El armamento español se globaliza y su industria de defensa forma ya parte de la elite mundial. Las empresas privadas exportaron en 2009 material de defensa y tecnología de doble uso (civil y militar) por valor de unos 1.500 millones de euros, una cantidad similar a la que prometió invertir el Ministerio de Educación en los próximos tres años. Se trata del mayor crecimiento comercial desde que se realizan controles y coloca a España como el sexto exportador mundial de armas, por delante incluso de potencias industriales como China. Ni la crisis ni la deslocalización han frenado las ventas, que hace tan sólo una década situaban el negocio español (puesto 18) en un discreto segundo plano.
Las inversiones y la política de defensa europea han hecho reconocible la marca España en todo el mundo, muy por encima de otros indicadores económicos del país. El pasado año se enviaron equipos militares, tecnología y armamento a 67 países. La lista de clientes incluye aliados (OTAN-UE) y países estratégicos (Asia-América Latina), a donde se destinó el grueso de la producción nacional: aeronaves, buques, vehículos, armas químicas, armas ligeras o munición. Los usuarios finales son en su mayoría los ejércitos, pero también empresas públicas, privadas y, en menor medida, particulares.
Destinos «calientes»
Las transferencias de equipos militares españoles también llegan a los denominados «territorios sensibles», países en los que existe un clima sociopolítico tenso o regiones en plena carrera armamentística (Asia u Oriente Medio). El Ministerio de Industria, órgano encargado de supervisar la exportación de material de defensa, autorizó el pasado año el envío de equipos militares a 18 países 'calientes' por unos 53 millones, un 4 por ciento del total de las ventas.
En este grupo aparecen Arabia Saudí, Filipinas, Indonesia, Mauritania, Israel, Sri Lanka o Tailandia.
Precisamente, la Ley de Control sobre el Comercio Exterior de Armas, aprobada en 2008, nació para asegurar las transferencias de material a estos destinos 'sensibles' y garantizar la transparencia sobre las entregas. El Gobierno se comprometió a enviar información al Parlamento cada seis meses y a hacer un balance global cada año.
En este periodo, la norma ha recibido el apoyo de partidos políticos, organismos internacionales y oenegés. «Hay más transparencia, no sólo en la exportación de material de defensa, sino en la regulación de las ventas de armas de caza o de tiro deportivo, que supusieron 81 millones de facturación en 2009. Por vez primera sabemos cuántas licencias se denegaron, a qué países y por qué» , admite Mabel González, responsable de desarme de Greenpeace.
En un reciente informe, las oenegés criticaron la concesión de algunas entregas a lugares con grave inestabilidad o conflictos armados latentes. Ello, pese a que el artículo 8 de la citada ley especifica en qué sitios no debería venderse material de defensa. El europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer, que ha presentado varias iniciativas en Bruselas sobre este asunto, cita dos «flagrantes agujeros negros» de la ley: Marruecos e Israel, «países que no cumplen con el derecho internacional ni con las resoluciones de la ONU».
El caso de Rabat es paradigmático. España envía de forma periódica ayuda humanitaria al pueblo saharaui y a su vez autorizó el pasado año la exportación a Marruecos de equipo militar y policial por valor de 31 millones. «Algunas de estas armas se utilizan para reprimir a la población civil de la zona ocupada, sobre todo equipos antidisturbios», asegura el abogado y activista Luis Mangrané, quien ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que no prosperen sucesivas entregas.
La causa saharaui no pasó desapercibida en el Congreso y varios parlamentarios preguntaron en junio a la entonces secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, por este punto. Iranzo defendió la legalidad de las ventas. «Se analizó cada operación de forma estricta. No se alimentó ninguna violación de los derechos humanos», afirmó ante los diputados.
Secreto
El órgano que supervisa los envíos es una junta interministerial compuesta por representantes de Industria, Exteriores, Defensa, Economía e Interior, y que cuenta con el apoyo del CNI. Su hombre fuerte es Ramón Mur Martínez, alto responsable de Comercio Exterior, quien defiende la eficacia de los controles. «Se valora el país de destino, la sensibilidad del producto, la fiabilidad del usuario final, las denegaciones de otros países y, muy especialmente, el riesgo de desvío de la exportación a un uso o destino indebidos», explica.
La junta denegó el pasado año 14 licencias de productos químicos con destino a Irán, Egipto, Pakistán, Siria y Yemen por «riesgo de desvío para la producción de armas de destrucción masiva». El veto a Teherán atiende a los embargos decretados por la ONU para impedir el desarrollo de su programa nuclear. Sin embargo, se ha aplicado una cláusula especial para autorizar seis envíos de tecnología civil a Irán al no estar en la lista de control.
Los expertos consultados reprochan el carácter secreto de las decisiones de este órgano supervisor. No para el caso concreto de Irán, sino para las concesiones más «sangrantes» a Marruecos o Israel. A Tel Aviv las empresas españolas enviaron casi 800.000 euros en material militar, tecnología y componentes de pistolas deportivas. El destino eran sus Fuerzas Armadas.
Por ello reclaman más peso de la sociedad civil en esta junta y la posibilidad de remitir informes vinculantes sobre la situación de cada país, según propone Willy Meyer. «Fue una promesa electoral del Gobierno, pero parece que solo interesa la salud de un negocio sin escrúpulos», admite el activista Luis Mangrané. «Se trata, en suma, de una cuestión de fe», concluye.
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