La Odessa de los genocidas argentinos

La Justicia investiga como se sustentan los represores prófugos.

Noticia de Casapueblos-AEDD

Por Equipo de Política

Las sociedades bajo sospecha. Los casos de Alfonso y Vildoza. Una red que recrea el dispositivo que sirvió para proteger a los jerarcas nazis después de 1946.
Es sabido que a la caída del régimen nazi en Alemania devino una fuga considerable de integrantes de las escuadras SS hacia Sudamérica. De acuerdo con diversos investigadores se creó la ODESSA, una red de colaboración secreta que proveía de fondos y logística para solventar la estadía de los prófugos de la Justicia germana en el exterior. Simón Wiesenthal ubicó a esta organización en el tiempo: 1946 habría sido su fecha de fundación. No obstante las precisiones, el debate sobre cómo funcionó esta central continúa hasta hoy. Lo que nadie rechaza es que tras dejar su país, muchos miembros de las fuerzas paraestatales nazis recibieron ayuda de diversas organizaciones para poder vivir clandestinamente del otro lado del Atlántico. Décadas después, una sospecha similar se ciñe sobre diferentes genocidas procesados por cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la Argentina: se trata de aquellos que burlaron a la Justicia (alrededor de setenta) y viven en la ilegalidad por tiempo indeterminado gracias a una estructura económica que los sostiene.
El 3 de julio de este año, la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, prófuga desde hace más de dos décadas junto a su marido, Jorge Vildoza, segundo jerarca de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entonces comenzó una investigación judicial a cargo de la magistrada federal María Servini de Cubría para determinar la cobertura que les permitió vivir en la clandestinidad durante tantos años. Diez días después de la detención de Grimaldos, acusada de apropiarse junto a su esposo de Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977, la jueza allanó las oficinas de American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década del ’80. ¿La razón? Como la firma está presidida por Jorge Ernesto Vildoza, hijo de la pareja y agente del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura, y Rodolfo Giromini, yerno de los prófugos y ex piloto del Ejército entre 1978 y 1983 –y que actualmente presta sus servicios en Aerolíneas Argentinas–, Servini de Cubría consideró que podía ubicar el paradero de Vildoza padre a partir de los documentos secuestrados.
Pero este no es el único expediente en el que se investiga a American Data: en otra causa se trabaja la hipótesis de que esta firma funcionó como mecanismo de lavado y blanqueo de dinero proveniente de bienes secuestrados a desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Dinero que bien podría haberse utilizado para financiar a otros genocidas prófugos, como declaró Carlos Viñas, tío del bebé apropiado por los Vildoza.
En este marco, el 31 de agosto pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió aplicarle a American Data, de forma novedosa, la controvertida ley contra el financiamiento del terrorismo y congeló los fondos de la empresa así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios. La decisión de la entidad presidida por José Sbatella se basó en la sospecha de que se habría utilizado la firma para “brindar asistencia financiera a los militares prófugos de la Justicia argentina”, según se lee en un comunicado de la Unidad. Por caso, desde American Data S.A. se pagaba el teléfono de Grimaldos.
A esto se suma un dato que no pasó inadvertido para los investigadores: al momento del allanamiento, Vildoza hijo se comunicó con el ex marino Alfredo Astiz, detenido en el Servicio Penitenciario Federal, para comentarle que Servini le estaba allanando la empresa: “¿Les mando saludos de tu parte?”, le preguntó al ex miembro de la Armada según las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza. No fue el primer diálogo entre ambos, por lo que se investiga si existe una organización integrada por ex miembros de la fuerza que provea de dinero, pasajes y pasaportes falsos a sus ex camaradas en el exterior.
“En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, así como también las capturadas, para evadir la Justicia”, agregó la UIF en el documento. El fiscal Patricio Evers aceptó la sanción aplicada por la unidad antilavado y ahora resta la ratificación del juez a cargo del caso. De prosperar, se trataría de un hecho inédito en las causas de lesa humanidad que podría multiplicarse entre las casi tres decenas de represores prófugos que está investigando la UIF. Acaso un ejemplo sirva como botón de muestra para graficar la impunidad que sienten quienes evaden los llamados de la Justicia para aclarar cuentas con el pasado: uno de los casi setenta represores prófugos cambió dólares con su documento de identidad y dejó en evidencia que se encontraba en el país.
