Plan Cóndor: “Una asociación militar ilícita creada para delinquir”

Martín Almada, abogado y educador paraguayo que descubrió archivos que demostraron la existencia del Plan Cóndor

Lo definió Martín Almada, el abogado paraguayo que descubrió hace veinte años los archivos secretos del Plan Cóndor. Fueron “tres toneladas de material” con pruebas de que los militares de seis países de América Latina se articularon para imponer el neoliberalismo desde el Terror.

La primera vez que el educador y abogado paraguayo Martín Almada fue señalado por el responsable del terrorismo de Estado en su país, Alfredo Stroessner, fue en Argentina, en 1972. Había venido a presentar su tesis doctoral en Pedagogía, que denunciaba que la educación en su Nación estaba al servicio las estructuras de clase, de opresores por sobre los oprimidos. Desde entonces, un ciclo de tortura y muertes de seres queridos le dio muestras de sobra de que el aparato militar estaba instalado para destrozar todo germen de cambio, bajo las órdenes de Estados Unidos.
Pero tuvo una oportunidad de confirmarlo: cuando encontró, a fines de 1992, archivos secretos del Plan Cóndor que sobrevolaba sobre América Latina para desarticular la organización popular. A veinte años del hallazgo, repasó para Marcha los aportes de ese material “del horror”.
-¿Cómo define usted el Plan Cóndor?
-Es un pacto criminal firmado entre los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay durante la década de 1970, para recurrir al genocidio y para establecer un proyecto económico neoliberal salvaje, según las ordenes de Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano (hasta 1977).
Sus ejecutores fueron los militares formados en la Escuela de las Américas, Zona del Canal de Panamá, para llevar a cabo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Es decir, un ataque sistemático desde el Estado con los impuestos que pagaba el pueblo y contra la población civil: obreros, jornaleros, sindicalistas, estudiantes, profesores, periodistas, religiosos, artistas, abogados, médicos, intelectuales. El objetivo fue aniquilar a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social más equitativo, y eliminar -material y simbólicamente- la posibilidad de pensar de esa manera. .
-¿Cuándo y cómo comprendió la magnitud internacional de ese programa?
-Cuando encontramos (detrás de la comisaría de Lambaré, Paraguay) tres toneladas de piezas documentales que comprometían a los gobiernos del Cono Sur. Sobre todo, comprendí el por qué de la brutalidad de la tortura a la que me sometieron los militares extranjeros en Asunción. El archivo del terror era el espejo de la Guerra Fría (N de R: porque Estados Unidos quería impedir que el modelo comunista se propagara en el territorio).
-¿Qué fue lo que pensó ni bien supo de la existencia de esos archivos?
-Fundamentalmente, la investigación que realicé fue en torno a algunas preguntas. Primero, cómo murió mi esposa, porque a mi me dijeron que se había suicidado (pero fue detenida y asesinada por la dictadura de Stroessner). Después, por qué militares extranjeros me torturaron en mi país. Por último, quería encontrar los cassettes que registraban mi tortura y que luego hacían escuchar a mi esposa, como método de tortura psicológica mientras estaba detenida en la propia sede de la Escuela “Juan Bautista Alberdi” (de la que era director) de San Lorenzo, a12 kilómetros de Asunción.
-¿Hubo agentes económicos detrás del terrorismo de Estado?
-Sí, Kissinger tenía el plan de imponer en toda América Latina a “manus militaris” la política económica neoliberal, es decir, la arbitrariedad, el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, bajo la armónica articulación con la injusticia social. La política económica neoliberal preconiza el crecimiento en base a una apertura del mercado a la economía internacional, es decir una globalización del mercado. Los individuos fueron privatizados en cuanto se les hizo perder la noción de lo público.
-¿Puede decirse que el material hallado ayudó al esclarecimiento al ser citado en procesos legales que juzgaron a genocidas?
-Sí. El Archivo de Paraguay permitió entender a la Justicia de los seis países el mecanismo de funcionamiento de esa asociación militar ilícita creada para delinquir.
Se formalizó ese pacto criminal a fines de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. En representación del gobierno argentino firmó el acta fundacional el capitán de navío Jorge Demetrio Casas, entonces Director de Operaciones del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
-¿Había en ese material información puntual sobre Argentina?
-El archivo permitió constatar que había una fluida comunicación entre los aparatos represores a través de los telex y también de visitas personales, como la de (Jorge) Rafael Videla que participó oficialmente de un acto patriótico y a su regreso se llevó a los presos italo-argentinos e italo-uruguayos. Vinieron además (Emilio) Massera y todos los que fueron jefes de Inteligencia de las fuerzas. Torturadores paraguayos recibían cursos de entrenamientos organizado por el SIDE. Hay algunos casos concretos de argentinos que conocí, como el de Oscar Luis Rojas, que fue mi compañero en el Campo de Concentración de “Emboscada” a45 kilómetrosde Asunción entre 1976 y 1977. Recuperé mi libertad en septiembre de 1977 y no tuve más noticias de él. Los milicos lo trataban como “El Monto”. Según el Archivo del Terror “se fue a la Argentina”.
-A partir de su lucha fue nombrado Consultor de Unesco para América Latina ¿volvió a tener contacto con militantes argentinos?
-Me desempeñé en ese rol hasta 1992. Así, por ejemplo, conocí a un albañil paraguayo que realizaba el trabajo de mantenimiento del local de la Embajada Argentina y me comentó haber recibido orden del embajador, si mal no recuerdo llamado Juan Archibaldo Lanus, de tirar todos los papeles que se encontraban amontonados en el sótano de la representación diplomática .Me recordó haber visto biblioratos titulados como por caso ”Hilda Cuevas de Nieves” de 200 páginas; “Persecución a los Montoneros”, de 200; “La subversión en Argentina entre 1974 y 1980”. Le pedí en 1993 que me entregue esos documentos pero el “valiente” paraguayo no se animó. Más tarde, en el país, también acompañé a Gustavo Santander Dans, juez penal que llevaba entonces la causa Cóndor en Paraguay, para tomar contacto con sus pares argentinos y llevar piezas documentales del Archivo del Terror para los jueces (Jorge) Urso y (Rodolfo) Carnicoba Corral. Además, ambos fuimos recibidos por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, a quien formulé el pedido de investigación sobre los documentos citados. En nuestra presencia ordenó a la persona que le acompañaba que se ocupe del asunto, pero nunca tuve respuesta.

