La Sala Alberdi resiste

Tras un largo conflicto de los trabajadores y artistas de la Sala Alberdi con el gobierno porteño, ayer se vivió un confuso episodio promovido por versiones de los medios ante la posibilidad del desalojo. La jornada se tensó con el ingreso de personal no identificado y la presencia de la Policía Metropolitana custodiando el lugar.

La política de los “cierres y vaciamientos” en la ciudad de Buenos Aires se viene ejecutando de modo prolijo en diversas áreas: transporte, plazas y espacios públicos, educación, y también en la cultura.
Tal como lo hizo previamente con el Teatro Colón, el Programa Cultural en Barrios o con las clausuras de centros culturales independientes, desde que asumió el PRO instaló el conflicto con la Sala Alberdi ubicada en el 6° piso del Centro Cultural San Martin (CCGSM) que viene sosteniéndose desde el 2010 con actividades autogestionadas por sus trabajadores ante el inminente desalojo “por refacciones”.

Un conflicto con olor a vaciamiento

Una larga disputa judicial está detrás de la Sala Alberdi, el ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi ha tildado a los trabajadores de “ocupas”. Los trabajadores y artistas de la Sala Alberdi se niegan a aceptar el traslado de las actividades a la Sala Los Andes ubicada en Chacarita, en primer lugar reclaman ser reconocidos como "tutores" del espacio y garantes de su “identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística" y por otro debido a que la Sala Los Andes no se encuentra en condiciones de albergar los talleres que hoy se dictan en la Alberdi -dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, encabezada por Diego Birman, y no de la Direccion del CCGSM, otro de los motivos por los cuales resisten a cumplir la orden-.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de la causa judicial que instruye el juez penal Norberto Tavosnanska solicitó que el establecimiento sea allanado con el objeto de desalojar y detener a los “grupos de ocupantes” que impiden el normal desarrollo de las actividades, y que enfrentan acusaciones por usurpación.
Pero los debates no sólo se dan en el terreno de lo simbólico o más bien de lo semántico, como uno bien podría observar al evaluar los modos del decir burocráticos e institucionales de llamar a los trabajadores que en defensa del derecho de autogestión del espacio se convierten en "ocupas" así privados de cualquier voluntad soberana de protesta social.
Para sumar más detalles al relato, no sólo es el quiénes sino el qué; el hacer de los "intrusos" en palabras del fiscal Iván Coleff, quien los denunció por ejercicio "de violencia física y rotura del edificio", justificando de este modo un accionar corrupto, mafioso, violento y perverso por parte de las fuerzas de justicia, y las fuerzas de seguridad tanto pública como privada que están al servicio de las políticas macristas en el CCGSM. Alarmante suena que el fiscal confunda una toma por reclamos laborales, culturales y sociales, con una “acción vandálica en donde habrían personas viviendo en condiciones totalmente precarias e inseguras".

“Decir que somos violentos, es justificar la violencia que se va a venir después”