Otra empresa sobre la que recaen los ojos de los investigadores es Plus Comunicación S.R.L., una firma integrada por dos socios muy particulares: Eduardo Hernán Alfonso, quien trabajó en diferentes empresas y según sus propias palabras integró el equipo de comunicación de la campaña de Mauricio Macri a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo del general de brigada retirado del Ejército Eduardo Alfonso, quien está prófugo de la Justicia desde mayo de este año, imputado por el secuestro de Beatriz Recchia –quien desapareció tras dar a luz en cautiverio y cuya hija fue apropiada– y por el homicidio de su pareja, Antonio Domingo García, en enero de 1977. Alfonso hijo comparte la conducción de la empresa con Daniel Manuel Reimundes, ex secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, recientemente procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por formar parte de una “empresa criminal” liderada por Juan Bautista Yofre, destinada a comercializar información robada de los correos electrónicos de funcionarios públicos y de la Presidenta de la Nación. Reimundes es un antiguo operador político dentro su fuerza que supo reconvertirse en un próspero empresario, aunque sin descuidar su agenda de contactos. Viejo conocido de Alfonso padre, supo explotar su destino como agregado militar en la embajada argentina en Washington. Según publicó el diario Página 12 años atrás, “el entonces coronel aprovechó para dejar organizada una futura estrategia empresarial vinculada a las telecomunicaciones, inversiones financieras y a grupos internacionales cuya financiación exuda opacidad”. A su regreso fue convocado por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para convertirse en secretario de la fuerza. Entre sus amigos se destaca Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, procesado por montar una red espionaje con recursos del Estado porteño, gestionado por Mauricio Macri –también procesado en aquella causa–.
Por su parte, Alfonso padre –también secretario del Ejército en los gobiernos de De la Rúa y Duhalde– fue gerente de Plus Comunicación S.R.L. hasta el 2004. Por este motivo los investigadores encendieron una luz de alarma: quieren determinar si desde esta firma pudieron salir fondos destinados a solventar su vida clandestina, que ya lleva unos cinco meses. Según se desprende de su razón social, Plus Comunicación tiene diversos objetos sociales entre los que sobresalen el asesoramiento integral en temas referentes a la comunicación, el diseño de la imagen y las relaciones públicas y en temas de reformas del Estado así como en la obtención de fuentes de financiamiento para proyectos en el ámbito nacional e internacional. En su sitio web se publica una amplia cartera de clientes, entre los que se destaca el Jockey Club y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación.
“Cuando los prófugos no tienen una cobertura para mantenerse en la clandestinidad aparecen a los dos o tres días. Son sus vínculos políticos y económicos los que nos impiden encontrarlos. Es fundamental el financiamiento del que disponen”, afirmó a esta revista el fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, quien ganó notoriedad pública en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que concluyó en la ciudad marítima el 12 de septiembre pasado. Allí se juzgó a 17 integrantes del V Cuerpo del Ejército.
Las palabras de Córdoba no son azarosas. La suerte de muchos represores prófugos en Bahía Blanca varía según nivel de cobertura. Una pequeña reseña bastará para tener una dimensión del escenario:
- El teniente coronel retirado Miguel Ángel García Moreno está acusado de asesinar a Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo en noviembre de 1976, entre otros casos. El represor debió haber sido juzgado en el reciente juicio contra los miembros del V Cuerpo del Ejército pero está prófugo. En tribunales creen que está bajo alguna protección política, producto de su trayectoria: García Moreno fue director del Registro Nacional de las Personas durante el interinato presidencial de Duhalde y legislador porteño. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte información sobre su paradero.
- Jorge Granada fue agente del Inteligencia del Ejército y es considerado el principal torturador del centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”. En el 2002, el ex comisario Luis Abelardo Patti fue procesado por encubrir su fuga. Así lo dictaminó el juez Ariel Lijo, quien acreditó llamados telefónicos entre ambos. La Justicia lo capturó en una visita a su familia. Fue condenado a cadena perpetua en el reciente juicio de Bahía Blanca.
- Aldo Mario Álvarez fue agente de inteligencia y estuvo a cargo de “La Escuelita”. Está prófugo desde el 2005 con pedido de captura internacional. La Justicia sospecha que pudo recibir algún tipo de financiamiento por parte de la empresa de seguridad Agencia de Investigaciones Privadas Alsina S.R.L., que gerenció hasta el 2000. Lo último que se supo de él es que estuvo recluido en un country del que se escapó minutos antes de que la Justicia apareciera.
- Ricardo Molina es un ex agente de inteligencia que cumplió funciones en la base de Puerto Belgrano. Tiene un pedido de captura nacional. Junto a Álvarez, está inscripto en el Fondo de Recompensas que ofrece la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Julián Oscar “Laucha” Corres actuó, cuando era subteniente, en “La Escuelita”. Se lo acusó de casi dos decenas de homicidios y 7 desapariciones. Lo detuvieron en julio del 2008 pero se fugó. Lo hallaron meses más tarde. Pudo burlar a la Justicia gracias a la cobertura que recibió del empresario Héctor Lapeyrade, dueño de la petrolera Chañares Herrados, quien lo invitaba a almorzar, le entregaba celulares y dinero. El empresario fue procesado por encubrir al represor pero falleció antes de recibir una condena. Lo mismo que Corres, quien murió en 2011.
- La contracara de estos casos es el de Jorge Rojas, coronel cuya fuga duró apenas dos días por carecer de dinero para abastecerse.
Hace casi tres décadas que finalizó la dictadura militar en la Argentina. Entre sus consecuencias se contaron miles de desaparecidos, una economía destruida, una sociedad fragmentada y diversas unidades de negocios regenteadas por los protagonistas de aquella época que aún siguen activas. Su desarticulación es una cuenta pendiente de la democracia.