Segunda parte de la entrevista a Martín Almada, paraguayo descubridor de los archivos secretos del Plan Cóndor, denunció que los ejércitos de la región todavía están formados para “reprimir”. La “impunidad” de las fuerzas es la red para que las torturas y desapariciones todavía ocurran.

Si las décadas cambian pero las “doctrinas” no, los muertos y desaparecidos serán los mismos. Para el abogado y educador paraguayo Martín Almada, el Plan Cóndor que sostuvo el terrorismo de Estado en la década de 1970 todavía resiste, ahora bajo el nombre de la Conferencia de Ejércitos Americanos, que reúne a veinte países, entre los que está Argentina. “Por la impunidad reinante todavía se justifica que se repitan casos como el de Jorge Julio López”, entendió el descubridor de los archivos secretos de ese operativo neoliberal regional.
Hace dos décadas que halló, a metros de la comisaría de Lambaré en su país, los documentos que ocultaban los militares con legajos de operaciones y personas secuestradas por las fuerzas armadas del sur del continente, bajo las órdenes de Estados Unidos. Allí llegó a partir del aviso anónimo de una mujer, a la que asegura que jamás conoció. Desde ese diciembre de 1992, el mayor avance fue saber que cada Nación integrante de aquel operativo “tiene sus propios archivos”, cuya difusión podría ayudar a la verdad y la justicia. Para eso, “los civiles, los banqueros y la Iglesia Católica también deberían ser juzgados” por funcionar como cómplices de la desaparición forzada de personas durante las dictaduras. Y acaso todavía, en tiempos de urnas electorales.
En Argentina todavía hay desaparecidos en democracia, vinculados a crímenes de lesa humanidad, como Jorge Julio López. También otros asociados con las fuerzas de seguridad, como Luciano Arruga. ¿A qué vincula esta clase de casos?
-La pregunta me hace recordar el caso del profesor que fue asesinado (Carlos Fuentealba, muerto en 2007) por un sargento de la policía en Neuquén por orden del gobernador (Jorge Sobich). Las fuerzas represivas argentinas y latinoamericanas fueron formadas en la Escuela de las Américas simplemente para reprimir. Lo tragicómico del caso que menciono es que el sargento (Darío Poblete) fue condenado por la Justicia pero no el autor moral del delito, que fue el gobernador. Últimamente, tanto en Argentina, Chile, Paraguay y otros países del Cono sur, hay pretensiones norteamericanas de establecer pequeñas bases militares supuestamente para cooperar en caso de catástrofe. En Argentina hay militares y policías procesados y condenados ¿y los civiles? Fueron la otra pata de la dictadura ¿Y los banqueros? ¿Y la Iglesia Católica? Por la impunidad reinante todavía se justifica que se repitan casos como el de Jorge Julio López, héroe civil.
Entonces, ¿se pueden ver rastros del Plan Cóndor en la actualidad?
-Hay que seguir los pasos de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), creada por Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá en 1961 para salvar, supuestamente, la civilización occidental y cristiana de las garras del comunismo. La CEA reemplaza hoy a la Operación Cóndor, a la luz de los documentos secretos militares paraguayos encontrados en 1997.
¿Las democracias populistas de América Latina son agentes que impiden la propagación de ese plan?
-La burguesía, aliada del imperio norteamericano, limita la democracia a lo electoral. El Cóndor volará mientras los países envíen a sus fuerzas armadas a la ‘Escuela de Asesinos’ que funciona en el Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos. No obstante, los países que ya no envían a sus militares son Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua.
¿Y qué rol cree que cumplen los medios de comunicación en ese marco?
-Los medios masivos de comunicación en América Latina están en manos de empresas privadas ligadas a la gran burguesía y al imperio que quiere sostener la política del miedo paralizante para contener la reacción de los que están contra el sistema.
En esa lucha por generar algo nuevo, ¿hay avances en materia de derechos humanos, según lo que observó en estos 20 años desde que vio los archivos?
-Argentina es el país que lidera la defensa de los derechos humanos del pasado y Brasil es el país mas atrasado en la materia. Sin embargo, recientemente el gobierno instaló la Comisión de la Verdad, pero no la de la Justicia para juzgar los hechos ocurridos hace 50 años. El avance más importante es el descubrimiento de los archivos en Paraguay, la prueba que todos los países de América Latina tienen sus propios archivos secretos según el organigrama que encontramos en el acta de nacimiento del Cóndor. Habría que pensar seriamente en la creación y el funcionamiento de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación para las violaciones a los derechos humanos en democracia. Argentina se lo merece.
¿Cree que en la región falta entender cuál es el sentido de defender el reconocimiento igualitario de los derechos humanos?
-Sí. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra cada año es pura poesía. Se tiene que convertir en leyes positivas. Es decir, que sea obligatoria.

Noelia Leiva.