Con un proyecto de ley, proponen que el Congreso Nacional declare laica, sin injerencia de la Iglesia, a la educación pública argentina. Así lo informó el diputado Nicolás del Caño (PTS/FIT), autor junto a Nathalia González Seligra de la iniciativa que espera tratamiento en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que fue presentado esta mañana en la Cámara baja, establece que en todas las jurisdicciones y niveles, la educación pública debe ser considerada laica, sin injerencia de la Iglesia, modificando para ello las leyes de Educación nacional y de Educación sexual integral (ESI).
Nicolás del Caño, autor de la iniciativa junto a Nathalia González Seligra, sostuvo al respecto que "cuando hablamos de la separación de la Iglesia del Estado también estamos diciendo que las instituciones religiosas no pueden ser consideradas ’agentes educadores’, como plantea la actual legislación, ni tener injerencia en las actividades, contenidos o arquitectura de los edificios educativos". Es que, como explican desde el FIT, aunque se considera que el país tiene un Estado laico, la injerencia de la Iglesia en la educación de niños, niñas y adolescentes se mantiene con expresiones diversas.
Uno de los fundamentos para que esta situación se profundice fue la derogación de la ley 1420, de "educación común", que perdió vigencia luego de la aprobación del Digesto Jurídico Argentino del año 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, sin leyes nacionales que protejan explícitamente este derecho, cada provincia está en condiciones legales de introducir a la religión como actividad y como contenido educativo.
Como explicó a La Izquierda Diario la diputada González Seligra, "hoy nos encontramos con que siguen existiendo los símbolos religiosos en las escuelas; en numerosas jurisdicciones hay materias obligatorias como catequesis en horario curricular; sanciones a alumnos y despidos de docentes por llevar pañuelo verde por la legalización del aborto y persecuciones por exigir que se aplique en todos los niveles la educación sexual integral".
Bajo el amparo de la Constitución Nacional, de una decena de leyes provenientes de la dictadura genocida y del último Código Civil y Comercial, que en 2014 la declaró como "persona jurídica pública", la Iglesia Católica sigue contando con diversos privilegios que van desde el pago de dietas, jubilaciones especiales, becas y pasajes para obispos y arzobispos a cesiones inmobiliarias, exenciones impositivas y otros beneficios que garantizan al clero las instituciones del Estado, comenzando por las propias legislaturas nacionales y provinciales que cada año votan los presupuestos, donaciones y otros aportes que recibe esta institución milenaria.
La incidencia que esto le garantiza sobre los derechos de millones quedó a la vista en el marco del debate sobre la legalización del aborto, que instalaron masivamente las mujeres con su lucha por este derecho elemental. El enorme rechazo que despertaron el lobby de la Iglesia y otras instituciones religiosas, que contaron con el apoyo activo de funcionarios políticos, senadores, gobernadores e intendentes del oficialismo y la oposición del PJ, se tradujo en estas semanas en un cada vez más extendido reclamo de separación de la Iglesia del Estado, que anudó en las calles los pañuelos verdes y naranjas, con los que se referencian estas luchas.
"Al servicio de este movimiento es que ponemos a disposición nuestros proyectos de ley", sostuvo Del Caño. El diputado del FIT informó también que el próximo 6 de septiembre se realizará en las dependencias de la Cámara de Diputados una audiencia pública por la separación de la Iglesia y el Estado en la que participarán numerosas personalidades.
Sol Bajar
@Sol_Bajar
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