El panorama de 2013 se viene con la certidumbre de negociaciones paritarias complejas y con un mercado laboral con desigualdades importantes. La informalidad laboral, la precarización y las tercerizaciones son los ingredientes de un plato complejo.
Según las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, dentro del mercado laboral se encuentran un total de 15.913.400 personas ocupadas. De ese total, los trabajadores con aportes y beneficios sociales suman 10.553.566, es decir un 66,3% del total de personas ocupadas. Dentro de este grupo, los que se encuentran registrados en relación de dependencia suman 8,5 millones, mientras que los restantes son trabajadores cuentapropistas. Además, según estas cifras oficiales, los datos más alarmantes se vinculan a los que no entran en ese 66,3%. La cantidad de trabajadores no registrados en el país llegan a los 5.360.000 de personas. Estos números respaldan los análisis que expresan que un tercio de los trabajadores de la Argentina se encuentra dentro de la informalidad laboral.
Estar dentro de la masa del 33,7% de trabajadores no registrados representa bastante más que no tener aportes jubilatorios y cobertura social -lo que de por sí no es poco-. Las condiciones laborales de los trabajadores no registrados se encuentran muy por debajo de las condiciones laborales de los trabajadores que sí lo están. Esta desprotección en las condiciones en las que se desarrolla el empleo implica, en muchos sectores, mayores riesgos para la salud y mayores índices de insalubridad, ligado a la incapacidad de negociar mejoras por la condición precaria en la que se encuentran. Sin embargo, el problema también tiene un componente económico muy fuerte. Los salarios de los trabajadores no registrados son, aproximadamente, un 30% menores a los que perciben por el mismo trabajo quienes se encuentran registrados.
Para graficar el componente económico del impacto en el salario del trabajo no registrado, es útil recurrir a los datos presentados hace unos días por el Observatorio por el Derecho Social en el informe denominado: “Estado de vigencia de los Derechos Humanos de la clase trabajadora en la Argentina”. Según las cifras exhibidas, el promedio de las remuneraciones netas de los trabajadores registrados alcanza los $5.796 mensuales. Al incorporar a los trabajadores no registrados a la cuenta el monto desciende a los $3.707 mensuales. Ese es el impacto profundo que tiene el trabajo no registrado en el promedio de ingreso de los trabajadores y el que representa una condena a salarios muy bajos de aquellos que no se encuentran contenido por el “mercado laboral formal”.
Hay un componente fundamental que explica un promedio de salarios de los trabajadores ocupados de $3.707. Esto tiene que ver con que más del 40% de los trabajadores percibe de su ocupación principal un ingreso inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto se produce por situaciones de fraude laboral que esquivan hasta las pautas más básicas que regulan el empleo. Las carencias en los controles estatales y el propio Estado (ya sea nacional, provincial y/o municipal) empleando bajo condiciones informales son parte de este entramado irregular.
Estos $3.707 que cobra en promedio la totalidad de los trabajadores Argentinos superan el Salario Mínimo Vital y Móvil ubicado en los $2.875 pero se encuentra muy lejos de los $6.997 calculados como costo de una canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo (4 personas) por la Junta Interna de ATE – INDEC. Sin el impacto a la baja en el promedio de los salarios no registrados, la diferencia entre el salario medio y la canasta básica de bienes y servicios sería menor, como sería menor el problema económico a saldar. Es evidente que el trabajo no registrado representa de los peores males que se deben enfrentar en el ámbito laboral y, en consecuencia, en el ámbito social.
Para complementar el panorama del mercado laboral es importante mencionar que según los datos publicados por le INDEC, la desocupación se ubica en el 6,9%, mientras que la subocupación alcanza el 8,9% (de los cuales el 6,2% es demandante). Estos números expresan que la desocupación es un tema claramente menor respecto del fenómeno que venimos abordando –aunque no por esto menos importante-.
La foto del mercado laboral sigue mostrando grandes contrastes. Mientras que la desocupación hoy ocupa un rol secundario, el protagonismo del empleo precario es notorio y su combate debe encabezar las listas de prioridades de las intervenciones estatales y gremiales. Para que la palabra “inclusión” sea una realidad, en serio, para ese tercio de trabajadores informales se necesitan más y mejores políticas activas contra el combate del fraude laboral y la precarización. Por ahora el Estado ha esquivado el tema y ha dejado hacer y los sindicatos fueron demasiado complacientes y en los peores casos cómplices.
Jorge Duarte
Periodista especializado en temas gremiales / @ludistas
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