La violencia como rasgo propio del neoliberalismo. Sus formas y objetivos. Sus efectos y los peligros sobre el futuro de la convivencia social. La degradación de la legalidad institucional y la calidad de la democracia.
La desaparición forzada de Santiago Maldonado, de lejos la manifestación de violencia más grave desde que asumió Cambiemos, no es la primera ni única exteriorización que exhibe el capital concentrado que bajo esa insignia marca el rumbo del gobierno.
Es que esta violencia es la resultante de una secuencia concadenada de políticas y medidas propias de una fuerza que gobierna desplegando un plan de miseria programada –contraparte de la acumulación de riqueza y de poder en favor de ese capital– en consonancia con una concepción punitiva del orden que pone a las fuerzas represivas del Estado y a la institucionalidad misma en una perspectiva centrada en contra de los sectores vulnerables.
Por eso es parte inseparable de esta violencia la premeditada profundización de la desigualdad, la generación de desempleo, el deterioro de la calidad de vida de núcleos cada vez más numerosos, el cierre de empresas, la expansión del hambre, del crecimiento de la mortalidad infantil y de personas en situación de calle y para muchos, la perspectiva de convertirse en seres descartables porque ya no son útiles para consumir ni para producir.
¿Qué otro carácter se le puede atribuir por ejemplo, a la supresión del acceso gratuito de medicamentos a jubilados si además se considera que sus haberes no alcanzan al límite de la indigencia o la de las pensiones no contributivas a discapacitados, mientras se abulta la deuda externa y los intereses que se pagan y que en lo esencial derivan de la necesidad de financiar la concentración de ingresos y fuga al exterior de capitales invertidos en rubros especulativos y parasitarios?
Formas y objetivos de la violencia
Todo hace a la violencia y es parte misma de ella porque es fruto de una orientación política que atenta contra la dignidad de la vida y hasta la vida misma, que menoscaba derechos que al pretender ser preservados por los afectados, se los aplasta recurriendo a la represión y a su criminalización.
Represión que también es programada con vista a distintos propósitos, aunque todos confluyen a un mismo objetivo final: el más inmediato es doblegar la resistencia; otro, infundir miedo en los colectivos populares de modo que se quiebre en ellos su voluntad de expresar resistencias, dando así apariencia de gobernabilidad; y en tercer lugar, consolidar un patrón cultural tendiente a naturalizar la diferencia entre quienes tienen el poder y la aptitud para aplicarlo y quienes tienen la obligación de someterse, de acatar. En esencia, eternizar el dominio de los primeros y naturalizar también la legitimidad de su codicia, expresada en concentración de capital y ganancias. Disciplinar y adoctrinar.
Es un coctel que viene precedido y acompañado de una sustanciosa dosis de pretendidas justificaciones plagadas de mentiras descaradas y de un cinismo inaudito, que son un agravio a la inteligencia y al respeto que todo mortal pretende para sentirse ciudadano. Esto también es violencia.
Con toda esta perspectiva la derecha neoliberal se justifica para mantener como prisioneros políticos a Milagro Sala y los tupaqueros o reprimir a los pueblos originarios, incluida la desaparición de Santiago Maldonado, con la misma meta que persiguió la dictadura cívico militar del ´76, pero ahora desde un gobierno con un origen legitimado por el voto.
Entonces ¿por qué ha de extrañar el negacionismo sobre el número de desaparecidos en la dictadura o que se proclame que es un “curro” la lucha por la vigencia de los derechos humanos o que “los demonios no eran tan demonios” o que los cargos de mayor responsabilidad política y operativa inmediatamente debajo de Patricia Bullrich estén ocupados por quien públicamente reivindicó la dictadura y fue abogado defensor de genocidas (Pablo Noceti) y otro (Daniel Barberis) que por su calidad de secuestrador, cumplió condena en Devoto? ¿Están desvinculados los propósitos centrales de la represión de la que venimos hablando del fallo de la Corte Suprema de Justicia –órgano integrante del Estado- que con la aplicación del 2x1 amnistió a un genocida?
Es que la violencia está en el ADN del neoliberalismo, más aún en la etapa en la cual el capitalismo cursa una larga y profunda crisis de la que en perspectiva no puede salir, la que entre otras cosas se origina y se expresa en la tendencia declinante de la tasa de ganancia del capital concentrado. En tales condiciones el bloque de poder no está dispuesto a que se le escape ninguna presa.
Por eso tampoco puede asombrar el regocijo de los grandes terratenientes de la Patagonia, agrupados en la CRA y la SRA, con motivo de la represión a los mapuches.
