidores y de las empresas de fast food; de los aeronáuticos; de los sectores de la salud o de los marineros del Somu, que paralizaron los puertos contra una rebaja de haberes. Esto, entre muchas otras que se desarrollan a lo largo y ancho del país, con o sin cuarentena. La tarea del momento es desarrollar a fondo estas luchas, movilizar fuerzas por su triunfo y unificar a los sectores combativos.
Junto con esto se plantea una lucha programática a fondo: abajo la propuesta de canje de los Fernández con apoyo del PRO, no al pago de la deuda externa; impuestos progresivos al gran capital, afectando a las empresas y las fortunas personales; nacionalización del comercio exterior y de la banca; aumento inmediato de los salarios y ajuste mensual por inflación; aumento de emergencia para las jubilaciones a un mínimo de 30.000 pesos y reposición de la movilidad; subsidio al desocupado de 30.000 pesos y universalización de la asistencia social; aprobación inmediata del aborto legal.
Gabriel Solano
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