El Pueblo Wichi exige la restitución de su Territorio

Desde noviembre de 2012 la comunidad Wichi de Pampa del Veinte se encuentra en estado de asamblea permanente debido a la usurpación de su territorio ancestral por parte de terratenientes locales.
El 28 de noviembre de 2012, quince familias de dicha comunidad, fueron desalojadas por el terrateniente Ramón Juárez a través de las fuerzas de seguridad provinciales, violando su derecho como pueblo originario a utilizar el territorio en el que ancestralmente habitaron.
El día de la fecha, alrededor de 200 personas de diversas comunidades Wichi miembros de la organización Interwichi, entre ellas la comunidad Pampa del Veinte, marcharon a los Tribunales de Las lomitas para presentar un petitorio ante las autoridades de la Justicia y del gobierno local exigiendo respuestas en relación a la situación de emergencia y despojo que viven debido a la usurpación de su territorio por parte de un terrateniente local.
Desde aquella fecha, desde la Interwichi se han presentado alrededor de diez denuncias ante el fiscal Diego González y el Juez López, las cuales no han avanzado hasta el momento. Por ese motivo, la comunidad se encuentra en estado de asamblea permanente y hoy se movilizaron para exigir a los miembros de la justicia que tomen cartas en el asunto y den respuesta de forma urgente a los reclamos realizados, cumpliendo con el Derecho Indígena reconocido en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Originarios .
En los Tribunales de Justicia las autoridades de la Interwichi fueron recibidas por el Juez quién aseguró tener una respuesta para el día jueves 28 de febrero. 
El conflicto territorial que se presenta en la comunidad Pampa del Veinte, es de larga data e implica una reducción territorial que va inicialmente de 10 mil hectáreas a 500 hectáreas en la actualidad. La usurpación territorial incluye el avance sobre cementerios y espacios ceremoniales y de uso cotidiano del Pueblo Wichi. Según cuentan los voceros de la comunidad, el terrateniente Juárez cuenta con el apoyo cómplice de la justicia local y él mismo, como abogado, forma parte de ese sistema corrupto de justicia.
Ante la situación de emergencia territorial y avasallamiento que vienen sufriendo los Pueblos Originarios en Formosa, resulta inaplazable la ejecución y puesta en marcha del relevamiento de comunidades indígenas en la provincia, dispuesto mediante la Ley Nº 26160 y su prórroga, garantizando la plena y efectiva participación de las organizaciones locales de Pueblos Originarios en su aplicación.