Brasil y Argentina atraviesan etapas políticas que se asemejan en muchos aspectos. Por de pronto, ambos países han ingresado con fuerza en la crisis mundial que afecta a los llamados países ‘emergentes’; el real y el peso se han devaluado en porcentajes elevados, sufren una salida constante de divisas y una recesión profunda, y se enfrentan a una crisis de financiamiento internacional. Con menor inflación que Argentina, la deuda externa pública de Brasil se encuentra cerca del billón de dólares, con vencimientos elevados a corto plazo; la potencian aún más la deuda privada y el peso de la inversión extranjera en la Bolsa. Por otro lado, los procesos judiciales por corrupción se iniciaron antes en Brasil y ese Lava Jato se ha trasvasado, con demora, hacia Argentina, a pesar de los intentos de Macri por impedirlo. El banquillo de los acusados recoge, en uno y otro lado, a lo más granado de la burguesía nacional y a las dos fracciones políticas patronales principales: ‘neo-liberales’ y ‘populistas’. Las coimas pagadas por Petrobras, bajo los gobiernos de Lula y Dilma, han desencadenado sanciones y multas fenomenales en los tribunales de Nueva York y en Wall Street. Ex ministros del PT y presidentes y secretarios del partido han confesado sus delitos en sede judicial. Del otro lado del corredor, se encuentran presos, por corrupción, muchos de los diputados y senadores que votaron el juicio político y la caída de Roussef, aunque la lista pendiente es todavía muy larga. Brasil se encuentra presidido por el mayor de los corruptos, un aliado del petismo que se reconvirtió la ‘macrismo’ brasileño, Michel Temer. En Brasil, Lula se encuentra preso por ‘dádivas’, aunque su expediente judicial es más frondoso. En Argentina, CFK está siendo acusada de “asociación ilícita”. Uno y otro, de todos modos, encabezan las intenciones de voto; Brasil elige presidente en octubre próximo.
Estas elecciones, precisamente, amenazan desatar una crisis política sin precedentes: Lula, candidato proscripto, cuenta con cerca del 40% de la intención de voto en primera vuelta, en tanto que su rival más próximo es un fascista apoyado por los mandos de las fuerzas armadas, aparece segundo, con un distante 18 por ciento. La masa de corruptos del Lava Jato ocupa la mayor parte de las candidaturas a legisladores o cargos municipales, más una cantidad de candidatos militares. Los ruralistas, militares y evangélicos, distribuidos en distintos partidos, constituyen arriba del tercio de la representación parlamentaria. El PT tiene en carpeta un plan B, en caso de que se confirme la proscripción de Lula, que es nominar en su lugar a Fernando Haddad, ex intendente de Sao Paulo, que por ahora no cruza el 4% de la intención de votos. Los candidatos ‘centristas’ tienen un dígito o apenas orillan los dos, sin márgenes de suba. La resultante de este impasse es que podría ganar Bolsonaro, en segunda vuelta, con una participación positiva (abstención y voto en blanco) inferior a la mitad del padrón. Incluso si Haddad venciera al fascista, en este cuadro electoral, la catástrofe política no sería menor. Haddad apenas obtuvo el 16% de los votos en las elecciones de 2016, para gobernador del Estado de Sao Paulo. De repente, toda la prensa internacional dejó de preocuparse por una participación exitosa de Lula, para advertir contra la victoria, minoritaria, del ultraderechista Bolsonaro. Un sector del alto mando militar es refractario a su candidatura. “Inversores temen que en Brasil gane las elecciones un émulo de Erdogan”.
Abismo
Es claro que Brasil no enfrenta una tendencia derechista del electorado sino un abismo político, desatado por la crisis capitalista tomada en su conjunto. La tendencia de conjunto va a ser definida por mayores crisis y las luchas. Aunque Lula continúe proscripto, no deja de representar un recurso último para encauzar el desplome, cuando este quede claro después de los comicios – en especial si se agudiza la debacle económica y política del vecino macrista. La otra alternativa sería un golpe militar. Esto explica la adaptación de la política del PT a la burguesía y a la derecha. Las manifestaciones por la libertad de Lula y el derecho a presentarse a elecciones han suplantado por completo la movilización de masas contra el ajuste, las privatizaciones y la entrega de los ‘campeones económicos’ de Brasil, como acaba de ocurrir con la venta de la parte más significativa de Embraer a la norteamericana Boeing. La dirección del PT, y su correlato la burocracia de la CUT, es el mayor impedimento para que los trabajadores resuelvan la crisis en sus propios términos. Hay más: “PT se alia (‘en 15 Estados’) a partidos que apoiaram impeachment (…) e integraram o governo Michel Temer”, informa O Estado de Sao Paulo (8/8). Los conchavos, estado por estado, son un testimonio de arribismo sin límites. En medio de una crisis de sistema del capital, el PT abandona la más módica delimitación de principios con los carreristas de la patronal brasileña. La eventual candidata a vicepresidenta de Haddad, en caso de persista la proscripción de Lula, dirigente del PCdoB, no tuvo empacho, recientemente, en elogiar a la dictadura brasileña de 1964/82, con pleno conocimiento del avance militar en el Congreso brasileño. Contra lo que presume su nombre, el PCdoB es uno de los partidos más derechistas del país.
La alianza del PT con el golpismo es la manifestación más grosera de que representa los intereses del estado capitalista y del gran capital, y de ningún modo los del mundo del trabajo. No hay nada nuevo en esto: gobernó con el PMDB de Temer, gestionó durante catorce años los negocios del capital, inició el ajuste en 2014/16, piloteó los negociados de todas las constructoras brasileñas a lo largo de América Latina y más allá.
En Brasil no existe una alternativa a la izquierda del PT. El Psol, por ejemplo, candidatea a Guilherme Boulos, que no era miembro del partido, a pedido o por imposición de Lula, con el compromiso de votar al PT en el segundo turno. El Psol y varios partidos más han firmado un programa que tiene por eje el desarrollo del capitalismo – sin aclarar si es ‘a la Odebrecht’ o algún otro, por ejemplo una alianza con Boeing. La izquierda que actúa dentro del Psol se ha resignado a esta maniobra, para arrimarse a su objetivo estratégico: algún puesto de concejal y, quizás, un diputado. El electoralismo sin principios, en especial en período de crisis capitalista extrema, es simplemente contrarrevolucionario.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nada menos, reclama contra la proscripción de Lula. Ocurre que Lula no ha recibido aún sentencia firme, que es responsabilidad de la Corte Suprema. Las pruebas contra Lula están cuestionadas en su valor probatorio. La candidatura de Lula es vetada por una ley que promovió el propio PT, para sacarle el cuerpo a una corrupción inicial, en 2005, de pago de cometas a diputados (‘mensalao’). Se trata de la ‘ficha limpia’ que prohíbe la candidatura condenados en dos instancias. La justicia burguesa administra las prisiones preventivas y lo contrario, las eximiciones de prisión, en función de intereses políticos y económicos. Así, Boudou, Báez, López, incluso De Vido, por un tiempo, han sido ‘víctimas’ de las primeras, mientras Sturzenneger, Cavallo, Calcaterra, Schiavi, Cirigliano, entre tantos otros, se han beneficiado de las segundas. El gobierno PT-PMDB dictó la ley proscriptiva que ahora cuestionan las Naciones Unidas y quienes redactaron el estropicio.
Rechazamos la proscripción de Lula y repetimos que Lula y el PT representan una salida perjudicial para los trabajadores, y con seguridad peor aún que la que desarrollaron, entre 2003 y 2016, como gobierno.
Jorge Altamira
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