La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha una propuesta de anulación de la actual ley del Turf (13.253), lo que ha disparado un verdadero debate entre los más de 80.000 involucrados, directa e indirectamente, en las actividades de las carreras de caballos.
El turf en todo el mundo ha cedido lugares desde hace muchos años a los juegos on line. Los gobiernos alientan este tipo de juegos porque a través de ellos hacen recaudaciones leoninas.
Este inmenso beneficio a costa del juego se produjo con el cambio en el régimen de apuestas. Entre 1998 y 2002, las máquinas tragamonedas no estaban on line, pero siendo gobernador, Felipe Solá impuso por decreto que las mismas quedaran conectadas a las redes como requisito de habilitación. El Estado así multiplicó por diez la recaudación con esa decisión.
La Argentina hoy está a la cabeza en los países de América del Sur en materia de “retenciones” por las recaudaciones de estos juegos. Hoy las mismas están en orden del 44% promedio de todo lo que se juegue en materia de tragamonedas. Las retenciones on line son de un monto similar a las que en su momento el gobierno de Cristina quería ponerle a las exportaciones de la soja y que causó la llamada “crisis del campo”.
Para poner solo un ejemplo de la situación actual basta este. Los apostadores de tragamonedas juegan 25.000 millones de pesos por año, 13.000 de los cuales se destinan al pago de las apuestas, personal y mantenimiento, y 11.000 van al Estado. Esto sin contar loterías y quinielas, Quini, lotos, Telekinos, poceadas y decenas de juegos provinciales que, aunque en menores proporciones, recaudan cifras siderales.
La ley 13.253, en vigencia desde el 2004, establece sacar de estas retenciones a las “maquinitas” un subsidio al Turf: “el Instituto Provincial de Lotería y Casinos asignará desde un mínimo de 9 puntos hasta un máximo de 15 puntos” a través del llamado Fondo Provincial del Juego para mantener la hípica y sus actividades afines”. El FOPROJUE se conformó con una parte de las ganancias que dejan las tragamonedas pues todos eran conscientes de que las mismas hundían al Turf. La gobernadora ahora pretende reducir este fondo a la actividad en el 2018 y anularlo definitivamente en 2019. El argumento para esta decisión es que no se puede “subsidiar al juego”, pero las verdaderas razones son otras.
La pretensión de la gobernadora no es desalentar el juego, sino recaudar más con él a través de las apuestas on line de todo tipo. Una caída de la actividad hípica desplazará aún más millones de pesos al juego on line y con ello habrá aún más recaudación al Estado aunque queden miles de trabajadores en la calle.
El posible retiro del FOPROJUE establece claramente una divisoria de aguas. La actividad hípica reúne un enorme extracto social, con posiciones de clase muy diferenciadas, desde los grandes propietarios, dueños de haras, administradores de los hipódromos hasta una variedad de profesionales del Turf donde también hay inmensas diferencias sociales y un sector absolutamente postergado que no vio nunca los resultados de este fondo administrado, en su mayoría, por criadores y propietarios que ha realizado un brutal ajuste sobre más de 40.000 trabajadores semi precarizados del turf.
Hoy un vareador de caballos tiene por vareo de un caballo un básico de 7.290 pesos que con el conformado llega a 7.824 pesos y por dos caballos, 13.122 de básico que hacen con el conformado 14.083 pesos. En esas cifras de miseria mensual andan los peones del turf, en una tarea durísima que ni siquiera tiene asegurado el descanso de fin de semana nunca en la vida. Algo similar pasa con los jockeys, que más allá de 30 o 40 profesionales famosos que ganan mucho dinero hay cientos de ellos precarizados en una profesión muy riesgosa y sin sueldo, pues los mismos están ligados al 10 % de los premios que cobren los caballos.
La mantención del actual subsidio al turf impide que se pierdan miles de puestos de trabajo, pero se requiere de un control del destino de a donde se derivan esos fondos. Este fondo debe ser reinvertido para mejorar los salarios y condiciones de vida de los miles de trabajadores del turf, y para lograr la garantía de trabajo en blanco para todos ellos. En los hipódromos del interior que no tienen totalizadores (es decir que sus apuestas no están on line) los sectores que los dirigen mantienen a sus trabajadores en negro, configurando dentro de los beneficiados por ese fondo una brutal desigualdad.
El voto opositor del PJ en la legislatura bonaerense contra el proyecto Vidal, en defensa de la “actividad hípica” en general y la “defensa de las fuentes de trabajo” deja oculto este submundo de explotación, donde tienen que tener poder de decisión los vareadores, los peones, los jockeys y los propios empleados de los hipódromos, es decir los sectores más postergados que son los que garantizan la actividad y están pagando con su fuerza de trabajo distintos negocios capitalistas.
Juan Ferro
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