Desde el inicio de 2013, la fuerza porteña fue protagonista de dos graves hechos represivos. Al más reciente en el Parque Centenario se suman los ataques a los estudiantes de la Sala Alberdi. Un recorrido por la policía que vino a “mejorar la seguridad” y hoy se ocupa de reprimir las protestas.
Corría el año 2009 y la pelea entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad tenía como eje central la inseguridad. Luego de agotar el discurso PRO que pedía la transferencia de la Federal a la ciudad, se inició el proceso de crear la Policía Metropolitana. Fue en ese momento cuando el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro dijo que la nueva fuerza se ocuparía del orden social. “Las calles deben estar liberadas. Sí o sí, hay que poner orden”.
Las críticas llovieron por parte del conjunto de la oposición, que comprendían que detrás de esas palabras seguía la criminalización de la protesta social. La designación de Jorge Fino Palacios, hoy procesado y detenido por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la causa de espionaje, fue una clara muestra de los objetivos de la Metropolitana.
Sin embargo, en el discurso, el gobierno porteño enfocó las funciones de la fuerza en cuidar a los vecinos, en denunciar la inseguridad reinante en el país y dejó en segundo plano la intervención en manifestaciones y piquetes.
A pesar de eso, la línea del PRO no se había modificado. Primero fue la aprobación del código contravencional en 2004, que endureció las penas contra los que cortan calles. Luego siguió el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), protagonista de innumerables desalojos violentos en la ciudad y luego vendría la nueva fuerza, la PM.
El año pasado, la represión de la Metropolitana a vecinos de la Villa 31 puso nuevamente sobre el tapete el debate sobre la función de la fuerza de seguridad porteña. Frente al reclamo y el corte de los vecinos que pedían el derecho a una vivienda digna, la policía reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes a mujeres embarazadas.
En efecto, un trabajo sobre las fuerzas de seguridad realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad analizó el accionar de los uniformados en los casos de violencia policial con uso de la "fuerza letal", en los desalojos del espacio público y en los operativos durante protestas sociales en donde se enumeraban los casos en que la Metropolitana “excedió” su fuerza.
Finalmente, el 2013 se inició con ataques de la policía Metropolitana en la puerta del Centro Cultural San Martín, en donde los estudiantes de la Sala Alberdi reclamaban que no se cierre el espacio autogestionado en donde vienen realizado actividades culturales hace años.
Con palos, gases lacrimógenos, y armas, y en nombre del “espacio público”, la Metropolitana busco intimidar a los estudiantes que defienden ese espacio con un acampe pacífico en las puertas del Centro Cultural.
En los últimos días, el violento accionar de la Metropolitana se trasladó al Parque Centenario, donde por dos días consecutivos los policías golpearon, dispararon balas de goma y atacaron a los vecinos que reclaman que no se enreje uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad. La represión alcanzó incuso a varios periodistas que se encontraban informando desde el lugar. Integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y trabajadores de Canal 7 y Canal 26 fueron agredidos en el lugar, algunos de ellos recibiendo heridas de perdigones disparados por la Guardia de Infantería de la Policía Metropolitana.
Tras la última decisión judicial, el gobierno porteño está habilitado para continuar enrejando el parque, decisión rechazada por los vecinos, que hoy realizarán una conferencia de prensa al mediodía para expresar su posición. Más allá de la cuestión legal, la poca legitimidad de la decisión sólo puede ser garantizada por la fuerza. Esta demostración del uso represivo para contener la protesta social no parece ser una excepción sino una metodología que el macrismo está dispuesto a poner en práctica las veces que sea necesario para continuar con su política excluyente y privatista.
Marcha
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