Secretos de una red que ayudó a escapar a los nazis

Uno de los secretos mejor guardados fue quién se encargó de financiar la huida de los jefes nazis. ¿Quién les brindó documentaciones falsas, quién planificó toda la logística de los destinos elegidos y cubrió todos los gastos? A finales de 1947, Simón Wiesenthal (foto), un judío austríaco sobreviviente del Holocausto, considerado uno de los mayores investigadores dedicados a localizar ex nazis para llevarlos ante la Justicia, confirmó la existencia de ODESSA (del alemán: Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen: Organización de Antiguos Miembros de la SS). Se trata de una red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de la SS desde Alemania a otros países.
Según Simon Wiesenthal, ODESSA se fundó en 1946. Entre los viajeros destacados de la ODESSA figuran Martin Bormann, lugarteniente de Hitler, y Adolf Eichmann.
Según el capítulo 3 “Los secretos de Odessa”, del libro Los asesinos entre nosotros, de Simón Wiesenthal: “En un tiempo sorprendentemente corto la ODESSA había establecido una eficaz organización de correos en los lugares más insólitos y valiéndose de alemanes empleados como conductores de camión en el ejército americano y que recorrían la autopista que une Munich y Salzburgo, para el transporte de The Stars and Stripes, el periódico del ejército americano”. De acuerdo a los escritos del investigador, “el conductor entregaba algunos ejemplares del periódico y cruzaba la frontera germano-austríaca, cerca de Salzburgo, con un par de fugitivos nazis escondidos bajo los fajos de The Stars and Stripes”.
La forma de operar de ODESSA estaba muy bien aceitada. “La ODESSA constituía una red eficaz y perfecta. A cada sesenta kilómetros había un Anlaufstelle (etapa de relevo), consistente en un grupo de no menos de tres personas y no más de cinco que sólo conocían las dos etapas más próximas, aquella de donde procedían los fugitivos y aquella a donde eran luego reenviados. Fueron establecidos Anlaufstellen a lo largo de toda la frontera austro-germana… En Lindau, población vecina a la vez de Austria y Suiza, la ODESSA había establecido una compañía de importación-exportación con representantes en El Cairo y en Damasco”. Nada quedaba librado al azar.

Un ex fiscal extraditado

No sólo militares se han fugado del país intentando escaparles a los procesos por violaciones a los derechos humanos. Finalmente pudo ser extraditado de Colombia el argentino Gustavo Modesto Demarchi, un ex fiscal federal acusado por delitos de lesa humanidad en una causa que investiga una serie de homicidios ocurridos entre 1975/76. Fue trasladado por el departamento de Interpol ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, se negó a declarar y sólo habló de cuestiones procesales que a su entender podrían ser irregulares.
Demarchi comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A.
El ex fiscal, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez, están acusados de los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista marplatense Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.
La causa todavía tiene prófugos: Eduardo Salvador Ullúa –ex ayudante fiscal de Demarchi–, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero y Raúl Viglizzo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que ofrezcan datos para dar con sus paraderos.
Hoy Gustavo Modesto Demarchi pasa sus días tras las rejas, en el penal de Marcos Paz, asistido por su hijo, el abogado Juan Manuel Demarchi.