Desde hace más de un mes, los artistas, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales comprometidos con la Sala Alberdi, realizan un acampe cultural y pacífico en defensa no sólo de sus puestos de trabajo, sino sobre todo de repudio ante la criminalización de la cultura, la militarización del edificio y el vaciamiento de talleres artísticos que allí se dictan. Por su parte, las autoridades del CCGSM suspendieron sin justificación alguna todas las actividades y no se presentaron a trabajar desde el 28 de diciembre pasado.
Ayer, la sospecha de la efectivización del desalojo, desencadenó no sólo una situación de confusión ante las versiones que corrían en medios como Clarín, TN, INFOABE, y La Nación -una nota que publicó este medio caracteriza a los trabajadores de ‘intrusos’ que ejercen ‘la violencia física’ con la intención de ‘permanecer en el lugar’ y que cuentan con ‘alrededor de 15 armas no convencionales’- sino también frente al ingreso violento de personal no identificado, que sumado a la custodia excesiva de la empresa de seguridad MURATA promovió un clima de inseguridad y confusión entre los presentes.
En diálogo con Marcha, Soledad, una de las que resisten el desalojo, mencionó que luego de sufrir reiteradas y cada vez más alarmantes situaciones de amenazas, persecuciones y prohibición del ingreso al edificio, lo que pasó ayer “es que las personas que ingresaron para hostigarnos, responde a los acontecimientos de los últimos días. Es increíble lo que publican medios como La Nación, nosotros preferimos decir que estamos en un alerta naranja: no tenemos acceso –ni nuestros abogados- al expediente porque tiene secreto de sumario. De todos modos, sabemos que el desalojo es una cuestión política y que lo van a hacer”.
Hay una maniobra de embarrar la cancha por parte de funcionarios y medios, poner datos y declaraciones públicas mientras en la calle se juegan los tableros de siempre: “A mí me siguió una persona hasta mi casa, a un compañero le pegaron a la vuelta unos tipos de civil, a otra persona la detuvieron a la vuelta de la Sala y la tuvieron secuestrada en el auto durante tres horas, a un compañero malabarista lo enfrentaron personas que bajaron de un auto, lo golpearon y le dijeron ‘dejate de joder con lo que estás haciendo, la próxima vez te vamos a desaparecer directamente’ declara Soledad sin que le tiemble la voz.
Sin embargo, hacer un llamado a la comunidad también es instalar una película de alerta, “apostamos a que nos acompañen en el momento del desalojo, no solo por el cierre de la Sala, sino porque tememos por nuestra integridad física”
La propuesta de quienes vienen sosteniendo la Sala de modo autogestivo es “mediar y llegar a una instancia de diálogo con el ministro de Cultura. Queremos que se nos reconozca como tutores del espacio como alguna vez lo fuimos, que vuelva a los centros de estudiantes y en una coordinación que gestione la Sala junto a las instituciones terciarias de arte para que funcione a la gorra como hasta ahora. No queremos la privatización de la cultura, ni estar en la puerta 40 días, pero no hay respuesta” La única propuesta alternativa es mudarse a la Sala de Chacarita que “es una vergüenza, es una sala de teatro que no tiene escenario y además funciona la Carrera de Escenografía que tiene un conflicto porque no alcanza el espacio"
Por su parte Nicolás, otro de los que resisten la toma, aseguró a Marcha que el episodio de ayer fue al menos confuso, “los periodistas que se fueron acercando nos comentaron que desde los medios anunciaban el desalojo y que el Gobierno de la Ciudad iba a garantizar que se lleve a cabo a toda costa”. Frente a esta situación, decidieron extender la protesta cortando la calle desde Paraná hasta Montevideo.
Nicolás también confirmó las versiones de persecución y amenazas, “una pareja de artistas que participan de la toma, fueron golpeados por guardias de civil y amenazados. A los pocos días, un chico que también forma parte de la toma, fue seguido por un auto con agentes de civil que lo retuvieron de forma ilegal con la excusa de ‘averiguación de antecedentes’". Esta situación es permanente ya que “hay patovicas que son matones vestidos de negro que dicen que reciben órdenes directas del ministro de Cultura” agrega Soledad y asegura que meses atrás ya Lombardi “nos había dicho que no le importaba que pongamos 300 carpas, que él se remitía a lo legal para que nos vayamos de ahí. Que no pensaba dar un paso atrás.
Resistir promoviendo la cultura es una de las frases más escuchadas en el acampe. Por eso, se realizará el festival cultural “ABYAYALA” los días 7, 8 y 9 de febrero en la mítica esquina de avenida Corrientes y Paraná.
Las calles de la resistencia suenan cada vez más en una ciudad que esta siendo minada por las políticas excluyentes del PRO. Un desalojo masivo que puede tener consecuencias irreparables si no depierta la ciudadanía en su conjunto.

Camila Amatriain.