2019: un presupuesto de guerra

En las febriles reuniones de Hacienda y en los salones de la Casa de Salta, donde se reúnen ministros de las provincias, de la Nación y -durante varios días- funcionarios del FMI-, se trama un verdadero Presupuesto de guerra para 2019. ¿Los enemigos en esta conflagración? Las provincias, la Anses, la Patagonia, las universidades, la obra pública de infraestructura en educación, salud, energía y red vial, salarios estatales y docentes, entre otros objetivos.

Alguien podría argumentar que los presupuestos igual no se cumplen. Es cierto, pero la importancia de este presupuesto fondomonetarista es que constituye una ruta económica y política de ataque a las masas, para financiar la crisis de deuda, la fuga de capitales, la desinversión, el rojo fiscal y el déficit del comercio exterior, es decir el completo fracaso de la política económica.
El primer capítulo se está escribiendo en 2018. Con el robo a los jubilados de la movilidad de marzo, el parate en la obra pública y los aumentos salariales por decreto a la mitad de la inflación anual, el déficit primario de julio se achicó un 35% a 14.280 millones de pesos, pero el déficit financiero trepó un ¡90,6%! a 62.380 millones de pesos. Todos los ajustes van a financiar el endeudamiento a tasas de defol, que ahoga por completo las cuentas públicas. Al punto que el préstamo del FMI no alcanza a cubrir el conjunto de las necesidades financieras de 28.000 millones de dólares en lo que resta de 2018 y de 50.000 millones para 2019 (Ambito, 20/8), esto, sin incluir los intereses de la llamada deuda intraestatal con el sector público (BCRA y Fondo de Garantía de la Anses).
El ajuste en marcha de 2018 no pudo evitar el desvío de las “metas de reducción del déficit”, porque el desplome de la actividad económica en el comienzo de recesión más brutal que hayamos tenido (8% de reducción del PBI en junio) ha repercutido en una caída de la recaudación a pesar de la inflación. Se proyecta que ésta será un 25% mayor que el año pasado, cuando la inflación será de un 35%/40 -o sea, que se trata de una caída en moneda constante. Por eso llegó la anulación anticipada del Fondo Federal Solidario, el llamado “fondo sojero”, que reparte el 30% de la recaudación por retenciones a la exportación entre las provincias y municipios, lo que ha desatado un revuelo en los gobernadores e intendentes pejotistas y hasta de Cambiemos. La suspensión por seis meses de los reembolsos a las exportaciones y a la rebaja de retenciones a derivados de la soja, apenas disimulan el verdadero blanco de las medidas.
Pero la madre de las batallas de esta saga de ajuste tras ajuste, será el Presupuesto que ingresa ahora al Parlamento. El FMI ha dejado sus instrucciones coloniales. En materia de energía y transporte, léase tarifas, el aumento deberá ser el doble de la inflación. Como la pauta de inflación prevista es del 17%, ello plantea un 34% en dos tarifazos, uno en el primer semestre, otro en el segundo. Para el gas en la Patagonia, zona de alto consumo por el frío, se propone la lisa y llana eliminación del actual diferencial, lo que significará la duplicación de las tarifas. Esto, en una canasta familiar altísima, contra salarios estatales congelados durante todo 2018 en la provincia de Santa Cruz, la más castigada de todas.
Los estudiantes de bajos recursos verán desaparecer sus becas del plan Progresar. Los jubilados verán un recorte de 10.000 millones de pesos en el Pami, cuyos servicios no relucen por su eficiencia. Los trabajadores de la Afip perderán el premio por recaudación, lo que significará una transferencia de sus bolsillos al erario público de 5.000 millones de pesos.

Contra los jubilados

No obstante, se ensañarán otra vez con el sistema previsional. Está prevista una reforma contra los “regímenes especiales” y se planea una “fuerte reducción” (Clarín, 21/8) en las pensiones no contributivas, de lo cual tuvimos un adelanto en el frustrado intento de arrasar con las pensiones por discapacidad hace un año. La cuestión de los regímenes especiales abarca a los docentes universitarios, a las cajas provinciales no “armonizadas”, a los trabajadores del transporte y la construcción y demás tareas insalubres. En estos rubros se planea un recorte de 25.000 millones de pesos, pero es incalculable en términos de futuro, porque implica conquistas estratégicas contra la condición de vida. También se plantean prolongar edades jubilatorias, lo que agravará aún más la desocupación.
Se trata de un presupuesto que semeja un barril sin fondo, porque establece un ajuste tras otro que van fracasando y agravando la situación de las mayorías trabajadoras. Muchos miran a Grecia, tras ocho años de depresión y ajuste sin fin de la “troika” capitaneada por el FMI. Macri, que dice mirar la tormenta de frente, nos lleva de frente al abismo del defol y de un nuevo descenso civilizatorio de hambre y desocupación.
Entre bambalinas, pejotistas y macristas pactaron no debatir el acuerdo con el FMI en el Congreso. Pero Wall Street está pendiente de la “gobernabilidad” del ajuste que con choques y crisis, hoy traman oficialismo y oposición alrededor del Presupuesto 2019. Agustín Rossi ya prometió que, si es presidente, pagará la deuda con el FMI.
El Plenario de Lanús ha decidido movilizar a fin de setiembre contra este plan de guerra contra los trabajadores, planteando la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, junto a las reivindicaciones obreras salariales y contra los despidos. La enorme huelga universitaria en todo el país da cuenta de la disposición de lucha de los trabajadores, como ya ocurriera con los docentes bonaerenses y de otras provincias.
No debe pasar el Presupuesto, no debe pasar el plan de guerra, por un paro activo nacional de 36 horas para derrotarlo con la huelga general. No al colaboracionismo de la CGT. Al servicio de esta estrategia actuarán nuestros parlamentarios en la Nación y en cada provincia. Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores a la crisis.

Néstor Pitrola