Es en este contexto y con aquellos mismos objetivos que la derecha neoliberal impone por un lado el ajuste y ordena por el otro reprimir y criminalizar a trabajadores en huelga, intervenir arbitrariamente sindicatos, mirar para otro lado frente a las prácticas de la tortura y el gatillo fácil, practicar razias, encarcelamientos arbitrarios y requisas, mandar sitiar con la fuerza pública a empresas en oportunidad de conflictos laborales y hasta – como para no tener miedo – emplazar fuerzas de seguridad en las puertas de entrada de establecimientos para dar a conocer los nombres de los trabajadores impedidos de ingresar en razón de despidos ordenados por la patronal.
No se salvaron ni los niños de una murga, ni los alumnos y maestros de escuelas públicas “visitados” por agentes de seguridad o de inteligencia, ni docentes que abordaron en clase la temática de la desaparición forzada o el instructivo por el cual se pretendió criminalizar a los alumnos por la reciente toma de escuelas. En fin, currículum de un Estado represivo con un ejercicio del poder con frecuentes excepciones al estado de derecho en el marco de una democracia.
Estamos lejos de una enumeración exhaustiva de los rasgos autoritarios del régimen macrista, pero ahora no podemos menos que expresar nuestra alarma por los recientes intentos de reflotar la teoría del enemigo interno de la malhadada doctrina de la Seguridad Nacional. Su objetivo no es otro que ocultar la verdad sobre los problemas reales, silenciar a los disidentes y conformar una base de masas que respalde la consolidación del dominio del bloque de poder sobre el que se asienta Cambiemos.
Para eso tratan de fabricar una imagen artificial de la realidad preñada de inseguridad, caos y violencia, de la cual se responsabiliza a opositores, terroristas, anarquistas, etc. a los que hay someter mediante la represión. Ocurrió tras la concentración en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, con infiltrados provenientes de la policía y los servicios de inteligencia disfrazados de manifestantes exaltados y violentos y, razzia mediante, encarcelamientos arbitrarios. Argumento calcado cuando la represión a los mapuches y las protestas en Esquel.
A la degradación de la democracia y la institucionalidad, este camino suma el riesgo de generar un clima de odio, de enfrentamiento entre argentinos y de convivencia social insostenible y peligrosa. Se está poniendo en peligro la paz interior.
Degradación de la legalidad institucional y la calidad democrática
Hay otros procederes que vienen infringiendo daños a la legalidad institucional y a la calidad de la democracia, hechos que lesionan la seguridad jurídica y ponen en riesgo el acceso a derechos de cualquier ciudadano.
Ya en el comienzo de la gestión, la pretensión de completar por decreto la dotación de la Corte Suprema y derogar por la misma vía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mostró la hilacha.
Las principales corporaciones mediáticas, integrantes del bloque de poder, son portadoras de la misión de desinformar, manipular y dar cobertura a la gestión gubernamental. Objetivo: domesticar y adoctrinar. Contribuir al cambio cultural. Y si algún medio o periodista molesta, se lo acosa judicialmente, se lo censura o asfixia económicamente..
Parte del poder judicial, ese que está tan a gusto de volar al ritmo y acorde a la dirección de los vientos, incluida la Corte Suprema, se ha degradado tanto que hasta perdió el pudor de cuidar las formas.
Por eso el aparato político-mediático-judicial arma causas sin el menor sustento fáctico, acosa judicialmente y denigra a opositores, sus familiares y allegados, admite y hasta justifica las presiones del Poder Ejecutivo como las amenazas de remoción o juicio político a jueces y fiscales que no lo “representen” porque fallan en disonancia con lo que le conviene al poder, incluso en investigaciones por presuntos casos de corrupción y delitos que involucran a encumbrados integrantes de actual gobierno. A los del fuero laboral, el Presidente los tildó de integrar mafias.
También se designan jueces y fiscales amigos o se los cambia de jurisdicción o de fuero contraviniendo normas explícitas. La picota también cayó sobre funcionarios designados con acuerdo del Senado que piensan distinto. Es un republicanismo para el cual no existen preceptos constitucionales, leyes preexistentes ni normas procesales que respetar.
En síntesis, estamos frente a un poder y una política que en los hechos viene demostrando su objetivo de llegar a detentar la suma del poder público y de barrer con todo lo que se le cruce por delante. Las invocaciones al diálogo y al trabajo conjunto, terminan siendo, como Cambiemos acostumbra, globos y papel picado y gritando a los cuatro vientos que sí, se puede.
Son antecedentes que deben servir de alerta al ciudadano de a pie. Son hechos cuyos efectos lo involucran y recaerán sobre él, más allá de sus preferencias políticas o partidarias.
La irritación por las mentiras y el manipuleo mediático de los hechos, la previsible resistencia por el ajuste empobrecedor que para después de octubre prometen y que aplicarán con mayor vigor cuanto más favorable les sea el resultado electoral, completada con la represión disciplinadora, conforman un combo que podrá poner en grave riesgo la convivencia social y la paz interior. El ejercer el voto también es una forma de involucrarse en la lucha por alejar los riesgos de que ese temor se concrete.
Isaac Grober. Contador Público y Magister en Economía. Miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
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