Empezó a trabajar para el Consejo Escolar de Moreno en 2016 y continuó haciéndolo tras su intervención, dispuesta por el gobierno provincial.
La declaración judicial dada ayer por Christian Ricobene, el gasista que intervino en la escuela N° 49 de Moreno el día anterior a la explosión, da nuevas pruebas sobre la responsabilidad del gobierno provincial en las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.
Tras señalar que revisó las instalaciones de gas de la escuela, reparó una pérdida de gas y se retiró creyendo que “estaba todo controlado”, Ricobene señaló ante la fiscal que lleva la causa (Gabriela Urrutía) que su matrícula se hallaba suspendida y que su categoría como gasista no lo habilitaba para inspeccionar instituciones, sino tan solo viviendas. Pese a ello, el Consejo Escolar de Moreno le encomendó desde 2016 (año en que fue contratado) al presente no sólo las inspecciones de gas, sino también trabajos de plomería y electricidad para cuyo ejercicio en escuelas tampoco estaba habilitado.
En ese período el Consejo Escolar estuvo presidido por Mónica Berzoni –quien entró allí por la lista del intendente kirchnerista Walter Festa, y fue desplazada por un escándalo de administración fraudulenta– y luego, a partir de 2017, por la intervención del gobierno provincial de Cambiemos, a cargo de Sebastián Nassif, bajo la cual continuó el desplome estructural de las escuelas. Las inspecciones que se están llevando actualmente en Moreno llevaron al corte de gas por riesgoso en casi la totalidad de los establecimientos.
Cada día se confirma más que el intento de Vidal de desligarse de su responsabilidad en la explosión y las muertes es un operativo de autoencubrimiento. El gobierno de Cambiemos ha continuado y profundizado el vaciamiento de los organismos provinciales que debían encargarse de la infraestructura, y es en este escenario que tanto funcionarios provinciales (como el procesado Mateo Nicholson) como intendentes y Consejos Escolares desvían fondos y orquestan grandes negociados. Las consecuencias de este régimen están a la vista: clases suspendidas en más de 1.000 escuelas ante riesgos edilicios; docentes hospitalizados por descargas eléctricas; alumnos hospitalizados por intoxicaciones con gas.
Clarín afirma que “fuentes cercanas a la causa contaron que se investigará al Consejo Escolar para determinar sus responsabilidades por haber tenido en su plantel a un trabajador que no estaba autorizado ni capacitado para controlar colegios”, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha sentado en el banquillo de los acusados a los funcionarios responsables de la situación.
Ese reclamo, como el del juicio político a Vidal y la renuncia del ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny, están a la orden del día.
Prensa Obrera
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