La Cámara de Diputados es escenario de una fuerte disputa para que se apruebe la llamada “Ley Corta”, que ya tuvo media sanción en el Senado. Ésta daría a las Telcos la posibilidad de ofrecer cuádruple play, pero recién en 2020.
Como un “Bonaparte” que busca equilibrar la balanza para quedar en buenos términos con todas las grandes empresas de telecomunicaciones, el macrismo pretende avanzar en Diputados sobre el proyecto de Ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia TIC, conocida como “Ley Corta”. La norma habilitará que Telefónica y Claro brinden televisión satelital a partir de julio de 2020, pudiendo ofrecer servicios empaquetados de cuádruple play -televisión, banda ancha, telefonía fija y móvil- al igual que su competidora directa: la recientemente fusionada Cablevisión (Clarín)-Telecom, en “un movimiento agresivo e inédito” para la historia de las comunicaciones, como lo calificó el investigador de Conicet y docente universitario, Martín Becerra.
Sin embargo, el proyecto al que la Cámara de Senadores le dio media sanción el pasado 4 de julio no satisface por entero las exigencias de la multinacional española, una de las grandes beneficiadas de las privatizaciones menemistas, que profundizó su dominio en los años kirchneristas; ni las de América Móvil, empresa mexicana dueña de Claro, que extiende sus negocios por todo el continente, y cuyo accionista mayoritario es el multimillonario Carlos Slim.
Desde que a fin del año pasado el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo íntegramente controlado por el Poder Ejecutivo, concedió su visto bueno a la unión de Cablevisión Holding S.A. (Clarín) con Telecom Argentina; Telefónica -dueña de Movistar- y Claro no escatimaron esfuerzos en lobby para asegurarse una posición competitiva en el suculento mercado. A comienzos de abril, la Casa Rosada envió al Congreso el proyecto de ley. Y aunque el Grupo Clarín es un valioso aliado en tiempos de ajuste y crisis, el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera debía compensar a los “perdedores” de capital extranjero.
Dinosaurios “regulando” tecnologías
A partir de incorporar modificaciones a la Ley Argentina Digital -justamente, aquella que el kirchnerismo sancionó en diciembre del 2014 para habilitar el triple play a las telefónicas-, el proyecto que obtuvo la media sanción en Senadores tiene como elemento destacado la obligación de que las empresas compartan la denominada “infraestructura pasiva” con todos los prestadores de servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del mercado.
El principal defensor de esta iniciativa fue el senador oficialista Federico Pinedo, quien aseguró que se trata de "un proyecto antimonopólico" que contribuiría a "generar condiciones de competencia" en el mercado, ya que "este proyecto prevé que otras compañías podrán competir contra una gran compañía de comunicaciones, con otras tecnologías que (les) estaban vedadas hasta ahora, como la televisión satelital"
Sin embargo, esta implementación, que a simple vista parece impulsar la equidad del usufructo de tecnologías que debieran ser públicas, no discrimina entre grandes corporaciones y pequeñas empresas regionales o provinciales. Éstas deberán alquilar “a valores del mercado” sus torres, postes y cables para que los gigantes de las telecomunicaciones ofrezcan sus servicios y contenidos sin invertir en infraestructura.
Como se dijo, la Ley Corta amplía el mercado de televisión satelital a las empresas de telefonía fija y móvil. Pero aquí se encuentra el motivo de la disconformidad de Telefónica y Claro. Mientras que el proyecto del Ejecutivo les abría el negocio desde el 1° de enero de 2019, la Cámara Alta introdujo modificaciones y determinó plazos más extensos.
En el área de Buenos Aires, Córdoba y Rosario -donde se concentra la mayor parte de clientes del mercado-, las telefónicas no podrán ofrecer televisión satelital ni servicios de radiodifusión junto a comunicaciones móviles hasta el 1° de julio de 2020. Una medida que blinda el exclusivo negocio que Clarín obtuvo con la fusión de Cablevisión-Telecom. El plazo se extiende al 1° de enero de 2021 para localidades con más de 100.000 habitantes, y al 2022 para las más pequeñas.
Otra propuesta del Ejecutivo versó sobre las bandas del espectro que la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital reserva en “carácter preferencial” a la estatal Ar-Sat. El proyecto que entró al Congreso daba al Enacom decisión directa sobre las frecuencias que se le otorgarían, y así liberar una mayor cantidad al mercado. Un requerimiento de las grandes empresas de telefonía móvil con alcance nacional para, supuestamente, poder brindar un servicio más rápido y con mayor calidad. Pero en la media sanción finalmente surgió que el Ente Nacional deberá resguardar un 20% de frecuencias para dar en participación a prestadores de comunicaciones móviles de carácter regional o local.
Estas “restricciones” al negocio para las telefónicas fueron una exigencia que el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, bajó a sus senadores. En esa provincia, cooperativas, pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones dominan el mercado. En el tira y afloje parlamentario, la protección de los intereses de los empresarios provinciales tampoco fue dejado de lado.
La “guerra” en Diputados
El malestar de las telefónicas quedó manifiesto el pasado martes 14/08, cuando expusieron ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, de cara al dictamen que deberán elaborar para tratar el proyecto en el recinto. “¿A quién se protege con la dilación de los plazos? No estamos interesados en competir en ese servicio si se da así”, presionó el responsable de Asuntos Legales de Claro, Tomás Miura, en referencia a Cablevisión-Telecom, a la que esquivamente mencionó como “la fusionada”.
Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Telefónica, Alejandro Lastra, lamentó que siga “demorándose la convergencia, porque se la hace en beneficio de algunos actores, prohibiendo el uso de determinadas tecnologías a otros competidores”. Como astuto empresario a la espera de pisar la cabeza de sus rivales menores, exigió “normas claras y equitativas, sin asimetrías”.
No obstante, ambos vieron como positivo para sus intereses que el proyecto habilite la compartición de infraestructura y la quita de bandas a Ar-Sat. Aunque, en este punto, el representante de Claro criticó la reserva: “para mejorar el servicio se necesita más espectro, protegerlo no es opción, ésa es la principal deficiencia del sistema móvil”. En otras palabras, el pésimo y caro servicio que brindan no se debería a la falta de inversiones, sino a que les impiden concentrar más bandas del espectro.
Entre los diputados, las objeciones surgieron desde el bloque del Frente Para la Victoria, quienes esgrimieron que el macrismo pretende terminar de desbaratar la “democratización de la palabra” que el kirchnerismo se jacta de haber impulsado durante sus gobiernos. No sólo en 2014 le regalaron el triple play a las telefónicas, sino que fue Néstor Kirchner quien prorrogó por 10 años las licencias de radiodifusión de los canales privados en 2005, y decretó la fusión de Cablevisión-Multicanal en 2007.
Por otro lado, el pampeano Sergio Ziliotto, miembro de Argentina Federal, impugnó la media sanción porque no fue hecha con dos tercios, como está previsto en la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. Aunque fue este mismo bloque el que permitió que la norma supere el Senado imponiendo modificaciones, en la Cámara Baja el gobernador Verna y sus allegados muestran otra posición.
Ziliotto manifestó que las telefónicas nacionales no brindarían sus servicios en aquellas pequeñas localidades del Interior sin grandes ganancias a la vista, y que la ley tendría que proteger a los actores que sí lo hacen, según él, los pequeños y medianos empresarios provinciales. “Desde ya que en un pueblito no vemos el lucro, ahí viene el Estado para compensar el desequilibrio, nosotros somos lucro”, enfatizó el director de Asuntos Legales de Claro, despojado de toda visión de las telecomunicaciones como un servicio que debiera ser público y no un negocio privado.
A pesar de compartir críticas, los expositores de las telefónicas mostraron matices. El representante de Claro fue directo y beligerante, mientras que Lastra de Telefónica se expresó más conciliador y persuasivo. No se trató de una diferencia en sus personalidades. Ante la fusión de Cablevisión con Telecom, los competidores procuran extender alianzas con otras empresas: Telefónica busca asociarse con la norteamericana DirectTV, mientras que América Móvil quiere hacerlo con la local Telecentro.
En este escenario, se desnuda el miedo de Claro a quedar en desventaja, porque DirectTV hoy tiene el monopolio de la televisión satelital, y Telefónica no tendría que esperar los plazos que impone la Ley Corta para usufructuar ese mercado. Para esta fusión, la multinacional española requerirá la aprobación del Estado, y es esperable que “devuelvan gentilezas” al gobierno nacional, con la crisis política como telón de fondo.
¿Hacia una Ley de Medios Convergentes?
Las disputas y fricciones entre las principales empresas que concentran y dominan el sistema infocomunicacional en la Argentina nada tienen que ver con una mayor posibilidad de información, conectividad y comunicación más democrática para el pueblo trabajador, sino con una voraz guerra entre sectores capitalistas para extender y potenciar sus negocios.
El avance del control y la hiperconcentración de medios, Internet y telecomunicaciones por parte de un pequeño puñado de corporaciones, es acompañado por un ajuste brutal que implica miles de despidos en los medios de comunicación, donde cualquier mínima posibilidad de democratización de la comunicación es absolutamente desplazada por las “necesidades” del mercado.
Las tendencias a la hiperconcentración se han profundizado desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, quién inauguró su mandato con DNU 267/2015 que dio por tierra prácticamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, heredada del gobierno kirchnerista.
“El análisis del conjunto de la política de comunicación del gobierno de Macri muestra que su actividad en el sector ha sido intensa. Las empresas que reclamaban que ‘la mejor ley de medios es la que no existe’, ven con agrado la lluvia de decretos. Lejos del discurso liberal que proclama la prescindencia de la intervención estatal, se aprecia una profunda revisión del marco regulatorio y una reorientación de la intervención del mercado. Con el discurso de la convergencia y la competencia se han establecido reglas que favorecen a los actores dominantes del sector”, señalan los especialistas Guillermo Mastrini y Martín Becerra en el blog Quipu. Políticas y tecnologías de comunicación.
Mientras tanto, la prometida Ley de Comunicaciones Convergentes, que deberá unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la Ley Argentina Digital, sigue pendiente. Una nueva resolución del Ministerio de Modernización publicada el lunes 13 de agosto en el Boletín Oficial, extendió 90 días más el plazo para la presentación de un anteproyecto. Una vez presentado el anteproyecto, el Ejecutivo lo elevará para su tratamiento en el Congreso, algo que se estima que no ocurrirá durante el actual período legislativo, y es de difícil concreción para el 2019, un año electoral.
El debate y la lucha por una verdadera democratización del acceso a la información, la conectividad y la comunicaciones, como servicios verdaderamente públicos y no lucrativos, exige seguir reflexionando profundamente, en el camino de plantear una perspectiva para el sistema infocomunicacional en su conjunto desde el punto de vista de los intereses del pueblo y los trabajadores.
Martin Espinoza
@martinespi05
Pampa Tomich
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