En las vísperas

Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, estará comenzando la gran marcha educativa en apoyo a la huelga de 190.000 docentes universitarios en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo, con réplica en las provincias, fue precedida por tomas de facultades y colegios, marchas en el interior y, principalmente, una huelga que tronó con fuerza en todas las universidades nacionales. La pulseada de los universitarios apunta al corazón del ajuste oficial-o sea, la pretensión de salvar a los especuladores de la deuda argentina perpetrando una masacre social contra trabajadores, jubilados, la educación y la salud públicas. Días atrás, los obreros del Astillero Río Santiago protagonizaron movilizaciones masivas. En esta misma semana, la docencia bonaerense, motorizada por los Suteba combativos, desarrollaba tres jornadas de paro. Los trabajadores comienzan a abrirse paso en la crisis política planteada por el derrumbe del programa económico oficial. Es en este cuadro que la burocracia de la CGT ha anunciado un paro general para el próximo 25, que las CTA y el moyanismo acompañarán con una movilización en el día previo.

Rescate de los especuladores…

La jornada de este miércoles tuvo otro componente decisivo. El presidente Macri despertó al país con un breve e improvisado discurso, donde anunció un adelanto de fondos por parte del FMI para asegurar el “programa financiero” oficial. Pero las palabras de Macri, que apuntaban a frenar la corrida cambiaria y la fuga de capitales, fueron brutalmente desautorizadas por los especuladores: en sólo una jornada, la moneda nacional se devaluó en un 10%, llegando a 34 pesos el dólar. Es indudable que este traspié tendrá consecuencias políticas en el gabinete nacional: la base social capitalista del macrismo desconfía de la proclamada consistencia financiera oficial, y la dolarización sigue su marcha. Las razones son claras: el gobierno carece de cualquier financiamiento adicional al del Fondo. La caída de los bonos con vencimiento a 2019 ha elevado su rendimiento al 9-10% anual, una tasa de quebranto -una confesión de que los números no cierran y el Estado ni siquiera tiene cubiertos los compromisos del año que viene. De diciembre hasta hoy, los seguros contra un defol de la deuda argentina a cinco años casi triplicaron su valor. Por otra parte, las cuentas oficiales sobre el “financiamiento 2019” no contemplan las necesidades de divisas que emergen de la deuda privada, del comercio exterior y de la incesante fuga de capitales, todo lo cual puede añadir otros 30.000 millones de dólares que deberán ser provistos por el Banco Central.
A esta mochila, se añade la bomba explosiva de las Lebacs y de los títulos creados para reemplazarlas, cuya renovación no está de ningún modo garantizada (hace diez días, el gobierno sólo pudo renovar el 54% de un vencimiento de Letras del Tesoro). La frazada es demasiado corta. Si el “adelanto” del FMI se consume en rescatar a los títulos que no se renuevan -o sea, abastecer con dólares a los especuladores que dejan la deuda- la perspectiva de una cesación de pagos se acentúa. Por el lado del Tesoro, y a pesar de los brutales recortes en marcha contra trabajadores,jubilados, educación y salud públicas, el acuerdo con el Fondo también se encuentra cuestionado: en este caso, por la caída en picada de la actividad económica, que compromete la recaudación. La impotencia oficial para contener la crisis es manifiesta.
El ajuste -que funciona para golpear a los educadores y a toda la clase obrera- no rige a la hora de rescatar a los capitalistas involucrados en la causa de los cuadernos, y que conforman -de Techint a Roggio- la “crema” de la burguesía argentina. El mismo gobierno que devalúa salarios y jubilaciones no tuvo empacho en blindar a los contratistas de la obra pública -todos arrepentidos ante el juez Bonadio- con un costoso esquema de garantías bancarias y fondos públicos, con el Banco Nación a la cabeza. Este operativo se completa con la decisión del juez Bonadio de limitar sus investigaciones al año 2008. De ese modo, se pretende salvar de cualquier imputación al grupo Macri, que transfirió en ese año la empresa IECSA -involucrada en las coimas de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento y al grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca por sobornos realizados por la empresa en 2007. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ha resuelto extender esta investigación al año 2005, cuando comenzaron las maniobras en torno de esta obra millonaria. La crisis de los cuadernos recién comienza, en sus alcances e implicancias.

Crisis política y maniobras

El derrumbe económico y la crisis de Estado planteada en torno del cuadernogate ha desatado una intensa deliberación al interior de los partidos capitalistas y del propio gobierno. Ha llegado a circular la versión de un adelantamiento electoral -para plebiscitar la gestión macrista antes de un mayor agravamiento de la crisis. Los que rechazan estos “extremos” admiten, en cambio, un adelantamiento en distritos cruciales -¡Buenos Aires!- para salvar a Vidal de ser arrastrada a una elección presidencial desfavorable. Varios gobernadores pejotistas quieren acoplarse a la variante del adelantamiento y reclaman la venia del gobierno a cambio de su voto por el Presupuesto de ajuste 2019. Duhalde ha lanzado la candidatura de Lavagna. Apunta a abrir la “grieta” en la patronal industrial, en medio de la recesión galopante y la competencia importadora que no ha cesado con la devaluación. La crisis de los cuadernos ha acentuado la dependencia del kirchnerismo a la unidad pejotista-Bonadio ha convertido a CFK en una rehén del Senado de Pichetto y, por supuesto, del Vaticano.
Los delfines de Cristina -como Rossi o Kicillof- ya han adelantado su “respeto” al acuerdo con el FMI. La unidad opositora se postula para gestionar el tendal del macrismo en términos de un sacrosanto respeto de los usureros internacionales. Pero la crisis se acelera y obligará a todas las clases sociales a intervenir bastante antes que lo dispone el calendario electoral de 2019. Ello no excluye, desde luego, a la izquierda. La descomposición económica, que se descarga brutalmente sobre los explotados, plantea la necesidad de una gran acción colectiva de los trabajadores para derrotar este plan de guerra, para que la crisis la paguen los capitalistas. De Techint a Roggio, de CFK-De Vido a los Macri, los responsables del derrumbe están a la vista: ¡Fuera Macri y el régimen corrupto que comparte con pejotistas y kirchneristas! Llamamos a luchar por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que reemplace al actual poder político y ejecute las medidas elementales para poner fin al saqueo del país y de sus trabajadores: satisfacción de las reivindicaciones obreras inmediatas, repudio de la deuda usuraria, que la devaluación ha tornado aún más gravosa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la sujeción al oscurantismo y a los enemigos del aborto legal.
Hay que abrirle paso a esta perspectiva luchando para que los trabajadores irrumpan en el escenario nacional. Después de una nueva “tregua” al gobierno, e incluso de haberse reunido con el FMI, las burocracias de la CGT y las CTA han convocado a un paro nacional. La burocracia maniobra ante la “temperatura en ascenso” y teme que la olla de indignación popular que se cuece al compás de los despidos, las suspensiones y la caída del salario termine por estallar al margen de ella. Al mismo tiempo, busca empalmar con las primeras fisuras de la clase patronal. El paro es para sus convocantes un episodio aislado y sin continuidad. Pero es también la confesión de que todos los antagonismos sociales se abren paso al compás de la crisis económica y política. Es necesario intervenir a fondo, desarrollando un programa y reclamando asambleas y plenarios de delegados para imprimirle un carácter activo en todos los sindicatos -o sea, de 36 horas y con movilización, en la perspectiva de la huelga general contra el “plan de guerra”. Así, le abrimos paso a la lucha por una salida política de los trabajadores a la crisis.

Marcelo Ramal