El 15 de enero el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra se reanudó. A 5 meses de su comienzo, la causa se encuentra en un momento fundamental: desde escuchas telefónicas entre Pedraza y funcionarios, pasando por la inspección de la escena del crimen por parte de la Justicia hasta nuevas amenazas contra militantes.
Habiendo transcurrido 5 meses desde su inicio, el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra entra en su recta final. El crimen sucedió el 20 de octubre del 2010, mientras el joven militante del Partido Obrero (PO) se manifestaba junto a trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca por el pase a planta permanente. En la causa están involucrados como instigadores del crimen José Pedraza –secretario general de la Unión Ferroviaria- y Juan Carlos “Gallego” Fernández –secretario adjunto-, siete oficiales de la Policía Federal y nueve integrantes de la UF, entre ellos el barrabrava Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de ser los autores de los disparos.
El juicio se reanudó el 15 de enero en la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 21, los magistrados Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi recorrieron el lunes pasado la zona de los hechos registrados el día del crimen, como parte de la inspección ocular a fines de reconstruir físicamente lo sucedido. La comitiva estaba conformada por los jueces, las querellas, los fiscales y algunos de los 18 imputados, entre ellos los 7 policías involucrados. El recorrido comenzó después del mediodía, duró aproximadamente 4 horas y, grabado en todo momento por Gendarmería, tuvo su inicio en el Puente Bosch, el cual conecta el barrio porteño de Barracas con el partido de Avellaneda. Entre los lugares visitados se encuentra el trecho de vías entre las estaciones Avellaneda e Hipólito Yrigoyen del Ferrocarril Roca, el terraplén desde donde los ferroviarios les tiraron piedras a los tercerizados, el portón de la Chevallier donde la patota acorraló al equipo de periodistas de C5N que se encontraba filmando los sucesos, la esquina de la calle Perdriel donde cayó Ferreyra como producto del disparo fatal, el local del PO Avellaneda donde habían concentrado los tercerizados antes del ataque, en suma, los sitios por donde la patota persiguió y atacó a los tercerizados y militantes aquel día.
Los abogados Maximiliano Medina y Marcos Kotlik pertenecen al CELS y conforman la querella de la familia Ferreyra. Luego de la inspección ocular, el primero de ellos expresó que “quedó comprobado que el hecho [el asesinato de Ferreyra] sucedió a más de 300 metros” de las vías del tren, en clara contradicción con el argumento de los ferroviarios, consistente en que sólo trataron de impedir el corte de vías por los tercerizados. Tal procedimiento se encauza en el tramo final del juicio: el próximo viernes 8 podrían comenzar los alegatos, al menos que alguno de los diez acusados que todavía no declararon se dispongan a hacerlo –como el caso del mismo Pedraza, que hasta ahora permaneció en silencio- y la fecha se posponga.
Como si fuese poca evidencia, al día siguiente de la recorrida por la escena de los acontecimientos -donde la muerte de Ferreyra estuvo acompañada de las graves lesiones a sus compañeros Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre-, el TOC 21 se dedicó a escuchar un registro de conversaciones telefónicas relacionadas con la causa. Entre ellas, se encuentra la del ministro de Trabajo Carlos Tomada con José Pedraza, mantenida el 14 de enero de 2011, es decir, 3 meses después del crimen. Allí, el funcionario sostiene que dado que “la mejor defensa es un buen ataque”, le recomienda al sindicalista que a los tercerizados “hay que empezar a trabajarlos políticamente”. Otra grabación telefónica sucede entre la viceministra de Trabajo Noemí Rial y el secretario general de la UF donde la primera, preocupada por el allanamiento del departamento del sindicalista -sito en Puerto Madero-, lo despide con un “llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José”. Tal apego entre Pedraza y ciertos funcionarios del Gobierno quedó materializado en el mes de junio del año pasado cuando, aún desde la cárcel, el jefe de la UF envió su voto para Antonio Caló, candidato de la CGT oficialista. Asimismo, las escuchas también alcanzaron a los autores materiales: “te la hago cortita” le decía Favale a Pablo Díaz -quien lo convocó para formar parte de la patota-, “si yo caigo, caen todos conmigo”.
En octubre del año pasado, el secuestro del testigo Alfonso Severo un día antes de declarar generó un enorme estallido en los medios, en las redes sociales y una movilización masiva a la Plaza de Mayo, culminando con su aparición con vida. Sin embargo, el hecho minó las declaraciones de algunos testigos por miedo a las posibles represalias, mientras que las amenazas en torno al esclarecimiento de la causa continúan al día de hoy. Tal es el caso de Lucía Romano, compañera de militancia de Ferreyra en el PO y actriz de la película a estrenar en marzo ¿Quien mató a Mariano Ferreyra? -basada en el libro de Diego Rojas y con Martín Caparrós como protagonista-. La amenaza que llegó vía mensaje, desde una cuenta falsa a nombre del mismo “Mariano Ferreyra”, sostenía: “Mira dónde está mi hermano hoy, y mira dónde estoy yo. Cuidate, linda, estás muy expuesta.” Según un comunicado del Partido Obrero, la frase demostraba “un trabajo de inteligencia previo sobre nuestra compañera, pues parte del conocimiento sobre la militancia partidaria de su hermana y de las edades de cada una de ellas”.
Mañana será otra jornada mas en el proceso judicial iniciado el 9 de agosto y le tocará al comisario Hugo Lompizano, encargado principal de la Dirección General de Operaciones, declarar frente a los jueces. A pocos meses del dictamen, la causa de Mariano Ferreyra sigue vigente día a día, demostrando cómo el entramado de la burocracia sindical con la policía, sectores del gobierno y las barrabravas defienden un negocio por el cual vale la pena tirar a matar.
Guido Turdera.
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