Ofensiva para privatizar la salud pública
El plan anunciado por Mauricio Macri de Cobertura Universal de Salud (CUS) avanza en el proceso de privatización de la salud pública que supondrá, entre otras cosas, el pago de prestaciones en los hospitales que hasta ahora son gratuitas y se orienta al vaciamiento, o directamente al cierre, de distintos programas sociales.
La población que vaya a atenderse en el hospital público solo va a acceder de manera gratuita a una cantidad básica de prestaciones cubiertas por el Estado, hasta llegar a un determinado límite de gastos. Más allá de ese límite, el costo de la atención correrá por cuenta del paciente.
Así, los tratamientos de altos importes, como los oncológicos, los reumatológicos u otros que actualmente son gratuitos, se empezarían a pagar.
Es una verdadera falacia que se trata de la implementación de un plan de salud para cubrir de manera “universal” a la población. Con las enormes limitaciones y déficits de todo tipo que tiene actualmente la atención pública de la salud, fruto de la desinversión y el abandono por parte de los sucesivos gobiernos, aquella es gratuita para quien concurra a un hospital, más allá de las complejidades o costos de los tratamientos. Esto dejará de ser así con el plan oficial.
Al mismo tiempo, el CUS acentúa la regimentación de los trabajadores, incorporando el concepto de trabajo por “producción” sobre la cual se califica a los centros de salud, promoviendo el cierre del centro que no “rinda”.
La pretensión de organizar el pago por atención de parte de las obras sociales a la salud pública golpea a dos bandas: avanza en la destrucción de las obras sociales, ya cuestionadas por las corruptelas y negociados privados impulsados por las burocracias sindicales, al mismo tiempo que elimina la garantía de la salud pública universal para cualquier paciente.
A su vez, la paupérrima atención de nuestros abuelos del PAMI impacta de lleno en la crisis sanitaria, ya que la mayor parte de ellos se atiende en el hospital público, con las mismas carencias con las que se atiende a la población general, y en muchos casos, postergando el acceso de los enfermos necesitados de atención que no cuentan con obra social.
Esta "prioridad" en la atención de PAMI por sobre la población general, se sustenta en el ingreso económico que aquella genera para el hospital. Estos se han transformado en prestadores de determinadas obras sociales como PAMI o IOMA, priorizando la facturación sobre la atención universal.
La CUS viene a cristalizar el proceso de privatización de la salud pública de décadas impulsado desde organismos internacionales como el Banco Mundial y que se materializó a través de diferentes planes como el Nacer o el Sumar, que incorporan el concepto de facturación en el hospital público.
Viene a privatizar la atención mediante la autogestión de los hospitales (modelo instalado en muchos hospitales durante el kirchnerismo) y aumentando la inserción del capital privado en la gestión pública.
Una mención especial merece la postura de la burocracia sindical. Es que se van a usar para la CUS 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, un dinero que es de los trabajadores. Así, los afiliados van a tener peores obras sociales y se van a tener que pagar prestaciones que hasta ahora estaban cubiertas. El gobierno les bajará los costos a las obras sociales al limitar las prestaciones obligatorias, lo que va a suponer que el costo de las mismas va a recaer sobre los bolsillos de los trabajadores.
Atención primaria destruída
La mayoría de las Unidades Sanitarias de los barrios más carenciados de la provincia funcionan como postas sanitarias sin especialistas ni guardias.
El aumento alarmante de casos de sífilis en adultos y recién nacidos, la presencia de embarazos sin control de salud y embarazos no deseados, la incidencia de adicciones a drogas y alcohol en embarazadas, niños y adolescentes, y la contaminacion ambiental, son sólo algunas muestras del fracaso de la atención primaria de la salud y de los programas de promoción y prevención de la salud.
La combinación de estos problemas con el hacinamiento y las condiciones de vida en nuestros barrios más humildes, las inundaciones y la contaminación ambiental, hacen de la salud de la población un coctel explosivo.
Así se perpetúa la enfermedad en nuestra población.
La crisis tiene en su centro los paupérrimos salarios de sus trabajadores y un presupuesto de miseria. En los presupuestos de la provincial de Buenos Aires del 2016 y del 2017, se redujo la partida correspondiente al área de salud (el monto actual es equivalente a la mitad del que contenían los presupuestos de los 90's).
Los baches de personal se pretenden tapar explotando a los residentes que se están formando, y precarizando en forma de becas y contratos a más de 1.500 profesionales en toda la provincia.
Otro tanto pasa con los compañeros no profesionales. Esto decanta en una atención deficiente, mientras la demanda crece al ritmo de la crisis económica.
Esta es la olla de presión en la que terminan estallando cada vez más situaciones de violencia contra los trabajadores, que deben dar la cara por un sistema vaciado, que pone en riesgo la salud de la población.
Una salud pública orientada en beneficio de la clase obrera y el pueblo, sólo será posible con la lucha y la organización independiente de los trabajadores, hacia un sistema único, estatal, gratuito y de calidad.
La salud y el bienestar de la población sólo será obra de un gobierno de trabajadores.
Este 22 de octubre votemos masivamente a las listas del Frente de Izquierda.
Gastón Quiroga (Tribuna de Salud)
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