Una complicidad que se mantiene con los años

El nuncio apostólico Pío Laghi con los jerarcas de la última dictadura, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri.

Los magistrados que juzgaron a los responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja destacaron, en los fundamentos del fallo, la connivencia de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura.

El tribunal oral que juzgó en La Rioja el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville habló de manera taxativa de la “complicidad” de la Iglesia Católica con los crímenes de la última dictadura, algo novedoso en los juicios contra represores. En los fundamentos de la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex comisario riojano Domingo Benito Vera, los jueces señalaron la “indiferencia” pero también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el aparato represivo, y en este caso en particular con el ataque dirigido a los sacerdotes del movimiento tercermundista caracterizado por su trabajo con los sectores sociales desprotegidos. Recordaron que las denuncias sobre persecuciones que llevaban los miembros de la pastoral riojana nucleados en torno del obispo Enrique Angelelli a las autoridades de la Iglesia fueron ignoradas en aquel entonces pero además, advirtieron, aún “persiste” una “actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso miembros del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”.
El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres que se presentaron con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios Murias y al francés Longueville en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador. Les dijeron que debían declarar para la liberación de unos presos, en particular del intendente Cacho Corzo. Los subieron a un Ford Falcon oscuro, y se estima que en el ínterin pudieron haberlos interrogado, pero rápidamente, no más de media hora después del secuestro, fueron ejecutados. Según el tribunal oral, el breve lapso transcurrido muestra que el objetivo era matarlos. Sus cuerpos aparecieron con vendas en los ojos y marcas de tortura dos días después, cerca de las vías del tren. Quince días después fue asesinado el obispo de la provincia, Enrique Angelelli, en un falso accidente, cuando llevaba documentación precisamente sobre la persecución a los curas. Buena parte de esos papeles fueron rescatados y sirvieron de prueba en el reciente juicio oral.
“No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos (...) Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado ‘enemigo’ y ‘blanco’”, dice un tramo de la sentencia, de 417 páginas, que firmaron los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano, mientras que como cuarta jueza actuó Karina Perilli. Los autores materiales, explica el tribunal, eran “personas extrañas a la población de Chamical (con tonada de afuera, aporteñada, porte militar)”, lo que demostraría, razonan, que iban con una orden. La Iglesia Católica, agregan para completar el cuadro, estaba al tanto del escenario de ataques y posibles asesinatos a curas tercermundistas de La Rioja, cuya historia devino un caso paradigmático.
Menéndez y Estrella fueron condenados como coautores “mediatos” de los crímenes, en función de una teoría penal según la cual pueden ser considerados “autores” quienes, aunque no intervengan directamente en los hechos, dominan su realización a través del aparato de poder de organización estatal. Al ex comisario Vera, en cambio, le adjudican una participación directa. Para ilustrar el espectro de influencia de Menéndez, ya antes del golpe de Estado, los jueces recuerdan que hubo tres hombres de la diócesis riojana (Rafael Sifré, Carlos Di Marco y el viceobispo Esteban Inestal) que fueron especialmente buscados fuera de su área, detenidos y torturados en Mendoza, y se les advirtió sobre el futuro asesinato de Angelelli.
Aunque Menéndez negó haber tenido encuentro alguno con Angelelli, que llevaba sus reclamos donde podía por la persecución a los curas riojanos, el tribunal considera probado por testimonios y documentos que sí existió, y que el cardenal Raúl Primatesta incluso ofició como nexo. Por distintas vías, el ataque y hostigamiento al movimiento de curas del Tercer Mundo fue puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, que hicieron oídos sordos.
–Me están matando a los corderos –recuerda el fiscal Carlos Gonella que le dijo Angelelli a Primatesta, en una reunión que fue celebrada el mismo mes del asesinato de Murias y Longueville.
–Eso le pasa por meterse con esas cosas –fue la respuesta, que aludía al trabajo corporativo que realizaba en unidades familiares.
Durante el juicio oral, ya la fiscalía y las querellas plantearon la importancia de esos contactos en los que Angelelli y otros sacerdotes transmitían la situación de la diócesis de La Rioja a los responsables de la Conferencia Episcopal en busca de una solución, para entender el papel que jugó la Iglesia Católica. El tribunal oral sostiene en su sentencia que, de los documentos y cartas dirigidos a las autoridades más los relatos de testigos que participaban de la pastoral de Angelelli, “surge dramáticamente un reclamo que hasta el día de hoy, evidentemente, no sienten satisfecho y expresa una pública denuncia a la jerarquía de la Iglesia argentina, a la que atribuyen indiferencia, cuando no complicidad, ante episodios gravísimos de violaciones a los derechos humanos y eran evidentes y manifiestos para toda la sociedad, particularmente ante la persecución y violentas agresiones de que eran objeto sacerdotes y laicos de la iglesia riojana. “Los pecados cometidos –recordaron varios testigos que decía el vicario castrense, Victorio Bonamín, sin que ningún superior lo desautorizara– deben pagarse con sangre.”
El tribunal hace hincapié en el intercambio epistolar que Angelelli mantuvo con monseñor Vicente Zaspe, el arzobispo de Santa Fe, “enviado por el Vaticano –precisan los jueces– para apoyar, interceder e intentar recomponer la relación del obispo de La Rioja con las autoridades del régimen militar”. Allí Zaspe informaba acerca de un encuentro con el dictador Jorge Rafael Videla apenas ocurrido el asesinato de Murias y Longueville, del que participaron Primatesta y el nuncio apostólico Pío Laghi.
Parte de los documentos de los archivos secretos de la Iglesia que fueron revelados por el periodista Horacio Verbitsky, y que dan cuenta de cómo el Episcopado asumió un rol de asesoramiento para con las Fuerzas Armadas respecto de cómo y qué decir frente a la desaparición de personas, son especialmente señalados por el tribunal. La sentencia repasa una reunión (del 10 de abril de 1978) documentada entre la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, representada por el cardenal Primatesta, el obispo Vicente Zaspe y el cardenal Juan Aramburu, en la que el dictador Jorge Rafael Videla dijo que estaba preocupado porque los obispos habían usado la expresión “presos políticos” y la repercusión que eso podría tener en el plano internacional. Cuando hablaron de “el problema de los desaparecidos” y el reclamo de los familiares, Aramburu dijo: “El problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Videla, en una entrevista, incluyó a Pío Laghi entre quienes le daban asesoramiento.
“Así como numerosos testigos y habitantes del pueblo de Chamical manifiestan que aún hoy subsiste un trasfondo de miedo en esa sociedad, es penoso observar que pareciera que ese temor, o peor aún, alguna forma de velada objeción al accionar de aquella Iglesia comprometida con los débiles sociales y desposeídos, todavía persiste y se manifiesta en la actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”, señala otro tramo de la sentencia. Los jueces relataron, como ejemplo, que cuando quisieron ir a inspeccionar la parroquia de Chamical, que en la época de los hechos ocupaban las Hermanas Josefinas y desde la cual fueron secuestrados Murias y Longueville, no pudieron entrar porque el párraco mandó decir que estaba haciendo “ejercicios espirituales”, a pesar de que había sido notificado de la medida.
“Seguramente –se juegan los jueces– los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos.”

Irina Hauser